BUENOS AIRES (Reuters) - El Gobierno argentino dio un paso atrás el viernes al anular una polémica subida en los impuestos a las exportaciones agrícolas, una decisión que busca sacar al país de una profunda crisis política y que fue aplaudida por el sector rural, la oposición y los mercados.
La decisión llegó un día después de que fracasara el plan de la presidenta, Cristina Fernández, que buscaba que el Congreso ratificara la medida que en marzo despertó la furia de los productores agropecuarios de Argentina, uno de los mayores proveedores mundiales de alimentos.
"Manteniendo las convicciones respecto de la necesidad de la adopción de un sistema de derechos de exportación variables o móviles (...) ordenamos dejarlos sin efecto para que puedan discutirse, en democracia y pluralidad," dijo en una rueda de prensa el jefe de Gabinete, Alberto Fernández.
El decreto que leyó Fernández anula los controvertidos impuestos móviles y repone para la soja, el principal complejo exportador del país, la tasa fija del 35 por ciento que regía antes del inicio del conflicto, tal como reclamaban las entidades rurales.
El funcionario dijo luego a Reuters que "tal vez más adelante" el Gobierno envíe al Congreso un nuevo proyecto sobre las exportaciones agrícolas.
El gravamen móvil implicaba en los hechos un aumento de la presión fiscal, que el Gobierno defendió al afirmar que permitirían desacoplar los precios de los alimentos internos de la subida internacional y generar recursos para mejorar la situación de los sectores más desprotegidos de la sociedad.
Pero los analistas creen que la presidenta Fernández necesitaba esos fondos para pagar deuda pública y financiar un creciente gasto.
La reacción inicial del sector rural fue de algarabía, tras más de cuatro meses de resistir el alza impositiva con huelgas y bloqueos de rutas que tensaron al máximo la relación con el Gobierno y derrumbaron la imagen de la mandataria, que hasta ahora siempre había elegido confrontar con el sector.
"Se acabó el conflicto," aseguró a la televisión Luciano Miguens, presidente de la Sociedad Rural Argentina, una de las cuatro entidades enfrentadas con el Gobierno.
Sin embargo, otros productores, pese a celebrar la decisión, señalaron que aún son necesarios otros cambios en la política oficial hacia el sector, especialmente para los productores de baja escala.
Los mercados también aplaudieron. Inmediatamente después del anuncio, el peso y la bolsa recortaron pérdidas mientras que los bonos saltaron, al tiempo que en Chicago los precios de la soja tocaron sus mínimos de la rueda ante la expectativa de que la decisión multiplique la oferta de mercadería argentina.
CAMBIO DE ACTITUD
Durante los cuatro años de gestión del ex presidente Néstor Kirchner -esposo de Fernández y presidente del gobernante partido peronista- la oposición fue casi inexistente y la llamada "pareja presidencial" logró imponer sus políticas económicas y sociales sin resistencia.
Todo indicaba que con Fernández en el poder nada cambiaría. Pero este nuevo escenario de un Congreso que limita sus acciones es desconocido para Kirchner y Fernández.
A lo largo de cuatro meses, la presidenta convocó a manifestaciones y dio agresivos discursos para defender el proyecto, pero chocó contra el rechazo sectorial y legislativo en su primera gran frustración en siete meses en el poder.
El hecho de que su vicepresidente, Julio Cobos, fuera quien aportó el voto decisivo en el Senado en contra del impuesto enrareció aún más el clima político, lo que podría llevar a la pareja presidencial a replantear su estrategia política.
Agustín Rossi, un diputado oficialista que es uno de los más celosos defensores de la política de Fernández, se mostró abierto a pensar en cambio en el modo de gestionar.
"Creo que con todo esto tenemos que pensar en los tres años y medio de Gobierno que nos quedan y salir fuertemente a iniciar una nueva etapa," dijo Rossi a una radio.
Por su parte, la oposición vivió el cambio de actitud del Gobierno como un gran paso adelante y dio por cerrado el problema.
"Yo esperaba esto porque siempre tuve un resto de confianza en una parte de Cristina, es sumamente positiva (la decisión). Doy por superado el conflicto, me alegro profundamente," expresó Elisa Carrió, una de las líderes de la oposición.
CUATRO ETERNOS MESES
La realidad política comenzó a cambiar cuando en marzo la mandataria decidió elevar, sin consultar con el sector agropecuario, los impuestos que pagan las exportaciones de soja y sus derivados.
El sector rural lanzó una serie de huelgas y protestas que forzaron al Gobierno a negociar cambios en la norma, pero las negociaciones no avanzaron y Fernández decidió politizar el conflicto, acusando al sector de buscar su renuncia.
Las dos partes se radicalizaron y en junio Fernández envió -aun cuando no era legalmente necesario- la medida al Congreso para una mayor legitimación, confiada en la mayoría que los legisladores oficialistas tienen en ambas cámaras.
Pero la presión de los productores sobre los legisladores de las provincias agrícolas rindió sus frutos y la norma no fue ratificada, forzando al Gobierno a dar marcha atrás
La decisión llegó un día después de que fracasara el plan de la presidenta, Cristina Fernández, que buscaba que el Congreso ratificara la medida que en marzo despertó la furia de los productores agropecuarios de Argentina, uno de los mayores proveedores mundiales de alimentos.
"Manteniendo las convicciones respecto de la necesidad de la adopción de un sistema de derechos de exportación variables o móviles (...) ordenamos dejarlos sin efecto para que puedan discutirse, en democracia y pluralidad," dijo en una rueda de prensa el jefe de Gabinete, Alberto Fernández.
El decreto que leyó Fernández anula los controvertidos impuestos móviles y repone para la soja, el principal complejo exportador del país, la tasa fija del 35 por ciento que regía antes del inicio del conflicto, tal como reclamaban las entidades rurales.
El funcionario dijo luego a Reuters que "tal vez más adelante" el Gobierno envíe al Congreso un nuevo proyecto sobre las exportaciones agrícolas.
El gravamen móvil implicaba en los hechos un aumento de la presión fiscal, que el Gobierno defendió al afirmar que permitirían desacoplar los precios de los alimentos internos de la subida internacional y generar recursos para mejorar la situación de los sectores más desprotegidos de la sociedad.
Pero los analistas creen que la presidenta Fernández necesitaba esos fondos para pagar deuda pública y financiar un creciente gasto.
La reacción inicial del sector rural fue de algarabía, tras más de cuatro meses de resistir el alza impositiva con huelgas y bloqueos de rutas que tensaron al máximo la relación con el Gobierno y derrumbaron la imagen de la mandataria, que hasta ahora siempre había elegido confrontar con el sector.
"Se acabó el conflicto," aseguró a la televisión Luciano Miguens, presidente de la Sociedad Rural Argentina, una de las cuatro entidades enfrentadas con el Gobierno.
Sin embargo, otros productores, pese a celebrar la decisión, señalaron que aún son necesarios otros cambios en la política oficial hacia el sector, especialmente para los productores de baja escala.
Los mercados también aplaudieron. Inmediatamente después del anuncio, el peso y la bolsa recortaron pérdidas mientras que los bonos saltaron, al tiempo que en Chicago los precios de la soja tocaron sus mínimos de la rueda ante la expectativa de que la decisión multiplique la oferta de mercadería argentina.
CAMBIO DE ACTITUD
Durante los cuatro años de gestión del ex presidente Néstor Kirchner -esposo de Fernández y presidente del gobernante partido peronista- la oposición fue casi inexistente y la llamada "pareja presidencial" logró imponer sus políticas económicas y sociales sin resistencia.
Todo indicaba que con Fernández en el poder nada cambiaría. Pero este nuevo escenario de un Congreso que limita sus acciones es desconocido para Kirchner y Fernández.
A lo largo de cuatro meses, la presidenta convocó a manifestaciones y dio agresivos discursos para defender el proyecto, pero chocó contra el rechazo sectorial y legislativo en su primera gran frustración en siete meses en el poder.
El hecho de que su vicepresidente, Julio Cobos, fuera quien aportó el voto decisivo en el Senado en contra del impuesto enrareció aún más el clima político, lo que podría llevar a la pareja presidencial a replantear su estrategia política.
Agustín Rossi, un diputado oficialista que es uno de los más celosos defensores de la política de Fernández, se mostró abierto a pensar en cambio en el modo de gestionar.
"Creo que con todo esto tenemos que pensar en los tres años y medio de Gobierno que nos quedan y salir fuertemente a iniciar una nueva etapa," dijo Rossi a una radio.
Por su parte, la oposición vivió el cambio de actitud del Gobierno como un gran paso adelante y dio por cerrado el problema.
"Yo esperaba esto porque siempre tuve un resto de confianza en una parte de Cristina, es sumamente positiva (la decisión). Doy por superado el conflicto, me alegro profundamente," expresó Elisa Carrió, una de las líderes de la oposición.
CUATRO ETERNOS MESES
La realidad política comenzó a cambiar cuando en marzo la mandataria decidió elevar, sin consultar con el sector agropecuario, los impuestos que pagan las exportaciones de soja y sus derivados.
El sector rural lanzó una serie de huelgas y protestas que forzaron al Gobierno a negociar cambios en la norma, pero las negociaciones no avanzaron y Fernández decidió politizar el conflicto, acusando al sector de buscar su renuncia.
Las dos partes se radicalizaron y en junio Fernández envió -aun cuando no era legalmente necesario- la medida al Congreso para una mayor legitimación, confiada en la mayoría que los legisladores oficialistas tienen en ambas cámaras.
Pero la presión de los productores sobre los legisladores de las provincias agrícolas rindió sus frutos y la norma no fue ratificada, forzando al Gobierno a dar marcha atrás
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