SANTA CRUZ, Bolivia (Reuters) - La oposición conservadora boliviana encabezará el martes un paro de actividades en cinco departamentos, en un nuevo intento por bloquear las reformas que impulsa el recién ratificado presidente izquierdista Evo Morales.
La protesta de un día abarcará a los ricos distritos agrícola-petroleros de Santa Cruz y Tarija, pero sus dirigentes aseguraron que no serán afectadas las exportaciones de gas a Argentina y Brasil, la principal fuente de divisas del país.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, calificó a la huelga como un "hecho esencialmente político y violento" y denunció en La Paz, la "extraña casualidad" de que coincida con el 37 aniversario del "golpe militar más cruento del siglo XX," que llevó al poder al dictador Hugo Banzer.
La protesta fue convocada formalmente para exigir la devolución a las regiones de parte de un impuesto petrolero que Morales destinó al pago de una renta universal de ancianos, aunque el prefecto (gobernador) de Santa Cruz, Rubén Costas, no ocultó los fines políticos de la movilización.
Costas, un empresario agrícola de duro discurso antigubernamental y principal figura de la oposición, dijo el fin de semana que la huelga era también un mensaje contra la supuesta intención del gobernante izquierdista de "comunizar nuestro país" mediante una nueva Constitución.
La convocatoria a la protesta parecía confirmar que los líderes regionales no estaban dispuestos a permitir que Morales aproveche su reciente triunfo electoral para acelerar la aprobación de una nueva Constitución, que daría más poder a los pueblos "originarios" y consolidaría un modelo económico socialista.
Morales, declarado admirador del presidente venezolano Hugo Chávez, ganó con 67,4 por ciento de los votos un referendo de mandatos realizado el 10 de agosto, en el que fueron ratificados también cuatro de seis prefectos opositores: los de Santa Cruz y Tarija y los de los distritos amazónicos de Beni y Pando.
A estas cuatro regiones, que conforman una llamada "media luna" opositora, se sumará en la huelga el departamento centro-sureño de Chuquisaca, cuya prefecta, la opositora Savina Cuéllar, fue elegida en junio y dijo que respaldaba las demandas de autonomía de los líderes opositores.
"Lo que estamos haciendo es un mecanismo pacífico de protesta," dijo a reporteros Roberto Gutiérrez, uno de los vicepresidentes del comité cívico cruceño, organismo que agrupa a instituciones regionales y coordina estrechamente con el prefecto Costas.
Gutiérrez calificó como infundados a rumores de que el comité cruceño alentaría el martes la toma de oficinas de instituciones nacionales como las de impuestos internos, aduana y telecomunicaciones.
El dirigente denunció el inicio de un despliegue militar en Santa Cruz, región en la que la policía ha reducido drásticamente sus servicios desde que el viernes pasado protagonizara duros choques callejeros con manifestantes autonomistas.
La protesta de un día abarcará a los ricos distritos agrícola-petroleros de Santa Cruz y Tarija, pero sus dirigentes aseguraron que no serán afectadas las exportaciones de gas a Argentina y Brasil, la principal fuente de divisas del país.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, calificó a la huelga como un "hecho esencialmente político y violento" y denunció en La Paz, la "extraña casualidad" de que coincida con el 37 aniversario del "golpe militar más cruento del siglo XX," que llevó al poder al dictador Hugo Banzer.
La protesta fue convocada formalmente para exigir la devolución a las regiones de parte de un impuesto petrolero que Morales destinó al pago de una renta universal de ancianos, aunque el prefecto (gobernador) de Santa Cruz, Rubén Costas, no ocultó los fines políticos de la movilización.
Costas, un empresario agrícola de duro discurso antigubernamental y principal figura de la oposición, dijo el fin de semana que la huelga era también un mensaje contra la supuesta intención del gobernante izquierdista de "comunizar nuestro país" mediante una nueva Constitución.
La convocatoria a la protesta parecía confirmar que los líderes regionales no estaban dispuestos a permitir que Morales aproveche su reciente triunfo electoral para acelerar la aprobación de una nueva Constitución, que daría más poder a los pueblos "originarios" y consolidaría un modelo económico socialista.
Morales, declarado admirador del presidente venezolano Hugo Chávez, ganó con 67,4 por ciento de los votos un referendo de mandatos realizado el 10 de agosto, en el que fueron ratificados también cuatro de seis prefectos opositores: los de Santa Cruz y Tarija y los de los distritos amazónicos de Beni y Pando.
A estas cuatro regiones, que conforman una llamada "media luna" opositora, se sumará en la huelga el departamento centro-sureño de Chuquisaca, cuya prefecta, la opositora Savina Cuéllar, fue elegida en junio y dijo que respaldaba las demandas de autonomía de los líderes opositores.
"Lo que estamos haciendo es un mecanismo pacífico de protesta," dijo a reporteros Roberto Gutiérrez, uno de los vicepresidentes del comité cívico cruceño, organismo que agrupa a instituciones regionales y coordina estrechamente con el prefecto Costas.
Gutiérrez calificó como infundados a rumores de que el comité cruceño alentaría el martes la toma de oficinas de instituciones nacionales como las de impuestos internos, aduana y telecomunicaciones.
El dirigente denunció el inicio de un despliegue militar en Santa Cruz, región en la que la policía ha reducido drásticamente sus servicios desde que el viernes pasado protagonizara duros choques callejeros con manifestantes autonomistas.
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