Editorial El Nacional

Una mala jugada

Ley antideportiva

Desde que el gobierno bolivariano llegó al poder le puso el ojo al deporte con la intención de convertirlo en una fuente de propaganda para el régimen, tal como ocurre en Cuba. Allá acabaron con toda participación profesional en la actividad deportiva dentro o fuera de la isla. El argumento fue que los atletas eran explotados comercialmente, que luego eran abandonados a su suerte y que terminaban en la miseria.

De manera que Fidel y sus ministros se erigieron desde el poder como los dueños de los deportistas que, si triunfaban y ganaban medallas en el exterior, tenían derecho a privilegios que al resto de la población les estaba vedado. Gozaban de una libreta especial de alimentación: carne, leche, huevos en abundancia.
Y casas bien dotadas y en mejores condiciones que el resto de la población.
Poco a poco se fueron convirtiendo en una élite que viajaba al exterior y traía consigo todo tipo de equipos electrónicos, zapatos y ropa de vestir de marca. Algunos de ellos se aficionaron al dopaje y, en varias ocasiones en Venezuela, los periodistas los vieron con los ojos "prendidos" más allá de un simple vaso de licor.
Lo cierto es que quienes anunciaron la desprofesionalización del deporte terminaron haciendo lo mismo que le criticaban a sus enemigos: en Cuba la gente comenzó a vivir profesionalmente del deporte en la misma medida en que ello le permitía un estatus superior en su calidad de vida.
Lo más cínico del caso es que si a algún joven prospecto del boxeo, o del beisbol, o del atletismo se le ocurría abandonar Cuba para probar suerte libremente en otros escenarios internacionales, entonces era acusado de "desertor", como si fueran militares en medio de una guerra.
Ahora, como Venezuela va para atrás como el cangrejo, se ha aprobado una Ley del Deporte que si bien contiene aspectos que era necesario normar, también tiene su piquete al revés por enfilar su proa contra el apoyo que la empresa privada le da al sector, no sólo profesional sino amateur. Porque, quiérase o no, la ambigüedad en la redacción del artículo 66, en el que se establece la creación del Fondo Nacional para el Desarrollo del Deporte, abre la puerta para que, en vez de aumentarse y fomentarse las contribuciones, más bien se reduzcan a lo mínimo establecido por la ley.
Si bien se logró el acuerdo de que el aporte privado fuese de 1% de "utilidades netas y no de ingresos brutos", como se había planteado al principio, y también se conquistó la opción de dar todo ese porcentaje al fondo o aportar 0,5% a proyectos propios del contribuyente, lo cierto es que nadie va a dar más de lo que la norma legal le exige.
Lo que proponían inicialmente era que todo iba al fondo y que era el Estado quien aprobaba los patrocinios. Desde luego que el asunto estaba hecho para prohibirle a Polar que patrocinara actividades deportivas. Y es que hasta en el deporte le salen mal las jugadas.