Controles, tomas y desinversión afectan a sectores que serán prioritarios
Eliminación del cobro del IPC afecta a la industria de la construcción (Archivo)
La economía venezolana mostró su primer resultado en rojo -luego de 22 trimestres consecutivos de crecimiento- en plena transición al socialismo. En este año, marcado por la radicalización de las medidas para implantar el esquema de la revolución, las cifras negativas del Producto Interno Bruto (PIB), obligan al Ejecutivo a orientar sus políticas a impulsar al aparato productivo nacional.
Los voceros del gabinete económico anunciaron ayer que las iniciativas estarán guiadas a promover al sector de alimentos y a la construcción, rubros que, como el grueso de las industrias locales, han convivido con cercos gubernamentales que se incrementan al mismo ritmo del impulso socialista.
El sector eléctrico también está entre las prioridades para la aplicación de estas nuevas políticas y, si bien, éste no ha tenido los obstáculos que deben vadear los privados, sí ha sido víctima de una desinversión histórica que genera en el país al menos dos apagones por año.
El Ejecutivo, entonces, intenta reactivar a un aparato cuyas cifras evidencian un deterioro progresivo, que llega a su peor escenario este año con la recesión de la manufactura criolla, tras registrar dos trimestres consecutivos de decrecimiento.
Esta caída no es sólo consecuencia de la crisis financiera internacional, que hizo retroceder las principales economías del mundo, sino es el desenlace del detrimento anunciado en el pasado, que es generado por decretos-leyes, controles de precios, expropiaciones, ocupaciones temporales o definitivas, control cambiario y el aumento constante de trámites de toda naturaleza, entre otros factores. Las realidades
El sector alimentos siempre ha estado (junto con salud) entre las prioridades del Gobierno. Sin embargo, esta industria debe producir con particularidades que la mantienen en jaque.
La regulación de precios establecida para los productos de la cesta básica es uno de los cercos de más vieja data. Ahora se agrava con la inclusión de cuotas de producción que no todas las empresas están en capacidad de cumplir.
Pero también la reducción en la disponibilidad de dólares del Gobierno central ha tocado de forma directa a las compañías del rubro, las cuales han llegado a perder líneas de créditos con los proveedores internaciones de insumos y materias primas por este problema.
Las inspecciones constantes, consideradas por los empresarios como excesivas, también forman parte de la lista de obstáculos que debe afrontar la industria alimenticia venezolana, sin mencionar las recientes expropiaciones de empresas que servirán de base para la expansión socialista.
Pero además, el sector agrícola, considerado como uno de los principales receptores de recursos durante el Gobierno bolivariano, no termina de consolidarse como un proveedor suficiente para la demanda nacional en rubros como leche, carne, azúcar, maíz amarillo, arroz o café, que han tenido que importarse para cubrir déficits.
A pesar de la existencia de una cartera agrícola obligatoria que casi llega a BsF 20 millardos, los productores han insistido que la fijación de precios de forma inoportuna y atrasada, los costos en materia laboral, la inseguridad jurídica y personal, y las fallas en el acceso a insumos y tecnología importada, son factores que disminuyen su capacidad.
Mientras tanto, el sector construcción, que también cuenta con una gaveta que ya asciende a BsF 17,6 millardos, registra en la actualidad una expansión moderada e impulsada, en gran medida, por la demanda estatal.
Durante este año en particular, los privados dedicados a este negocio se han encontrado con barricadas que impiden su crecimiento. El primer obstáculo fue la eliminación del cobro del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en los contratos de inmuebles, que puso en riesgo la culminación de varios proyectos.
Además, el Ejecutivo ha amenazado con incrementar las regulaciones con controles de precios y la entrada en vigencia de la Ley de Tierras Urbanas. Los promotores han advertido que este año no se construirán más de 85.000 viviendas.
Ahora bien, el deterioro alcanza también al sector eléctrico que, en este caso es generado por la escasa inversión que ha habido en el pasado reciente.
La realidad es que cubrir con holgura la demanda nacional es casi que imposible y de allí las fallas recientes que dejan a la población sin servicio por horas ¿La consecuencia? La activación de un plan de racionamiento diario que afecta la calidad de vida de los ciudadanos y el desarrollo de Venezuela.
El Universal
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