Justicia de Mármol
Jueces con miedo
Este domingo, en una entrevista que será recordada por mucho tiempo por la rotunda sinceridad, valor y coraje de una admirable mujer venezolana, la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León, afirmaba que en Venezuela "nadie puede dormir tranquilo y quien lo hace es porque no ha reflexionado sobre la gravedad del deterioro de la administración de justicia". Más adelante agregaba con igual valentía que "con jueces miedosos y dispuestos a complacer al que detenta el poder político económico, todos los ciudadanos estamos en peligro de prisión y de muerte".
Quien le habló a los lectores de este diario con esa claridad sobre los problemas de la justicia en Venezuela es la única voz que clama en ese desierto en que se ha convertido el máximo tribunal desde que el Ejecutivo, perversamente, decidió penetrar y domesticar a los otros poderes e instituciones que pudieran poner en peligro su necesidad insaciable de controlarlo todo.
La magistrada Mármol de León, además de luchar contra los demonios internos que se mueven dentro del Palacio de Justicia, debe enfrentar las "medidas de seguridad" que impiden a los periodistas acceder a su despacho para conversar o aclarar tantos y tan diversos asuntos que están en la agenda de la preocupación ciudadana. Cuando nuestros reporteros acudieron a su oficina les cerraron el paso pero, para desgracia profesional, no fueron los guardias de seguridad sino un veterano periodista y ex líder sindical, hoy trocado en sabueso guardián de "las órdenes de arriba".
El cerco informativo tiene que ver con algo muy concreto y evidente: a los miembros del TSJ les está prohibido ventilar públicamente las importantes decisiones que allí se toman. Como es común en cualquier cuerpo colegiado, surgen discrepancias e interpretaciones diversas sin que ellas pongan en peligro la esencia de lo decidido, si ello estuviera bien fundamentado en el fondo jurídico de la materia. Cualquier discrepancia sólo enriquece la decisión o tal vez permite argumentar, si ello es el caso, un nuevo recurso, lo cual es totalmente aceptable.
Pero según las declaraciones de la valiente magistrada Blanca Rosa Mármol de León "si un juez acuerda la libertad de una persona que el Gobierno quiere mantener presa puede ser destituido y hasta encarcelado, como la jueza María Lourdes Afiuni.
La mayoría de los jueces no tienen fortaleza profesional ni ética para administrar justicia y no vacilan en entregar la libertad de una persona a cambio de su permanencia en el cargo".
Ayer, por ejemplo, una maniobra del Gobierno se derrumbó estrepitosamente cuando, por una sentencia "firmada por la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estella Morales", se declaró la nulidad absoluta de la investigación contra el gobernador Henrique Capriles porque el demandante carece de "legitimidad o representación" para llevar adelante la acción en nombre del PSUV. Un saco de gatos.
Quien le habló a los lectores de este diario con esa claridad sobre los problemas de la justicia en Venezuela es la única voz que clama en ese desierto en que se ha convertido el máximo tribunal desde que el Ejecutivo, perversamente, decidió penetrar y domesticar a los otros poderes e instituciones que pudieran poner en peligro su necesidad insaciable de controlarlo todo.
La magistrada Mármol de León, además de luchar contra los demonios internos que se mueven dentro del Palacio de Justicia, debe enfrentar las "medidas de seguridad" que impiden a los periodistas acceder a su despacho para conversar o aclarar tantos y tan diversos asuntos que están en la agenda de la preocupación ciudadana. Cuando nuestros reporteros acudieron a su oficina les cerraron el paso pero, para desgracia profesional, no fueron los guardias de seguridad sino un veterano periodista y ex líder sindical, hoy trocado en sabueso guardián de "las órdenes de arriba".
El cerco informativo tiene que ver con algo muy concreto y evidente: a los miembros del TSJ les está prohibido ventilar públicamente las importantes decisiones que allí se toman. Como es común en cualquier cuerpo colegiado, surgen discrepancias e interpretaciones diversas sin que ellas pongan en peligro la esencia de lo decidido, si ello estuviera bien fundamentado en el fondo jurídico de la materia. Cualquier discrepancia sólo enriquece la decisión o tal vez permite argumentar, si ello es el caso, un nuevo recurso, lo cual es totalmente aceptable.
Pero según las declaraciones de la valiente magistrada Blanca Rosa Mármol de León "si un juez acuerda la libertad de una persona que el Gobierno quiere mantener presa puede ser destituido y hasta encarcelado, como la jueza María Lourdes Afiuni.
La mayoría de los jueces no tienen fortaleza profesional ni ética para administrar justicia y no vacilan en entregar la libertad de una persona a cambio de su permanencia en el cargo".
Ayer, por ejemplo, una maniobra del Gobierno se derrumbó estrepitosamente cuando, por una sentencia "firmada por la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estella Morales", se declaró la nulidad absoluta de la investigación contra el gobernador Henrique Capriles porque el demandante carece de "legitimidad o representación" para llevar adelante la acción en nombre del PSUV. Un saco de gatos.
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