Editorial El Nacional

Un gran negocio

Drogas y bienes

Ahora que Venezuela se ha convertido paulatinamente en un centro internacional para el tráfico de drogas, como ha quedado demostrado con la captura de una veintena de narcocapos y decenas de toneladas de cocaína y marihuana procedentes de Colombia, valdría la pena que se estableciera una vigilancia más estricta sobre el dinero y los bienes materiales que se le incautan a estas mafias.
Algunos de los capos capturados en Venezuela y que fueron deportados, denunciaron que los bienes incautados estaban siendo usufructuados ilegalmente por los jefes policiales. Incluso hablaron de gruesas sumas de dinero en dólares que ellos guardaban en sus casas y que supuestamente desaparecieron luego de que sus residencias fueron allanadas.
En la larga lista de bienes que, presuntamente, están de manera ilegal en manos de autoridades policiales o agentes antinarcóticos resaltan aviones y avionetas, lanchas y yates, camionetas y vehículos blindados, joyas y relojes lujosos, fincas y casas de playa, apartamentos y quintas en urbanizaciones de primera, armas de colección y de guerra.
En fin, toda una gama muy amplia de propiedades y altas sumas de dinero que deberían estar bajo el control estricto de los tribunales de la causa y de la hacienda nacional. El despelote en este campo ha llevado a denuncias sobre corrupción y peculado de uso, lo que amerita la intervención de la Contraloría, la Fiscalía y el Ministerio de Planificación y Finanzas.
Recordemos que recientemente, a través de una reforma de la legislación antidrogas, el Gobierno aumentó de forma abusiva la discrecionalidad de los funcionarios en el manejo de los bienes incautados en las averiguaciones y procedimientos antidrogas.
Esta reforma en varios aspectos fue un retroceso en relación con la anterior Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, vigente desde septiembre del año 1993.
Antes, los bienes quedaban a la orden de los tribunales de la causa, que los asignaban en guarda y custodia a una autoridad o institución determinada. Ese fue el caso, por ejemplo, de la finca Tonoro del capo William Fajardo, que fue asignado a la Universidad de Oriente para que no se deteriorara mientras se llevaba a cabo el juicio contra el acusado.
Cuando el juicio llegaba a una decisión firme, los bienes eran devueltos o rematados, y el producto de la venta ingresado al Tesoro, con la intención de encaminar posteriormente ese dinero al financiamiento de programas de prevención antidrogas o fortalecimiento de las policías.
Hoy, el remedio es peor que la enfermedad porque legaliza el saqueo de esos bienes. Ahora los tribunales deben asignar las propiedades a la Organización Nacional Antidrogas y ésta puede disponer libremente de ellos, para uso propio o asignarlos a quien considere conveniente.
La ONA, por desgracia, se maneja como una "caja negra". Lo mismo que Chávez criticaba a Pdvsa cuando era candidato. Ahí no hay manera de hacer contraloría.