La Asamblea Nacional, en su sesión de este martes, acordó respaldar las medidas que tome el Gobierno Nacional, representado por el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda con respecto a los circuitos radiofónicos en el país. De igual forma, acordaron respaldar las investigaciones que adelanta la Asamblea Nacional en este sentido y la revisión de las concesiones otorgadas a particulares.
Salvó su voto el diputado Juan José Molina, en representación de la bancada de Podemos, pues, en su opinión, se está violando la Carta Interamericana, así como las disposiciones sobre los derechos humanos, establecidas por la ONU, entre otros.
El diputado Ismael García destacó que la decisión de suspender la concesión a 240 emisoras de radio responde a motivos “políticos”. Manifestó que “se trata de controlar a la sociedad y de quitarnos el espacio de participación más importante, la radio”.
“No es que el gobierno va a tener esas emisoras para no escuchar cosas que no le sean útiles (…) El gobierno es el principal latifundista del espectro radioeléctrico de Venezuela”, aseguró.
Denunció que “el plan del gobierno es llevarse por delante 240 emisoras, el año que viene otra parte y el año 2011 el resto de las emisoras”.
Durante el debate sobre el punto de información ejercido por Diosdado Cabello, ministro de Obras Públicas y Vivienda, el diputado Manuel Villaba aseguró que el Estado no se apropiará de los circuitos de radio sino que “esas 240 emisoras serán ofertadas para que los consejos comunales dispongan”.
Denunció que hay circuitos radiales con 48 emisoras y señaló que en el interior del país hay poca producción realizada en las regiones porque la mayoría es enviada desde Caracas.
El diputado Earle Herrera aseguró que no se trata de “arrebatarle 240 emisoras a unos empresarios, se trata que esos empresarios o quienes sean trataron de llevarse por los cachos al país, se trata de que estos señores se apropiaron de bienes públicos”.
Por su parte, la diputada Pastora Medina criticó la medida de Diosdado Cabello, al explicar que el cierre de las emisoras es, a su juicio, una medida arbitraria. Pidió al diputado Manuel Villalba que presente un informe sobre el impacto de las medidas contra las emisoras.
La diputada y también periodista, Desiree Santos Amaral, dijo cerca de las 4:30 de la tarde que es falso que el Gobierno tenga actualmente el control del espectro radioeléctrico, pues afirma que el 60% de las concesiones están en manos privadas.
Denunció la existencia de una presunta "cartelización de la información" y de maltrato a los profesionales de la comunicación en los circuitos de radio.
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