En un ir y venir de presiones, los prefectos rebeldes cuestionaron en meses pasados a la OEA y a sectores de la Iglesia Católica, a los que llegaron a considerar próximos al Gobierno, y hace dos semanas rechazaron una agenda gubernamental de diálogo.
Insistieron en que el Gobierno pretende "imponer su visión política y su ilegal reforma constitucional (...) desconociendo las legítimas aspiraciones de varios departamentos."
Los prefectos dijeron también que el reciente referendo revocatorio de mandatos, del cual Morales salió fortalecido con un respaldo de más del 67 por ciento de votos, "no ha contribuido a la solución de los problemas estructurales del país, al contrario, ha profundizado las contradicciones existentes."
En respuesta, el vicepresidente Alvaro García dijo que los prefectos debían dar señales de honestidad para abrir el que sería un cuatro proceso de diálogo desde que se desató el conflicto entre Constitución y autonomías.
"Tenemos tres experiencias fallidas (...) por la acción obstruccionista de los opositores," declaró a reporteros, reiterando que el Gobierno esperaba el diálogo "pese a que no se ven señales firmes, serias y honestas de los opositores."
La nueva Constitución boliviana, aprobada en diciembre del año pasado por una Asamblea Constituyente boicoteada por la oposición, debe pasar por dos referendos para entrar en vigencia.
La ley que rigió las labores constituyentes establece que esos referendos deben ser convocados por el Congreso, pero otra ley, referida exclusivamente a los referendos, dispone que estas consultas pueden ser convocadas también por el presidente.
En el Congreso, el Gobierno debe pactar con la oposición, aunque en varias votaciones cruciales en el último año sacó provecho de la ausencia de algunos senadores opositores.
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