LA PAZ (Reuters) - El Gobierno de Bolivia dijo el lunes que estudia una "vía rápida" para poner en vigencia una polémica nueva Constitución, mientras mantenía reforzada la protección militar a los campos petroleros del país ante una amenaza opositora de tomar esas vitales instalaciones.
La nueva carta magna, que busca dar más poder a los indígenas y establecer una economía controlada por el Estado, fue aprobada en diciembre, pero resultó bloqueada por procesos de autonomías regionales alentados por la oposición.
El ministro de la Presidencia de Bolivia, Juan Ramón Quintana, admitió que el Gobierno de Evo Morales está presionado por sus bases políticas que le exigen acelerar la "refundación" del país, después de la victoria del mandatario en un referendo del 10 de agosto.
Pero advirtió, aludiendo también a renovadas denuncias opositoras de supuestos planes "dictatoriales" del izquierdista Morales, que el camino que escoja el Gobierno para concluir el cambio constitucional "siempre va a estar circunscrito a la ley, a la Constitución."
Quintana hizo la declaración en respuesta a un pedido de sindicatos y otras organizaciones sociales oficialistas de que Morales convoque por decreto a un referendo para aprobar en definitiva el nuevo texto constitucional.
Esas organizaciones, agrupadas en una Coordinadora Nacional por el Cambio (CONALCAM), decidieron el pasado fin de semana pedir a Morales que evite el trámite de una ley para convocar al referendo constitucional, por el temor a un bloqueo de la oposición conservadora, que es mayoría en el Senado.
El mismo Morales presidió la reunión del CONALCAM, pero en sus intervenciones ante en esa reunión evitó asumir compromisos concretos sobre la forma de acelerar el cambio constitucional.
"Estamos evaluando cuál va a ser el camino más inteligente, el más sensato, el más prudente, pero también el más rápido para llevar adelante la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado," dijo Quintana a reporteros.
La nueva carta magna, que busca dar más poder a los indígenas y establecer una economía controlada por el Estado, fue aprobada en diciembre, pero resultó bloqueada por procesos de autonomías regionales alentados por la oposición.
El ministro de la Presidencia de Bolivia, Juan Ramón Quintana, admitió que el Gobierno de Evo Morales está presionado por sus bases políticas que le exigen acelerar la "refundación" del país, después de la victoria del mandatario en un referendo del 10 de agosto.
Pero advirtió, aludiendo también a renovadas denuncias opositoras de supuestos planes "dictatoriales" del izquierdista Morales, que el camino que escoja el Gobierno para concluir el cambio constitucional "siempre va a estar circunscrito a la ley, a la Constitución."
Quintana hizo la declaración en respuesta a un pedido de sindicatos y otras organizaciones sociales oficialistas de que Morales convoque por decreto a un referendo para aprobar en definitiva el nuevo texto constitucional.
Esas organizaciones, agrupadas en una Coordinadora Nacional por el Cambio (CONALCAM), decidieron el pasado fin de semana pedir a Morales que evite el trámite de una ley para convocar al referendo constitucional, por el temor a un bloqueo de la oposición conservadora, que es mayoría en el Senado.
El mismo Morales presidió la reunión del CONALCAM, pero en sus intervenciones ante en esa reunión evitó asumir compromisos concretos sobre la forma de acelerar el cambio constitucional.
"Estamos evaluando cuál va a ser el camino más inteligente, el más sensato, el más prudente, pero también el más rápido para llevar adelante la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado," dijo Quintana a reporteros.
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