
Noticiero Digital (18-08-2008-actualizado 05:18pm).- “No fue posible obtener una negociación con la mexicana Cemex (…) a las 12 de la noche haremos un control para expropiar la cementera (…) estamos actuando conforme a la ley y respetando los derechos a lo privado”. Así lo aseguró el ministro de Energía y Petróleo y presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, a su salida luego de firmar un memorando de transferencia de acciones de las cementeras francesa Lafarge y suiza Holcim. “Teniendo las empresas cementeras bajo nuestro control, podremos desarrollar una política planificada para poder hacer evaluación de los costos, viviendas, etc (…) Además, han sido nombrados comités de transición, estamos trabajando en conjunto con los cuerpos gerenciales y creemos que no vamos a tener problemas”, dijo Ramírez. Por su parte, el vicepresidente de la República, Ramón Carrizalez, reiteró que no se logró la negociación con Cemex, debido a la cantidad que están negociando. “Ellos están pidiendo una cifra por encima de su valor real, es decir, de los mil 300 millones de dólares”, dijo. “No podemos esperar, las leyes son claras, al vencer el plazo se procede a la expropiación (…) Iremos a posicionarnos para el control de las plantas (…) El plazo vence hoy y estamos obligados a cumplirlo”, aseguró el Vicepresidente. En cuanto a la Lafarge y Holcim, el vicepresidente indicó que se negoció la adquisición del 89% de las acciones francesa por un monto de 257 millones de dólares y del 85% de las acciones suiza por un total de 572 millones de dólares. Tras la reunión, Máximo Dolman, presidente ejecutivo de la francesa Lafarge, se mostró complacido con el acuerdo al que se llegó con el gobierno, destacando el equipo de trabajo del Ejecutivo con el que le tocó negociar. Considera que este memorando firmado este lunes no es más que un paso hacia la nacionalización y que no implica el cierre de las conversaciones entre la empresa y el estado. Señaló además que esta acción no mermará en la calidad de servició que “por más de 100 años” Lafarge ha prestado al país, y que está garantizada la protección laboral de sus trabajadores. El decreto de nacionalización se publicó el pasado 19 de junio, y en el que señalaba que los accionistas de empresas cementeras tenían un plazo de 60 días para acordar los términos de "su posible participación accionarial en las nuevas empresas del Estado" o serían expropiadas. Con Información de Reuters http://lta.reuters.com/article/businessNews/idLTAN1844494320080818
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