Colombia es sacudida por investigación Farcpolítica

BOGOTA (Reuters) - Colombia es presa de un nuevo escándalo, la "Farcpolítica," que traspasa sus fronteras al poner en el banquillo de acusados por presuntos nexos con la guerrilla izquierdista a tres congresistas y otras nueve personas, incluidos cuatro extranjeros.
Correos electrónicos contenidos en computadores confiscados a un fallecido comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Raúl Reyes, y que fueron certificados por la Interpol, son las supuestas pruebas con las que la Fiscalía pidió el jueves una investigación judicial.
El revuelo surgió tras casi dos años del proceso llamado "parapolítica" mediante el que la Corte Suprema de Justicia investiga a más de 60 congresistas -32 están presos-, por nexos con paramilitares de ultraderecha y mientras se averigua un presunto soborno a legisladores para la aprobación de la reelección presidencial inmediata.
"En principio es por lo encontrado en los computadores, correos por ejemplo (...) hay referencias que podrían estar indicando algo mucho más de una gestión en aras de la paz," dijo el viernes el fiscal general, Mario Iguarán.
"De ahí que lo que ha considerado Policía Judicial es que hay unos presuntos vínculos con las FARC por justificar de estas personas," explicó.
Entre los congresistas investigados figura la senadora del Partido Liberal Piedad Córdoba, una aliada del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien participó en dos misiones humanitarias en las que fueron liberados a comienzos de este año seis políticos secuestrados por las FARC.
La Fiscalía General también solicitó a la Corte Suprema investigar a los legisladores del izquierdista Polo Democrático Alternativo Wilson Borja y Gloria Inés Ramírez.
Por su parte el organismo investigará al venezolano Amílcar Figueroa, diputado del Parlamento Latinoamericano; a la ecuatoriana María Augusta Calle, integrante de la Asamblea Nacional Constituyente; al también ecuatoriano Iván Larrea, hermano del ministro de Seguridad Interna y Externa, Gustavo Larrea; y al profesor estadounidense James Jones.
ASAMBLEA DE ECUADOR PROTESTA
La Asamblea Constituyente de Ecuador calificó como una agresión de Colombia la investigación a una de sus integrantes.
La Asamblea "condena la nueva agresión por parte del Gobierno de Alvaro Uribe (...), repudiamos cualquier intervencionismo a la soberanía de Ecuador que ya no es territorial sino también jurisdiccional," dijo una resolución apoyada por 82 votos de sus 130 integrantes.
Los tres congresistas, los cuatro extranjeros y los otros cinco colombianos, entre quienes están dos periodistas, aparecen mencionados en correos electrónicos encontrados en computadores de Reyes, muerto a comienzos de marzo en una zona selvática de Ecuador, en un ataque del Ejército de Colombia.
Con base en los archivos, el Gobierno del presidente colombiano denunció supuestos vínculos y apoyos a las FARC de parte de los mandatarios de Venezuela y de Ecuador, Rafael Correa.
Aunque Caracas y Quito han rechazado las acusaciones, las denuncias de supuestos acuerdos y nexos con la guerrilla han provocado tensión en las relaciones entre los países andinos.
Córdoba negó haber intercambiado correos electrónicos con Reyes y sugirió que se trata de un montaje por parte de la inteligencia militar de Colombia, aunque anunció que se presentará ante la corte para aclarar su situación.
La legisladora dijo que pese a las acusaciones continuará con sus gestiones para tratar de conseguir la liberación de 40 rehenes en poder de las FARC, entre quienes figura la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt.
"Yo no tengo nada que esconder afortunadamente, yo le doy la cara al país y me la juego por este país hasta las últimas consecuencias, me la juego por la paz," afirmó Córdoba a canales de televisión y radios locales.
Por su parte, el venezolano Figueroa dijo a medios en Caracas que la anunciada investigación es una estrategia con la que el Gobierno colombiano busca esconder el escándalo de la "parapolítica" que vincula a varios legisladores cercanos a Uribe con paramilitares.
"Es una patraña más que trata de cubrir varios objetivos. En primer lugar tapar el escándalo interno que vive Colombia con todo este tema de la cercanía que tiene el presidente Uribe en cuanto a los nexos de la parapolítica y el narcotráfico," aseguró.
"Por otro lado el presidente Uribe busca meter a Venezuela en el conflicto interno colombiano, intenta establecer supuestos nexos," afirmó Figueroa.