LA PAZ (Reuters) - La detención de un activista opositor acusado de participar en un atentado contra un gasoducto en el sudeste de Bolivia puso el miércoles al borde de una ruptura a un complejo diálogo político entre el Gobierno y la oposición conservadora regional.
Los tres prefectos regionales que reclaman autonomías y a la vez rechazan una nueva Constitución impulsada por el presidente indígena Evo Morales suspendieron "temporalmente" su participación en el diálogo, exigiendo garantías de que no se desatará una persecución política contra los opositores.
El Gobierno replicó que el diálogo y la detención del activista no tenían relación, mientras un fiscal de La Paz reveló que el acusado, José Vaca, admitió formalmente haber participado en el atentado, ocurrido el mes pasado en el marco de protestas regionales antigubernamentales.
El riesgo de fracaso de las conversaciones, instaladas luego de las protestas opositoras que dejaron una veintena de muertos, quedó planteado cuatro días antes de que venza el plazo que ambas partes se fijaron para llegar a un acuerdo sobre el cambio constitucional y el régimen de autonomías.
Hablando a nombre de los líderes regionales que encabezaron esas protestas, el prefecto del distrito gasífero de Tarija, Mario Cossío, calificó a la detención de Vaca como un "secuestro" que afectaba "radicalmente" al clima de diálogo.
"Los líderes regionales necesitan saber si continuarán en el diálogo o si tendrán que preocuparse por su propia seguridad, o incluso ingresar a la clandestinidad", dijo Cossío en la central ciudad de Cochabamba, sede del diálogo, tras reunirse con sus pares rebeldes de los departamentos de Santa Cruz y Beni.
"Hemos tomado la decisión de suspender temporalmente nuestra participación en las mesas de trabajo (del diálogo) hasta que el Gobierno reconduzca su actuación en este caso", anunció, pidiendo a Morales que resguarde "si se van a restituir las garantías constitucionales de todos los ciudadanos".
Cossío agregó que "el diálogo no se rompe", aunque denunció que "los radicales del Gobierno quieren que el diálogo fracase".
PROCESO JUDICIAL
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, dijo después en conferencia de prensa que la detención de Vaca en la ciudad de Villamontes, región sudoriental del Chaco, no fue por decisión del Gobierno, sino de la fiscalía que investiga el hecho desde el 10 de agosto, día en que se produjo.
"Nos preocupa que los prefectos no deseen participar del diálogo (...) y los exhortamos a volver a la mesa de negociaciones", dijo Quintana.
El fiscal del caso, Luis Mamani, informó a reporteros que acusará formalmente a Vaca por delitos de atentados contra servicios públicos, destrucción de bienes públicos y sedición, lo que conllevaría una pena de hasta 30 años de cárcel.
"El (Vaca) admite haber participado en los hechos que se le imputan y la jueza cautelar decidirá mañana sobre su situación", declaró el fiscal.
Previamente, el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, dijo que el fiscal había ordenado la detención del acusado después de que éste desatendió dos citaciones a prestar declaraciones.
El atentado con dinamita contra el gasoducto obligó a reducir temporalmente en un diez por ciento el bombeo de gas natural de Bolivia a Brasil y afectó también levemente a los suministros al norte de Argentina.
El gasoducto, que conecta al yacimiento San Alberto -operado por la brasileña Petrobras- con la red de exportación, sigue en reparación, según fuentes de la petrolera estatal
YPFB.
Las protestas opositoras del mes pasado fueron denunciadas por Morales como un intento de "golpe cívico-prefectural", supuestamente alentado por el entonces embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, quien por esa razón fue expulsado de Bolivia.
En el diálogo abierto tras la violencia, el Gobierno busca el aval de los prefectos para someter a referendo la nueva carta magna, que dará mayor participación a los indígenas en la política nacional y consolidará un régimen económico controlado por el Estado.
La Confederación de Empresarios Privados dijo el miércoles que, independientemente de un acuerdo sobre autonomías, hará campaña por el "No" a la nueva carta magna, por considerarla contraria a las libertades individuales y económicas.
Los tres prefectos regionales que reclaman autonomías y a la vez rechazan una nueva Constitución impulsada por el presidente indígena Evo Morales suspendieron "temporalmente" su participación en el diálogo, exigiendo garantías de que no se desatará una persecución política contra los opositores.
El Gobierno replicó que el diálogo y la detención del activista no tenían relación, mientras un fiscal de La Paz reveló que el acusado, José Vaca, admitió formalmente haber participado en el atentado, ocurrido el mes pasado en el marco de protestas regionales antigubernamentales.
El riesgo de fracaso de las conversaciones, instaladas luego de las protestas opositoras que dejaron una veintena de muertos, quedó planteado cuatro días antes de que venza el plazo que ambas partes se fijaron para llegar a un acuerdo sobre el cambio constitucional y el régimen de autonomías.
Hablando a nombre de los líderes regionales que encabezaron esas protestas, el prefecto del distrito gasífero de Tarija, Mario Cossío, calificó a la detención de Vaca como un "secuestro" que afectaba "radicalmente" al clima de diálogo.
"Los líderes regionales necesitan saber si continuarán en el diálogo o si tendrán que preocuparse por su propia seguridad, o incluso ingresar a la clandestinidad", dijo Cossío en la central ciudad de Cochabamba, sede del diálogo, tras reunirse con sus pares rebeldes de los departamentos de Santa Cruz y Beni.
"Hemos tomado la decisión de suspender temporalmente nuestra participación en las mesas de trabajo (del diálogo) hasta que el Gobierno reconduzca su actuación en este caso", anunció, pidiendo a Morales que resguarde "si se van a restituir las garantías constitucionales de todos los ciudadanos".
Cossío agregó que "el diálogo no se rompe", aunque denunció que "los radicales del Gobierno quieren que el diálogo fracase".
PROCESO JUDICIAL
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, dijo después en conferencia de prensa que la detención de Vaca en la ciudad de Villamontes, región sudoriental del Chaco, no fue por decisión del Gobierno, sino de la fiscalía que investiga el hecho desde el 10 de agosto, día en que se produjo.
"Nos preocupa que los prefectos no deseen participar del diálogo (...) y los exhortamos a volver a la mesa de negociaciones", dijo Quintana.
El fiscal del caso, Luis Mamani, informó a reporteros que acusará formalmente a Vaca por delitos de atentados contra servicios públicos, destrucción de bienes públicos y sedición, lo que conllevaría una pena de hasta 30 años de cárcel.
"El (Vaca) admite haber participado en los hechos que se le imputan y la jueza cautelar decidirá mañana sobre su situación", declaró el fiscal.
Previamente, el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, dijo que el fiscal había ordenado la detención del acusado después de que éste desatendió dos citaciones a prestar declaraciones.
El atentado con dinamita contra el gasoducto obligó a reducir temporalmente en un diez por ciento el bombeo de gas natural de Bolivia a Brasil y afectó también levemente a los suministros al norte de Argentina.
El gasoducto, que conecta al yacimiento San Alberto -operado por la brasileña Petrobras- con la red de exportación, sigue en reparación, según fuentes de la petrolera estatal
YPFB.
Las protestas opositoras del mes pasado fueron denunciadas por Morales como un intento de "golpe cívico-prefectural", supuestamente alentado por el entonces embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, quien por esa razón fue expulsado de Bolivia.
En el diálogo abierto tras la violencia, el Gobierno busca el aval de los prefectos para someter a referendo la nueva carta magna, que dará mayor participación a los indígenas en la política nacional y consolidará un régimen económico controlado por el Estado.
La Confederación de Empresarios Privados dijo el miércoles que, independientemente de un acuerdo sobre autonomías, hará campaña por el "No" a la nueva carta magna, por considerarla contraria a las libertades individuales y económicas.
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