Editorial El Nacional

Y la demanda

Contra la oferta

Negar la realidad es la peor manera de gobernar. En eso se empeña el Gobierno cuando pretende detener la especulación y el alza de precios mediante decretos, leyes y superintendencias. Tal es el caso de la nueva Ley de Costos y Precios aprobada por el presidente Chávez.
Se trata de uno más de tantos intentos, acompañados de amenazas represivas, que han tenido el mismo propósito. Todos han fracasado estrepitosamente y nos mantienen como uno de los países con más alta inflación en el mundo y siempre al borde del desabastecimiento.

Lo más lamentable es que la realidad que origina el aumento de precios, la escasez y la especulación es creada por las políticas del Gobierno, que no entiende que hay ciertos equilibrios básicos que se deben tomar en cuenta para el funcionamiento de la economía y que estos no se pueden manejar sólo desde la Gaceta Oficial.
Entre esos equilibrios se encuentra el de la oferta y la demanda.
Sin embargo, el artículo 21 del proyecto de ley afirma: "No será considerado como mecanismo de formación del precio el criterio de oferta y demanda que ha regido en el sistema capitalista".
Se olvidan de que eso ha regido en cualquier sistema conocido, y que la afirmación es algo así como suprimir el norte y el sur para orientarse.
El problema que ha llevado al fracaso de la vigilancia y de los supervisores, como el ahora desfallecido Indepabis, no consiste en el debate teórico sobre si los controles de precios son o no ineficientes. El asunto es que deben ser racionales. Y que cuando la diferencia entre los precios decretados y la realidad del mercado es demasiado grande se producen dañinas deformaciones.
Es el caso del contrabando de gasolina a Colombia. La diferencia de precio es tal que no ha habido ni habrá medida que sea capaz de detenerlo. Otro ejemplo es el de las cabillas, el cual muestra que la escasez puede provocar corrupción aun en las empresas que controla directamente el Estado. Porque cuando los caprichos de los gobernantes pretenden enfrentarse a la realidad, esta última suele vengarse cruelmente.
Y cuando las autoridades se empeñan tercamente en seguir el mismo curso de acción a pesar de fallar en todas sus acciones, les aparecen nuevos fracasos y enemigos, sean estos los comerciantes inescrupulosos, los tramposos de Pdval, los populares buhoneros, los concesionarios de Mercal o las desesperadas amas de casa que necesitan leche para sus bebés y acuden al mercado negro.
Si esto es dañino para el Gobierno, lo es más para el grueso de la población, que se ve sometida a medidas cada vez más represivas que no le permiten comprar suministros en paz y sin temor.
Porque si comprar la leche en polvo al buhonero especulador es un delito y hasta las madres caritativas pueden ser castigadas, es peor para la economía y los productores, que ­para no registrar pérdidas o ir presos­ dejan de producir.