Las clases medias, vivienda y ahorro
Para vastos sectores sociales poseer una vivienda, además de satisfacer una necesidad básica, constituye simultáneamente una inversión familiar realizada también sobre el supuesto que en condiciones normales, en el tiempo, constituye una protección del patrimonio familiar, y siendo un activo “real” es muy probable que los efectos de la inflación y la depreciación de la moneda, ceteris paribus, estarían cubiertos con la adquisición de un activo in mobiliario, sea como vivienda principal o como ahorro permanente previsional.
Así sido tradicional en Venezuela, salvo algunos años en medio de circunstancias extraordinarias, invertir en una vivienda también podría ser una decisión no óptima, que en última instancia destruya parte del capital familiar e individual, sobre todo porque el marco jurídico y regulatorio de ese mercado inmobiliario evita que la inversión fluya libremente al mismo tiempo que permita satisfacer esas necesidades básicas. En condiciones “normales”, nada más lógico para el ahorro familiar que comprar una vivienda para vivir y cubrir la depredación del ahorro familiar esencialmente aquella producida por malas políticas económicas y malos gobiernos por inflación y envilecimiento de la moneda.
Vivienda principal y balance familiar
Ese ha sido, palabras más o menos, la lógica de la inversión en viviendas por parte de los sectores medios. El venezolano y su familia disponían así de un capital en un activo real en su balance personal y familiar, el cual le permitía al mismo tiempo apalancarse financieramente en la medida que las obligaciones hipotecarias derivadas de la adquisición de la vivienda fuesen canceladas, -un promedio de 10 años. Para otros, en una inversión para sus hijos como vivienda principal o como mecanismo de cobertura y protección frente a la inflación y a la depredación del bolívar; ese comportamiento económico y financiero hizo que a todo evento en el balance familiar o individual, el activo de mayor valor es -o era- la vivienda.
Y como acotamos arriba, el mercado respondía rápidamente –cuando los gobiernos lo permitían- a esas preferencias de las familias y se organizaba desde la autopromoción programada urbanizando y construyendo, desde la auto-construcción, hasta la producción masiva de viviendas por promotores y urbanizadores privados y cuya obligación social y económica comenzaba precisamente con la adquisición de tierras urbanas y urbanizables para construir la oferta habitacional privada. Así con grandes economías de escala se construyeron cientos de miles de viviendas en urbanizaciones por todo el país. Las cosas, sin embargo, han comenzado a cambiar ahora que la revolución busca apoderarse del mercado de vivienda para los sectores medios, y ha comenzado expropiando tierras urbanas y viviendas construidas eliminado los mecanismos naturales de arbitraje entre urbanizadores y compradores. Ese proceso parece terminar, con la razzia comunista que comienza estatizando tierras urbanas y viviendas terminadas.
Dueño de la vivienda o usuario o inquilino del Estado
El paquete revolucionario nos trae entonces el fin del mercado sobre las tierra urbanas, apunta a su estatificación y traza rápidamente su regulación, de manera simétrica a como se estatizan las llamadas tierras agrarias donde las cartas agrarias eliminaron la propiedad privada sobre tierras cultivables. En este caso de tierras urbanas y viviendas, el usuario de la vivienda –su comprador- no tiene por qué ser dueño la tierra o parcela o propiedad horizontal, sino usuario de la vivienda como existe en Cuba, por ejemplo. Así, las leyes y la violencia política de la revolución le arrebata a los ciudadanos su país para ponerlo al servicios de intereses políticos y mercantiles auspiciados por la revolución. Aunque a la gente le ha costado aprender ese proceso, nunca lo creyó, ahora le está tocando aprenderlo en la piel.
Las expropiaciones de esas tierras urbanizables y en construcción, y que son decisiones arbitrarias e ilegales del gobierno encierran un fenómeno aún más perverso: empobrecer y descapitalizar a los sectores medios, dado que el derrumbe del marco jurídico dispuesto para defender la propiedad privada –vivienda- de terceros, y particularmente del Estado, afecta severamente el mercado a través de un proceso de depredación y envilecimiento de los precios de las viviendas. Política y socialmente hablando, el gobierno buscaría también inmovilizar la reacción política y social de la gente hasta hacerla parte del régimen de servidumbre que se ha venido estableciendo para atender las necesidades de los venezolanos menos favorecidos en el reparto del ingreso nacional.
Languidece el mercado inmobiliario
De esta manera, la depredación de los precios producida por las expropiaciones de tierras urbanas y urbanizadas y por la sobrerregulación del mercado de viviendas con leyes restrictivas a la compra-venta de viviendas y otros activos inmobiliarios –vía precios- y otras regulaciones, traerá como consecuencia la depredación de precios acotada anteriormente, por el alza insoportable económico y financiero de los costos de transacción que hacen penoso ventas y la realización de las inversiones en vivienda. Todo funcionaria como un entorno para el empobrecimiento dado que esos activos en el balance personal y familiar se descapitalizarían y desvalorizarían.
La señal que se envía es que el Estado se apodera ahora de la urbanización y construcción de viviendas para todos los estratos medios y es una mala noticia, porque la demanda por viviendas no la podrá satisfacer un Estado corrupto e ineficiente, y mucho menos ahora como urbanizador y constructor. A manera de ejemplo veamos que en estos once años de revolución el Estado y el gobierno no han podido construido ni la cuarta parte de las viviendas construidas por el sector privado. Ello muestra la debacle que se avizora en el mercado de viviendas ahora que el Estado busca también en este sector de la economía desplazar al sector privado.
(*)Economista, PhD (London)
@alexguerreroe
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