La mayoría de los integrantes de las organizaciones delictivas no han sido detenidos
A un año de la Operación de Liberación del
Pueblo, compuesta por militares y policías, persisten los asesinatos y
secuestros, así como los casos de robo y hurto de vehículos en la Cota
905, los Valles del Tuy y Barlovento
Un
año ha transcurrido desde el lanzamiento de la Operación de Liberación
del Pueblo por el gobierno para combatir la inseguridad. Este plan
contra la delincuencia, el número 25 en 17 años, fue presentado en su
momento por el ministro de Relaciones Interiores Justicia y Paz, Gustavo
González, así como por el presidente Nicolás Maduro, el 13 de julio de
2015, como un procedimiento militar y policial en las barriadas del país
para el desmantelamiento de bandas delictivas vinculadas con el
paramilitarismo y garantizar el retorno de la tranquilidad,
especialmente en comunidades donde esas organizaciones ejercen dominio.
Sin
embargo, los procedimientos del Sebin, la GNB, el Cicpc y la PNB no han
contenido el auge delictivo en sectores populares, donde las megabandas
se han fortalecido y, por el contrario, han favorecido los atropellos,
según el director del Observatorio Venezolano del Delito Organizado,
Luis Cedeño.
"Las fuerzas que incursionan en las comunidades no están capacitadas en derechos humanos y han incurrido en abusos".
Fuentes
policiales afirman que en la Cota 905, Ocumare del Tuy y los municipios
Acevedo y Andrés Bello, en Barlovento, consideradas zonas de paz y
donde las bandas han impuesto un toque de queda, los delitos no han
mermado en el último año. Solo en la Cota 905 los cuerpos de seguridad
reportan 2 asesinatos y 7 secuestros semanales, así como 10 casos de
robo y hurto de vehículos.
En
Barlovento manejan un promedio de 4 homicidios semanales y 10 denuncias
de plagio. En Ocumare del Tuy ocurren hasta 6 muertes violentas a la
semana y operan 15 organizaciones delictivas, la mayoría integradas por
más de 15 hombres, según reportes.
Los
vecinos de esas poblaciones también perciben que los despliegues de los
cuerpos de seguridad no han dado los resultados esperados. ³No salgo a
la calle después de las 6:00 de la tarde. La semana pasada me asaltaron
dos muchachos que no llegaban a 17 años. Me quitaron no solo la cartera,
sino también las bolsas de comida. Hace dos semanas asesinaron a una
dirigente vecinal por denunciar en la policía. Entonces, ¿de qué sirvió
la intervención de la GNB y de la policía? Esto solo nos trajo dolor y
en ese despliegue pagaron víctimas inocentes, pues a mi esposo se lo
llevaron cuando se dirigía a su trabajo², dijo una vecina de la Cota
905, que pidió mantener su nombre en reserva.
La
mayoría de los integrantes de las organizaciones delictivas no han sido
detenidos. "Hemos detectado que son informados previamente sobre estos
procedimientos y se esconden en hoteles o en otras comunidades. De las
17.000 personas que fueron capturadas en las tomas, durante los primeros
5 meses del operativo, solo 1.600 pasaron a tribunales lo que significa
que más de 15.000 resultaron inocentes de los delitos que les
atribuían", indicó Rafael Uzcátegui, directivo de la ONG Provea.
Ola
de atropellos. En su reciente informe anual sobre Derechos Humanos en
Venezuela Provea documentó cifras y denuncias sobre detenciones y
deportaciones arbitrarias, las llamadas ejecuciones extrajudiciales y
desalojos de los complejos habitacionales de la Misión Vivienda, así
como destrucción de casas como parte de las OLP.
Las
irregularidades también fueron reseñadas por ese organismo y Human
Rigth Watch en un informe presentado a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos en abril.
"Estamos
actualizando la data de este año y hemos querido que representantes de
la CIDH viajen a Venezuela para que constaten los casos, pero se
requiere la autorización del gobierno y se ha negado", dijo Uzcátegui.
Este
año Provea ha documentado 14 denuncias de presuntas ejecuciones
extrajudiciales en esos procedimientos, que también son referidas a la
Red de Apoyo por la Justicia y la Paz. La coordinadora de esta ONG,
Laura Roldán, hizo el acompañamiento legal y psicológico al caso de
Winderlan Isaac Duarte, adolescente de 17 años de edad que fue ultimado
por funcionarios de la PNB el 27 de mayo en la calle Real del barrio
Los Eucaliptos, en Caracas.
La
madre, Brigitte Duarte, relató que su hijo salió a jugar básquet y en
el trayecto se topó con su amigo Luis Manuel, quien le pidió que lo
ayudara a socorrer a un joven que resultó herido. Winderlan lo apoyó en
el traslado del lesionado a casa de Luis Manuel, pero a los pocos
minutos un grupo de funcionarios irrumpió en la vivienda. Les dijeron
que se trataba de una OLP y les dispararon a los tres muchachos.
Posteriormente los llevaron al Periférico de Catia, donde murieron. El
caso fue denunciado a la Fiscalía y aún se desconoce el estatus de las
investigaciones.
Roldán
destacó la necesidad de que esos operativos sean sustituidos por un
plan de trabajo con los jóvenes en las escuelas, destinado a resolver
las situaciones de conflicto. "Las OLP criminalizan a los sectores
populares, cuyos habitantes son víctimas por partida doble porque sufren
la violencia policial impuesta en los operativos y son blanco del
hampa común. Es necesario que el plan también incluya trabajos de
inteligencia que permitan desarticular las bandas de manera focalizada y
no invasiva", concluyó.
AN procesa denuncias de acoso
La
comisión de Política Interior de la AN ha recibido denuncias de acoso a
familiares de los fallecidos en las OLP. La presidenta de la instancia
parlamentaria, Delsa Solórzano, destacó el caso de los allegados de un
joven ultimado en el estado Nueva Esparta. "Los funcionarios los
amenazan por teléfono y tocan a sus residencias para que se marchen del
urbanismo de la Misión Vivienda, donde residen. Esta denuncia fue puesta
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace dos semanas.
Se solicitaron medidas de protección para estas personas", dijo
Solórzano. La comisión gestionó ante el Ministerio de Vivienda y
Hábitat que se aplicara una medida para resarcir a los grupos familiares
que fueron desalojados el 24 de julio de
2015
del barrio La Ensenada, en la carretera Panamericana. Sus viviendas
fueron destruidas en los procedimientos y en consecuencia algunos
residen en casa de familiares y vecinos, o en refugios.
La
parlamentaria Olivia Lozano denunció que las OLP recrudecieron la
violencia en Bolívar y que hasta ahora han ocasionado 13 muertes en el
estado, 9 en Ciudad Guayana. "Hay personas humildes que se ven sitiadas
por la violencia generada por las bandas y la represión de las Fuerzas
Armadas, que sin medir la fuerza golpean y matan a inocentes, dejando de
lado a los verdaderos criminales. En estos operativos no se respetan
los derechos humanos", señaló.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.