ND.- El alcalde del municipio Baruta, Gerardo Blyde, se refirió a la expropiación de un lote de terreno de 3,8 hectáreas ubicado en la zona denominada Alto de Pariaguán. Aseguró que “no existen en la zona los servicios mínimos indispensables para poder realizar un desarrollo habitacional de alta densidad poblacional”.
A continuación la nota de prensa de la Alcaldía de Baruta:
En Gaceta Oficial No. 39.667 de fecha 05 de mayo de 2011, fue publicada la expropiación ordenada por el Presidente de la República de un lote de terreno de 3.8 hectáreas ubicado en la zona denominada Alto de Pariaguán, antigua carretera Baruta-Turgua, mejor conocida como Urbanización Gavilán Los Chávez.
Conforme a los registros del Catastro Municipal de Baruta el inmueble expropiado forma parte de un lote de mayor extensión que en registro pertenece a la sociedad mercantil Herarga, C.A..Se encuentra ubicado íntegramente dentro la Zona Protectora del Area Metropolitana de Caracas (Gaceta Oficial No.29.859 del 20-07-1972), que contiene regulaciones muy fuertes y específicas para su desarrollo. La zona no posee servicios porque es un lote no urbanizado y además se encuentra parcialmente ocupada por unos pocos pisatarios desde hace años.
Sobre esos terrenos ha habido una controversia de vieja data sobre la verdadera titularidad de los mismos dado que varias sucesiones se reclaman los derechos de propiedad.
No existen en la zona los servicios mínimos indispensables para poder realizar un desarrollo habitacional de alta densidad poblacional. La zonificación que rige al lote sólo permite, para evitar daños ambientales irreparables al Valle de Caracas, una baja densidad poblacional por hectárea (máximo 20 habitantes por hectárea). De aumentarse la densificación se continuaría con la destrucción de la zona protegida ambientalmente que es vital como factor regulador del clima de la ciudad, entre otras cosas.
Si el gobierno nacional pretende en el lote expropiado realizar un desarrollo habitacional de alta densidad, violará la Zona Protectora y causará daños ambientales al valle de Caracas. Cualquier desarrollo habitacional en la zona debe respetar la densidad poblacional que esta controlada. Además no existen vías de acceso adecuadas para un desarrollo de alto impacto, así como tampoco posee colectores de aguas negras (cloacas) ni suficiencia de servicio de aguas blancas, y es lógico que así sea, por cuanto esta comprendido dentro de una zona protegida en la que está prohibido el desarrollo densificado de viviendas.
El decreto expropiatorio no señala que tipo de desarrollo habitacional se pretende construir en el sitio. Se limita a señalar que se expropia “para la ejecución de las obras para la construcción de viviendas dignas para el pueblo venezolano y su buen vivir” y luego señala en específico al lote dentro del cual desarrollará una obra a la que denomina “Mi Nueva Venezuela”. Con la información contenida en el decreto de expropiación resulta imposible evaluar si se afectará de forma irreversible a la zona protectora pues no ha sido presentado a la Alcaldía ese proyecto denominado La Nueva Venezuela.
Es fundamental también señalar que en toda la zona existe una evidente fragilidad geológica que en cada temporada de lluvias se materializa con deslizamientos importantes. Este riesgo geológico debe ser también tomado en cuenta por quienes pretendan realizar un desarrollo habitacional en el lote expropiado.
Como alcalde, no me opongo a que se construyan viviendas dignas para los venezolanos, pero las que se vayan a construir en ese sitio, deben prever la fragilidad geológica de la zona, la baja densidad poblacional que debe mantenerse dentro de la zona protectora, la falta de servicios públicos necesarios hasta para el desarrollo controlado y la proximidad a otros asentamientos cercanos como es el caso de Bucarito.
De no cumplirse con todo esto, se estará repitiendo la misma historia de siempre: desarrollos habitacionales sin planificación ni servicios, sin aguas blancas y sin cloacas, daños ambientales irreparables y hasta podrían producirse pérdidas de vidas y de las propias viviendas por riesgos geológicos, que no garantizarán el “buen vivir” al que se refiere el decreto de expropiación
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