2011 fue un año de menos ajetreo para la Contraloría General de la República. Al menos esto es lo que se desprende del informe anual que ese organismo le entregó a la Asamblea Nacional el pasado jueves y en el cual informa que el número de auditorías que realizó a organismos públicos, de expedientes que remitió al Ministerio Público contra funcionarios públicos y de denuncias que ciudadanos le presentaron por supuestos malos manejos cayeron en comparación con 2010.
La contralora encargada, Adelina González, en su reporte al Parlamento -el primero que entrega desde que sustituyó al fallecido Clodosbaldo Russián- informó que su despacho realizó durante el año pasado 606 actuaciones en distintos organismos de la administración pública nacional, estadal y municipal, cifra que representa una disminución del 22% en comparación con las 745 actividades similares que practicó en 2010.
Asimismo dio cuenta de que el número de casos de presunto enriquecimiento ilícito de funcionarios que su despacho envió al Ministerio Público para que los investigue y lleve a los sospechosos ante los tribunales cayó en 54%, pues en 2011 apenas remitió cinco expedientes, mientras que en el período previo envió once.
En el reporte no se precisa la identidad ni el número de funcionarios a los que la Contraloría considera sospechosos de haberse metido en su bolsillo dinero del erario público y solo figura que laboraban en las alcaldías de Tucupita y de Perdenales, ambas de Delta Amacuro; y de Cabimas y La Cañada de Urdaneta en el Zulia; así como en la Contraloría regional de esa entidad occidental.
Sin embargo, el organismo conducido por González si se informó que los indicios contra los servidores surgieron al revisar las declaraciones juradas de patrimonio que presentaron en 2006, 2007, 2008 y 2009 y al observar que poseían bienes y dinero por el orden de 4,13 millones de bolívares, cifra que no se compaginaba con sus ingresos oficiales.
A parte de estos expedientes, la instancia encargada de velar por el buen uso de los fondos públicos envió al Ministerio Público 28 casos más que le requirió este último para sustanciar investigaciones que venía adelantando.
La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, en su informe anual al Parlamento, reveló que su despacho duplicó el año pasado el número de acusaciones por presuntos hechos de corrupción, al pasar de 3.374 en 2010 a 5.646.
Menos denuncias
El número de ciudadanos que acudieron a la Contraloría a dejar constancia de sus sospechas de que había malos manejos en ciertos organismos del Estado también cayó en 2011. En el reporte de la instancia contralora se afirma que en los doce meses anteriores se presentaron 209 denuncias, mientras que en 2010 fueron 386.
González, en su informe, aseguró que 52 de esas quejas ya fueron resueltas, 37 desechadas y otras 120 están siendo estudiadas en estos momentos.
Donde no hubo prácticamente variación fue en el número de funcionarios inhabilitados para el ejercicio de cargos públicos. En 2010 fueron inhabilitados 12 y en 2011 10 más.
Asimismo reveló que el año pasado quedaron firmes otras 183 multas, suspensiones del cargo y medidas que le impiden a funcionarios seguir en sus puestos y volver a trabajar en la Administración Pública, bien sea porque sean electos por el voto o porque sean designados.
Por último, González informó que su despacho interpuso a 30 personas sanciones económicas por el orden de 3,2 millones de bolívares (373 mil por concepto de multas y 2,9 millones por reparos al Fisco).
El Universal
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