Y viejos trucos
Tretas judiciales
Cuando el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, reveló que buscaría la candidatura presidencial en las primarias de la Mesa de la Unidad, todo el mundo adivinó que le inventarían un juicio que colocaría fuera de juego al mandatario regional.
Pues el viernes, según la prensa, el juzgado de sustanciación de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia decidió admitir una petición de antejuicio de mérito contra el gobernador Capriles. La acusación lo señala por presuntos "delitos de estafa a la nación con ánimo doloso y corrupción administrativa".
Qué rápido se movió la honorable magistrada Luisa Estella Morales para tomar una decisión que tiene profundas repercusiones políticas y electorales. Que lástima que la señora Morales no se ocupara de Diosdado y del expediente que sobre su gestión mirandina reposa en la Fiscalía. Eso sí sería buena justicia.
A pesar de la importancia que para muchos venezolanos tiene esta decisión, el Tribunal Supremo se limitó a expedir una simple nota en la cual se aclaraba que el fallo había sido suscrito por la magistrada Morales, en su condición de presidenta de la Sala Plena. La parte acusadora, según la nota de prensa, argumentó su petición "señalando que Capriles habría incurrido en los delitos tipificados en el artículo 466 del Código Penal".
Este artículo del Código Penal indica que será objeto de pena de prisión de uno a cuatro años quien defraudare a otro "promoviendo una sociedad por acciones en que se hagan afirmaciones falsas del capital de la compañía o se oculten fraudulentamente hechos relativos a ella". ¿Qué pasaría si esto se le aplicara a Diosdado y sus negocios? ¿Quién quedaría como culpable y quien como honesto? Desde luego que aquello que está claro es que al gobernador Capriles lo quieren sacar de la carrera presidencial usando subterfugios de carácter jurídico. Pero el truco es viejo y se lo aplicó con la misma intención electoral el difunto contralor a Leopoldo López para impedir su candidatura a la Alcaldía Metropolitana de Caracas. Igual perdieron porque no se trata de candidatos sino del profundo rechazo que un sector mayoritario del país siente ante la desastrosa gestión oficial.
Hace dos días atrás la parcializada justicia bolivariana condenó a dos años de prisión a Oswaldo Álvarez Paz, ex gobernador del Zulia, prisionero de los golpistas del 4 de febrero, y hoy candidato en las primarias de la Mesa de la Unidad. Qué extraña coincidencia que tantos precandidatos de la oposición sean sometidos a juicio o inhabilitados desde la alta cúpula de la justicia.
¿Cuál es el temor oficialista a que estos venezolanos puedan ser aspirantes a la presidencia de la República? ¿Tan mal está el partido de gobierno que debe incurrir en estos errores de parcialidad de la justicia para inhabilitarlos? Si tienen un gallo fino para lanzarlo a la pelea ¿por qué el miedo a perder? ¿O es que acaso lo que tienen es un gallo pataruco?
Pues el viernes, según la prensa, el juzgado de sustanciación de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia decidió admitir una petición de antejuicio de mérito contra el gobernador Capriles. La acusación lo señala por presuntos "delitos de estafa a la nación con ánimo doloso y corrupción administrativa".
Qué rápido se movió la honorable magistrada Luisa Estella Morales para tomar una decisión que tiene profundas repercusiones políticas y electorales. Que lástima que la señora Morales no se ocupara de Diosdado y del expediente que sobre su gestión mirandina reposa en la Fiscalía. Eso sí sería buena justicia.
A pesar de la importancia que para muchos venezolanos tiene esta decisión, el Tribunal Supremo se limitó a expedir una simple nota en la cual se aclaraba que el fallo había sido suscrito por la magistrada Morales, en su condición de presidenta de la Sala Plena. La parte acusadora, según la nota de prensa, argumentó su petición "señalando que Capriles habría incurrido en los delitos tipificados en el artículo 466 del Código Penal".
Este artículo del Código Penal indica que será objeto de pena de prisión de uno a cuatro años quien defraudare a otro "promoviendo una sociedad por acciones en que se hagan afirmaciones falsas del capital de la compañía o se oculten fraudulentamente hechos relativos a ella". ¿Qué pasaría si esto se le aplicara a Diosdado y sus negocios? ¿Quién quedaría como culpable y quien como honesto? Desde luego que aquello que está claro es que al gobernador Capriles lo quieren sacar de la carrera presidencial usando subterfugios de carácter jurídico. Pero el truco es viejo y se lo aplicó con la misma intención electoral el difunto contralor a Leopoldo López para impedir su candidatura a la Alcaldía Metropolitana de Caracas. Igual perdieron porque no se trata de candidatos sino del profundo rechazo que un sector mayoritario del país siente ante la desastrosa gestión oficial.
Hace dos días atrás la parcializada justicia bolivariana condenó a dos años de prisión a Oswaldo Álvarez Paz, ex gobernador del Zulia, prisionero de los golpistas del 4 de febrero, y hoy candidato en las primarias de la Mesa de la Unidad. Qué extraña coincidencia que tantos precandidatos de la oposición sean sometidos a juicio o inhabilitados desde la alta cúpula de la justicia.
¿Cuál es el temor oficialista a que estos venezolanos puedan ser aspirantes a la presidencia de la República? ¿Tan mal está el partido de gobierno que debe incurrir en estos errores de parcialidad de la justicia para inhabilitarlos? Si tienen un gallo fino para lanzarlo a la pelea ¿por qué el miedo a perder? ¿O es que acaso lo que tienen es un gallo pataruco?
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