La multiplicidad de marcas y logotipos que trajo consigo la apertura del mercado interno de combustibles a mediados de los años 90 volverá a dar paso al logotipo único de PDV que ahora luce el tricolor nacional.
El proyecto de Ley Orgánica de Reordenamiento del Mercado Interno de los Combustibles Líquidos, que prevé ser aprobada mañana en primera discusión por el Parlamento, reserva al Estado la "intermediación" para el suministro de estos combustibles realizada entre Pdvsa y los establecimientos dedicados a su expendio al detal.
De esta manera, una vez aprobada la normativa, quedará eliminada la figura de los mayoristas privados nacionales e internacionales que hoy ejercen esta actividad y que, entre otras funciones, son los que aportan la marca que luce cada estación del territorio nacional.
"Pdvsa o la filial que ésta designe procederá a efectuar el abanderamiento de todas las instalaciones donde se realice el proceso de intermediación para el suministro de combustibles líquidos y, asimismo, de las unidades de transporte que han quedado sometidas a la reserva", dice el artículo 4 de la ley.
De 920 estaciones abanderadas por privados en el país y que reúnen 51% del mercado, la mayoría corresponde a empresarios nacionales, principalmente Trébol y Llanopetrol, que concentran 26% de participación, tras la salida de Shell en 2004. Le siguen BP con 7%, CCM con 6%, Mobil con 5% (en proceso de venta), Texaco con 3% y Petrocanarias y Petrolia con 2%.
En general, estas compañías sólo aportan su marca y los surtidores en cada estación. Además, fungen como intermediarios al comprarle gasolina, diesel y lubricantes a Pdvsa y venderlos -a cambio de un pequeño margen de ganancia- a los empresarios que son dueños de las instalaciones de las bombas y que además las administran.
El presidente de la Cámara Venezolana de Mayoristas de Hidrocarburos, Armando Almada, informó que están solicitando un derecho de palabra ante la Asamblea Nacional para pedir la flexibilización de los términos en que está redactado el proyecto de ley. En concreto plantean que se aplique un trato distinto a los empresarios nacionales versus los transnacionales. Transporte también La Ley de Reordenamiento del Mercado Interno también reserva el Estado las actividades de transporte terrestre, acuático y de cabotaje de combustibles.
En materia de transporte terrestre, la reserva aplica únicamente a las empresas que "desarrollen concentraciones de mercado, las que tengan en propiedad u operen cinco o más unidades, así como las que suministran combustibles líquidos a empresas del Estado, empresas privadas del sector industrial, del sector alimentos y otros productos de primera necesidad".
Esto afecta principalmente a empresarios nacionales que poseen flotillas de cisternas. De la normativa se desprende que Pdvsa creará una filial de transporte para prestar este servicio.
Al Ministerio de Energía y Petróleo le toca calificar los bienes y servicios (surtidores y unidades de transporte, principalmente) que pasarán a manos de Pdvsa. Para garantizar la continuidad operacional, el día de publicación de la ley se nombrarán comités de transición.
Según el presidente de la comisión de Energía y Minas de la Asamblea, Ángel Rodríguez, esos comités asumirán las riendas de las negociaciones, que deberán producirse en un lapso de 60 días continuos. De lo contrario procede la expropiación por causa de utilidad pública.
Para fijar el justiprecio de los bienes se tomarán en cuenta las inversiones y su valor en libros, no el lucro cesante ni los daños indirectos. También se podrán descontar deudas laborales. Transcurridos los 60 días, Pdvsa puede ocupar y operar los activos. Cualquier controversia deberá dirimirse únicamente en tribunales nacionales.
El proyecto de Ley Orgánica de Reordenamiento del Mercado Interno de los Combustibles Líquidos, que prevé ser aprobada mañana en primera discusión por el Parlamento, reserva al Estado la "intermediación" para el suministro de estos combustibles realizada entre Pdvsa y los establecimientos dedicados a su expendio al detal.
De esta manera, una vez aprobada la normativa, quedará eliminada la figura de los mayoristas privados nacionales e internacionales que hoy ejercen esta actividad y que, entre otras funciones, son los que aportan la marca que luce cada estación del territorio nacional.
"Pdvsa o la filial que ésta designe procederá a efectuar el abanderamiento de todas las instalaciones donde se realice el proceso de intermediación para el suministro de combustibles líquidos y, asimismo, de las unidades de transporte que han quedado sometidas a la reserva", dice el artículo 4 de la ley.
De 920 estaciones abanderadas por privados en el país y que reúnen 51% del mercado, la mayoría corresponde a empresarios nacionales, principalmente Trébol y Llanopetrol, que concentran 26% de participación, tras la salida de Shell en 2004. Le siguen BP con 7%, CCM con 6%, Mobil con 5% (en proceso de venta), Texaco con 3% y Petrocanarias y Petrolia con 2%.
En general, estas compañías sólo aportan su marca y los surtidores en cada estación. Además, fungen como intermediarios al comprarle gasolina, diesel y lubricantes a Pdvsa y venderlos -a cambio de un pequeño margen de ganancia- a los empresarios que son dueños de las instalaciones de las bombas y que además las administran.
El presidente de la Cámara Venezolana de Mayoristas de Hidrocarburos, Armando Almada, informó que están solicitando un derecho de palabra ante la Asamblea Nacional para pedir la flexibilización de los términos en que está redactado el proyecto de ley. En concreto plantean que se aplique un trato distinto a los empresarios nacionales versus los transnacionales. Transporte también La Ley de Reordenamiento del Mercado Interno también reserva el Estado las actividades de transporte terrestre, acuático y de cabotaje de combustibles.
En materia de transporte terrestre, la reserva aplica únicamente a las empresas que "desarrollen concentraciones de mercado, las que tengan en propiedad u operen cinco o más unidades, así como las que suministran combustibles líquidos a empresas del Estado, empresas privadas del sector industrial, del sector alimentos y otros productos de primera necesidad".
Esto afecta principalmente a empresarios nacionales que poseen flotillas de cisternas. De la normativa se desprende que Pdvsa creará una filial de transporte para prestar este servicio.
Al Ministerio de Energía y Petróleo le toca calificar los bienes y servicios (surtidores y unidades de transporte, principalmente) que pasarán a manos de Pdvsa. Para garantizar la continuidad operacional, el día de publicación de la ley se nombrarán comités de transición.
Según el presidente de la comisión de Energía y Minas de la Asamblea, Ángel Rodríguez, esos comités asumirán las riendas de las negociaciones, que deberán producirse en un lapso de 60 días continuos. De lo contrario procede la expropiación por causa de utilidad pública.
Para fijar el justiprecio de los bienes se tomarán en cuenta las inversiones y su valor en libros, no el lucro cesante ni los daños indirectos. También se podrán descontar deudas laborales. Transcurridos los 60 días, Pdvsa puede ocupar y operar los activos. Cualquier controversia deberá dirimirse únicamente en tribunales nacionales.
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