Tras casi dos meses de tensión, la sangre ha llegado al río en el enfrentamiento entre el Gobierno peruano y las comunidades indígenas de la selva amazónica. Al menos 34 personas murieron este viernes en los enfrentamientos entre los nativos y la policía, que intentaba romper los bloqueos en las carreteras y oleoductos que estaban asfixiando a varias ciudades de la selva peruana. Grupos de manifestantes mantienen secuestrados además a 38 agentes que custodiaban una estación petrolera, según confirmó el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon.Los peores enfrentamientos ocurrieron cerca de la localidad de Bagua Chica, a unos 700 kilómetros al norte de Lima. Un helicóptero de la policía recibió impactos de bala, pese a que los indígenas aseguran no tener armas de fuego. Según la ministra del Interior peruana, Mercedes Cabanillas, nueve agentes fallecieron y siete resultaron heridos. Además, 30 civiles fueron heridos de bala y otros 50 presentaron heridas leves y fueron atendidos en la carretera donde se produjeron los hechos. Por su parte, el Colegio Médico de Chachapoyas, capital del departamento de Amazonas, señaló que la cifra de nativos fallecidos ascendió a 25.
Unos 5.000 indígenas de más de 60 tribus peruanas, aglutinados en la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), protestan desde hace 58 días por unas normas legales que, consideran, afectan su derecho a las tierras que ocupan desde tiempos ancestrales; y que el Gobierno aprobó, en gran medida, para adecuarse a las condiciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Ellos temen que los decretos abran la puerta a una descontrolada inversión privada. Desde entonces han bloqueado carreteras, vías fluviales, y han obstaculizado las operaciones petroleras y gasíferas de la región, lo que ha causado que varias ciudades sufran desabastecimiento de alimentos y, en los últimos días, cortes de energía.
El levantamiento llevó al Congreso a revisar el contenido de los decretos legislativos, pero el jueves decidió postergar el debate acerca de la ley forestal, que los nativos consideran inconstitucional. La Defensoría del Pueblo apoya el reclamo y ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional, para que se pronuncie sobre esta ley.
El presidente de Aidesep, Alberto Pizango, denunció que se está cometiendo "un genocidio" contra los indígenas y responsabilizó al presidente Alan García. "Nos están metiendo bala como si fuéramos delincuentes o animales", declaró. Por su parte, el Gobierno ha responsabilizado a Pizango de los hechos. El dirigente de los nativos se enfrenta a denuncias por sedición. "Ha caído a un nivel delincuencial", comentó Alan García, quien lamentó las muertes y señaló que las protestas podrían estar dirigidas por intereses extranjeros.
El País.com
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