La integrante de Cofavic Liliana Ortega, tras 18 años del denominado “Caracazo”, señaló que entre el 27 de febrero y el primero de marzo de 1989 se produjo una masacre contra sectores humildes de la población y más de 90% de las víctimas murieron en sus casas. El número de víctimas, según precisó, sigue pendiente y los restos de 68 personas, exhumadas en 1990, aun no han sido identificados.Ortega indicó que la masacre comenzó, realmente, el 28 de febrero de ese año y la suspensión de garantías sirvió como decreto de muerte, sobre todo en los sectores de El Valle y Antimano
La vocera de Cofavic aseguró que se disparó indiscriminadamente contra viviendas y en la mayoría de las muertes estuvieron involucrados militares y policías metropolitanos.
De igual manera, afirmó que se realizaron allanamientos ilegales para recuperar presuntos bienes y los cuales terminaron en detenciones y muertes.
Ortega recordó que de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre 44 casos sólo se han cumplido dos puntos: la publicación de la sentencia y la indemnización de los denunciantes.
En su opinión, la impunidad es una violación de los derechos humanos que se sigue cometiendo en Venezuela.
Destacó que, a pesar de la recomendación de la Corte, sigue existiendo el Plan Ávila y eso explicaría los problemas que persisten en el manejo de problemas de orden público.
Ortega declaró que no puede hacer señalar responsables individuales de la masacre, pero deben ser investigadas las personas que dispararon, fiscales, jueces y quienes dieron órdenes.
Informó que los familiares de las víctimas realizarán una misa este martes en la Iglesia de San Francisco y espera que se declare el 27 de febrero el Día de los Derechos Humanos en el país y que se levante un monumento digno por esos hechos.
JMSGlobovisión
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