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jueves, 14 de junio de 2012

En el plan Chávez las comunas minimizan al poder regional


De resultar reelegido en las elecciones del 7 de octubre, Hugo Chávez se dispone a profundizar en un sistema donde las comunas ganan preponderancia en la administración del dinero de la Nación, algo que forzosamente, continuará debilitando el poder y los recursos que gestionan las gobernaciones y alcaldías.

Las comunas están formadas por distintos consejos comunales, instancias donde la población seguirá organizándose de manera más decidida (ya existen 41 mil), de acuerdo al plan de vuelo del oficialismo.

Hugo Chávez contempla la creación de 21 mil consejos comunales entre 2013 y 2016 y entre 2017 y 2019, otros 2 mil 699 cada año.

Para administrar el dinero que deberá fluir hacia estos nuevos consejos comunales está previsto crear 3 mil bancos comunales (ya existen 52) "que servirán para consolidar la nueva arquitectura financiera del Poder Popular", dice el documento entregado por Hugo Chávez al CNE.

Un aspecto fundamental es que el chavismo se dispone a organizar a las comunidades con nuevas instancias de poder, por ejemplo, aparte de los consejos comunales y los bancos comunales, está previsto que cada comuna tenga un parlamento, consejo ejecutivo, consejo de planificación, consejo de economía, que en buena medida asumirían las atribuciones que actualmente tienen las gobernaciones y alcaldías.

Dinero en el barrio

Los consejos comunales, cuya creación comenzó en 2006, ya gestionan una cantidad de recursos muy importante.

En 2010 una reforma legal creó el Fondo de Compensación Interterritorial que recibe 15% de lo que el Estado obtiene por IVA, desembolsos por la Ley de Asignaciones Económicas Especiales, más transferencias del Ejecutivo y este Fondo bombea recursos para los consejos comunales que, anteriormente, ingresaban a las gobernaciones y alcaldías.

De acuerdo al presupuesto de este año el Fondo de Compensación Interterritorial manejará 15 mil 900 millones de bolívares de los cuales 30%, unos 4 mil 770 millones, se destinarán al Poder Popular, es decir, a proyectos presentados por los consejos comunales.

Al mismo tiempo, para aumentar los billetes que fluyen a los consejos comunales, el Gobierno introdujo cambios en la Ley de Bancos que ya reportan ingresos.

La modificación obliga a los bancos a destinar 5% de las ganancias que obtienen al cierre de cada semestre "a proyectos comunales u otras formas de organización social".

Es difícil precisar el monto de los recursos que fluyeron hacia el "Poder Popular" en años anteriores, pero en 2010, Hugo Chávez explicó que para ese entonces había desembolsado un total de 11 mil 500 millones de bolívares que equivalían a 5 mil 200 millones de dólares.

Poco control

El año pasado la Contraloría General de la República solo supervisó cuatro consejos comunales y en todos detectó fallas, resaltando "debilidades de control interno en lo que respecta a la documentación que respalda las operaciones financieras, en virtud de que se realizaron pagos por la totalidad de 1,78 millones de bolívares, los cuales carecen de los soportes demostrativos de los conceptos que generaron el pago".

La Contraloría también determinó deficiencias en los bancos comunales que han obtenido dinero del Fondo de Desarrollo Microfinanciero (Fondemi).

"Se evidenció en Fondemi, un inadecuado seguimiento y control de los recursos otorgados a los bancos comunales, toda vez que estos no fueron transferidos en su totalidad a las comunidades organizadas; asimismo los expedientes examinados no contienen los informes técnicos mediante los cuales los bancos comunales hayan presentado la rendición de cuenta", dice el informe de la Contraloría al cierre de 2011. Provincia sin boom

Aparte de las comunas, el manejo presupuestario del Ejecutivo se traduce en que el boom petrolero no llega en toda su magnitud a las alcaldías y gobernaciones.

Aunque el precio es muy superior, el presupuesto de este año se aprobó con un valor de tan solo 50 dólares para el barril de petróleo.

Al subestimar el precio del petróleo disminuye el dinero que reciben gobernadores y alcaldes por situado constitucional, una norma que obliga a desembolsar a las regiones hasta un máximo de 20% del ingreso provenientes de las fuentes ordinarias como es el caso de las exportaciones petroleras.

El Universal