Montevideo.- La Comisión de Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur (Parlasur) postergó ayer la decisión sobre las inhabilitaciones para ejercicios de cargos públicos en Venezuela, a los efectos de "escuchar a todas las partes".
Tras atender en horas de la mañana la exposición del alcalde de Chacao, Leopoldo López, la referida Comisión no pudo -por falta de quórum- reanudar el debate tras la sesión del plenario, por lo cual el tema pasó para la próxima sesión, que será el 26 de este mes, en Asunción (Paraguay), o para el 4 de septiembre, cuando se reúna en la ciudad brasileña de Porto Alegre, informó DPA.
La diputada uruguaya Adriana Peña, presidenta de la Comisión, dijo que a Leopoldo López "se le escuchó y se le hicieron preguntas, pero las conclusiones se van a sacar posteriormente, en solitario, y ahí se decidirán los pasos". Reiteró que "no se ha tomado la decisión de si acepta o no el caso".
"Después habrá que escuchar a todas las partes, llamar a alguna gente a que dé su opinión y ahí se pronunciará la Comisión. No será en poco tiempo", añadió. La exposición
López dijo que expuso en la instancia la situación de "276 ciudadanos venezolanos inhabilitados y millones" más que se quedan sin poder votar por los candidatos de su preferencia.
En declaraciones aUnión Radio dijo: "Tengo mucha fe en que la Comisión va a aceptar el caso y que se va a proceder a la investigación. Yo espero que esta Comisión escuche no solamente nuestra versión, sino que escuche también la versión del contralor general de la República y la versión del pueblo que no pudo elegir".
"Fuimos muy claros con respecto a lo que significa nuestra argumentación, con respecto a la constitucionalidad de nuestro derecho a ser candidatos y de la inconstitucionalidad de las decisiones del Estado venezolano y también de la necesidad de que las decisiones en el Gobierno nacional sean coherentes con la Convención Americana de los Derechos Humanos", señaló.
Destacó que en la comparecencia efectuada ayer "estaban unos diputados oficialistas venezolanos, que cuando les tocó a ellos el derecho de palabra recurrieron a lo único que recurren cuando no tienen la verdad: hablar de los hechos de 2002, hablar del golpismo, hablar del fascismo y decir que nosotros no podemos ser candidatos porque hemos estado vinculados a hechos del pasado".
Por su parte, la supuesta injerencia en los asuntos de Venezuela de parte de la diputada Peña fue denunciada por su colega venezolano Saúl Ortega, quien reclamó su renuncia como presidenta de la Comisión, pero la moción fue rechazada.
No obstante, dicha instancia se desligó oficialmente del polémico viaje. En una declaración firmada, subrayan "su total y profundo rechazo a prácticas que aparten a la Comisión de sus propósitos y objetivos", y de la actitud de cualquier miembro "que erosione su neutralidad y objetividad", reseñó Efe.
La declaración aparece también firmada por la propia Peña, quien hasta la reunión de ayer había insistido en que su viaje, aunque a título personal, trataba de recabar información sobre posibles violaciones a DDHH de los inhabilitados.
Entretanto, la parlamentaria venezolana Marelis Pérez aseguró que "quedó desmentida la versión de que (López) tenía derechos limitados. Se constató el espíritu democrático para escucharlo y abrir averiguaciones".
Tras atender en horas de la mañana la exposición del alcalde de Chacao, Leopoldo López, la referida Comisión no pudo -por falta de quórum- reanudar el debate tras la sesión del plenario, por lo cual el tema pasó para la próxima sesión, que será el 26 de este mes, en Asunción (Paraguay), o para el 4 de septiembre, cuando se reúna en la ciudad brasileña de Porto Alegre, informó DPA.
La diputada uruguaya Adriana Peña, presidenta de la Comisión, dijo que a Leopoldo López "se le escuchó y se le hicieron preguntas, pero las conclusiones se van a sacar posteriormente, en solitario, y ahí se decidirán los pasos". Reiteró que "no se ha tomado la decisión de si acepta o no el caso".
"Después habrá que escuchar a todas las partes, llamar a alguna gente a que dé su opinión y ahí se pronunciará la Comisión. No será en poco tiempo", añadió. La exposición
López dijo que expuso en la instancia la situación de "276 ciudadanos venezolanos inhabilitados y millones" más que se quedan sin poder votar por los candidatos de su preferencia.
En declaraciones aUnión Radio dijo: "Tengo mucha fe en que la Comisión va a aceptar el caso y que se va a proceder a la investigación. Yo espero que esta Comisión escuche no solamente nuestra versión, sino que escuche también la versión del contralor general de la República y la versión del pueblo que no pudo elegir".
"Fuimos muy claros con respecto a lo que significa nuestra argumentación, con respecto a la constitucionalidad de nuestro derecho a ser candidatos y de la inconstitucionalidad de las decisiones del Estado venezolano y también de la necesidad de que las decisiones en el Gobierno nacional sean coherentes con la Convención Americana de los Derechos Humanos", señaló.
Destacó que en la comparecencia efectuada ayer "estaban unos diputados oficialistas venezolanos, que cuando les tocó a ellos el derecho de palabra recurrieron a lo único que recurren cuando no tienen la verdad: hablar de los hechos de 2002, hablar del golpismo, hablar del fascismo y decir que nosotros no podemos ser candidatos porque hemos estado vinculados a hechos del pasado".
Por su parte, la supuesta injerencia en los asuntos de Venezuela de parte de la diputada Peña fue denunciada por su colega venezolano Saúl Ortega, quien reclamó su renuncia como presidenta de la Comisión, pero la moción fue rechazada.
No obstante, dicha instancia se desligó oficialmente del polémico viaje. En una declaración firmada, subrayan "su total y profundo rechazo a prácticas que aparten a la Comisión de sus propósitos y objetivos", y de la actitud de cualquier miembro "que erosione su neutralidad y objetividad", reseñó Efe.
La declaración aparece también firmada por la propia Peña, quien hasta la reunión de ayer había insistido en que su viaje, aunque a título personal, trataba de recabar información sobre posibles violaciones a DDHH de los inhabilitados.
Entretanto, la parlamentaria venezolana Marelis Pérez aseguró que "quedó desmentida la versión de que (López) tenía derechos limitados. Se constató el espíritu democrático para escucharlo y abrir averiguaciones".
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