El ministro del Poder Popular para la Vivienda, Francisco Sesto, admitió ayer miércoles que hay corrupción en los planes oficiales “para dotar de viviendas al pueblo venezolano”, al tiempo que enfatizó que las invasiones son ilegales, por cuanto mostró su desacuerdo en el asunto. “Que ninguna familia pague, nada y a nadie, hasta no estar dentro de su vivienda y esté haciendo el papeleo de propiedad. No paguen para comprar terrenos, por proyectos ni por adjudicación”, dijo el titular de la cartera en cuestión, pues su despacho de manera exclusiva se encargará de hacer los trámites competentes para ir depurando los casos de corrupción. En este sentido, Sesto afirmó que “el constructor más exitoso en términos cuantitativos ha sido el pueblo”, destacó que “alrededor del 60 por ciento” de las viviendas fueron edificadas por los propios ciudadanos, y que su intención es que continúe haciéndolo. Vale destacar en este sentido que la mayoría de los venezolanos vive en barriadas populares construidas por sus propios habitantes, muchas levantadas en laderas de montañas o de cauces de agua, precariedad que aumenta el riesgo de siniestralidad, además del escaso acceso a servicios públicos. Sesto dijo además que será el Gobierno, a través de este Ministerio, el que, por ejemplo, “va a poner el terreno y los proyectos”. “No paguen por proyectos (...). Nosotros vamos a aportar también los proyectos y, además, que nadie pague nada a nadie por la adjudicación” de casas en construcción o ya terminadas, agregó. Ante estas aseveraciones el ministro acotó que “quien reciba dinero por cualquiera de estos conceptos es un sinvergüenza, que la mayoría de las veces está metido en cosas de corrupción o simplemente es un estafador, y el sistema nacional de vivienda que el Gobierno se propone instaurar busca “terminar con el negociado que hace mucha gente y el clientelismo”, remarcó. “En más de nueve años el Gobierno ha hecho un enorme esfuerzo en el área de la vivienda (...), pero llegó el momento en el que se pueden trazar estrategias y vamos a definir políticas”, agregó y advirtió que para ello se requiere de estadísticas actualizadas. En relación a las intermitentes invasiones por familias que denuncian la ineficacia estatal y que han ocupado terrenos públicos y privados, así como propiedades incluso habitadas por sus propietarios o inquilinos, advirtió “que la Ley ordena que el Estado actúe con la fuerza pública, además que le prohíbe expresamente formalizar la propiedad en esos casos”.
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