Los especialistas consideran que la aplicación de la regulación de precios en los productos de higiene personal y limpieza del hogar es inviable

Asdrúbal Oliveros considera que criterios para evaluar cargas fueron "muy rigurosos". "La estructura tributaria hay que incluirla para poder tener una rentabilidad neta de eso. Ese es el punto que no les reconoce el Gobierno, que es una arbitrariedad y que va incluso en contra de la legislación moderna en materia tributaria sobre ese particular", dijo.

El análisis de la Superintendencia Nacional de Costos y Precios (Sundecop) no reconoció algunas cargas que estaban contempladas en las estructuras de costos de las empresas para regular los precios de 19 categorías de productos, que a juicio de algunos analistas sí guardan relación con los presupuestos de esas industrias


Los ingresos y egresos relacionados con el Impuesto Sobre la Renta (ISLR) fueron descartados por las autoridades por considerar que las empresas no pueden trasladar esas estimaciones al consumidor, en vista de que se trata de un impuesto que pecha un porcentaje de la utilidad que se debe pagar al Fisco sin cargarlo a las estructuras de costos. Del mismo modo, el organismo desechó los descuentos por promoción en tienda que las empresas cargaron como parte de los costos, por considerar que era ofertas engañosas. El economista Asdrúbal Oliveros considera que los criterios aplicados sobre la exclusión de esas cargas son "rigurosos", porque existe una comunicación del Seniat donde se reconoce en las estructuras de costos el impacto en la rentabilidad por los impuestos. "La estructura tributaria hay que incluirla para poder tener una rentabilidad neta de eso. Ese es el punto que no les reconoce el Gobierno, que es una arbitrariedad y que va incluso en contra de la legislación moderna en materia tributaria sobre ese particular", indicó Oliveros. Asimismo, el economista explicó que las empresas incluyen las ofertas cruzadas como parte de los costos contables, que es la forma "transparente" de reflejarlo. "Más que un tema de si es un costo o no, es un tema de transparencia y tiene que verse reflejado en los diferentes balances de estas empresas, porque además tienen impacto en la rentabilidad", agregó Oliveros. Considera que el Gobierno deberá flexibilizar esos criterios más adelante porque la medida afectará las ofertas al consumidor, y podría generar escasez e inflación en esos productos que se están regulando. La Sundecop también descartó como parte de los costos los impactos financieros por retraso en el cobro de regalías; retraso en cobro de dividendos; por pérdida cambiaria en importación de materia prima; y por retraso en la recuperación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) retenido. En ese sentido, Oliveros considera que si bien esas cargas no son imputables directamente a la producción, las mismas derivan de las políticas del Ejecutivo, por lo tanto, deben ser reconocidas como parte de los costos de las empresas. Considera que la medida recae fundamentalmente sobre las empresas multinacionales, que son las que reportan mayores pérdidas contables por ajuste cambiario, por regalía y por repatriación de dividendos. "¿Cómo hace una empresa a la que le deben unos dividendos al cambio de Bs 2,15 y se devaluó? Tiene que meter el ajuste porque de lo contrario se estaría obviando el tipo de cambio a la casa matriz. Este es uno los puntos de mayor impacto en Venezuela. No será imputable a la producción, pero sí a la ineficiencia del sector público", expresó. A pesar de la medida, Oliveros no cree que vaya a haber un impacto en el corto plazo sobre la inversión privada en el país, pues estima que las empresas mantendrán su operatividad por lo menos hasta las elecciones presidenciales de octubre. El escepticismo Los especialistas consideran que la aplicación de la regulación de precios en los productos de higiene personal y limpieza del hogar es inviable, y podría convertirse en un "autogol" para el Ejecutivo. En 2003 se estableció un primer control de precios en estos productos que al final no se cumplió. Una lista de 63 productos publicada en Gaceta Oficial en ese entonces, se derogó a los pocos días cuando el Ejecutivo emitió un nuevo listado con 242 artículos. El Ejecutivo nacional no tuvo la capacidad de contener el alza en los precios de esos productos, y prefirió optar por no supervisarla. No obstante, la Superintendente Nacional de Costos y Precios, Karlin Granadillo señaló que anteriormente no había mecanismos para fiscalizar los precios, y garantizó que en esta oportunidad sí se cumplirá la regulación de precios en las 19 categorías de productos. Además informó que la revisión a las empresas será constante y que en una segunda etapa se profundizará la inspección en las empresas. acontreras@eluniversal.com