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martes, 27 de febrero de 2007

PREOCUPANTES PERSPECTIVAS ECONÓMICA PARA VENEZUELA

Las últimas medidas económicas dictadas por el Gobierno de Hugo Chávez en este año 2007, en conjunción con su quehacer político, generan un preocupante cuadro económico para este año, a juicio de un Informe de la consultora CIECA. El 2006 se caracterizó por un importante incremento de los precios del petróleo que impulsó el gasto público. En presencia de controles cambiarios, esto se tradujo en un crecimiento de la masa monetaria de 67,2 %, tasas de interés por debajo de la inflación y, en consecuencia, expansión del crédito.
La demanda global creció, más rápidamente que la oferta local. Ello derivó en el incremento de las importaciones a una tasa más alta (36 %) que la del PIB (10,3 %), sin que la oferta externa pudiese impedir que la tasa de inflación alcanzara 17 %.
Al finalizar el año y comienzos del 2007, el Presidente Chávez declaró abierto un proceso constituyente el que, conjuntamente con la Ley de Habilitación al Presidente para legislar en casi todas la materias, persiguen la modificación del sistema socio-económico. Esto crea una situación de incertidumbre jurídica que paraliza las inversiones, ya de hecho afectadas por los procesos crónicos de estatización de empresas e invasiones de edificios y terrenos.
La conjunción de estos eventos y la exclusión de la lista automática de emisión de certificados de no producción o producción insuficiente de numerosos productos – CKD, repuestos, línea blanca, etc. - crearon una presión sobre el mercado paralelo de divisas. Como este mercado actúa como marcador del costo de reposición de equipos e inventarios, tuvo un impacto sobre la tasa de inflación que ascendió en Enero a 2,2 %, y dispara el valor anualizado a 18,4 %.
Inflación que choca con el control de precios a que se somete a una larga lista de productos denominados de primera necesidad y que conduce a los agentes económicos a dejar de producir tales bienes.
Ante esta situación, el Ejecutivo dictó una serie de medidas. Aprobó el Decreto “Ley Especial de Defensa Popular Contra el Acaparamiento, la Especulación, el Boicot y Cualquier Otra Conducta que Afecte el Consumo de los Alimentos o Productos Sometidos a Control de Precios” el cual establece duras sanciones.
Otras medidas fueron las de ampliar los cupos de divisas para viajes y compras en Internet; la exención del IVA a un listado de productos y la reducción de su tasa del 14% al 9%.
Las disposiciones tributarias impactarán el ingreso fiscal no petrolero por concepto de IVA en un monto que se estima en 12,8 billones de bolívares (2). Este impuesto representa el 49 % de la recaudación no petrolera.
Por otra parte, desde Septiembre del 2006 comenzó una tendencia a la caída de los precios del petróleo, de tal forma que el promedio de 2007 es 4,22 % menor que el de 2006. Simultáneamente y a partir de Octubre, la OPEP resolvió disminuir la producción petrolera en 138 mil barriles diarios, a los que se agregan 57 MBD desde Febrero (3).
En este contexto de disminución del ingreso, se intenta modificar el sistema socioeconómico del país lo cual elevará los costos de funcionamiento de la economía que se derivan de caída de las inversiones, de la producción y aumento de la inflación. Tal circunstancia afectará el ingreso fiscal y comprometerá la ejecución presupuestaria.
Sólo el mantenimiento y expansión de las misiones y de los consejos comunales supera los 16 mil millones de dólares. Sin contar con las inversiones que deberá hacer PDVSA para mantener y expandir su potencial de producción y, a la vez, sostener los aportes sociales y al FONDEN. Y cancelar las estatizadas empresas del sector eléctrico y telecomunicaciones.
Además, habrá que correr con los costos de expansión del proyecto hacia exterior. En lo que va de año, se ha ofrecido financiamiento o adquisiciones a varias islas del Caribe, Nicaragua, Ecuador, Argentina; ha continuado con los suministros de combustible barato a Londres, Boston, Nueva York, a Petro-Caribe, Petro-Sur, Cuba, etc. Incluso ha incluido en la Faja del Orinoco a empresas con nula experiencia en explotación petrolera y menos en petróleos extra-pesados – ENARSA, ANCAP - lo que podría comprometer su producción futura. A la fecha se ha comprometido a financiar 20 refinerías en diferentes países, de las cuales, tres en Venezuela. Y se piensa ampliar el gasto en armamento.
En consecuencia, el costo del cambio de paradigma socio-económico y de expansión del proyecto a otros países deberá enfrentarse a la tendencia a la reducción de las exportaciones petroleras, del ingreso fiscal y de las reservas internacionales.
El Objetivo de este análisis es el de, con base en cifras oficiales, tratar de cuantificar dichas tendencias.

Noticias 24

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