Francisco Márquez-Lara y Gabriel San Miguel enfrentan 15 años de
cárcel por llevar panfletos y fondos para la recolección de firmas
Transparencia Internacional y la OEA exigen su inmediata liberación
Están encerrados en una cárcel común, en un calabozo húmedo con poco acceso a la luz del sol
Transparencia Internacional y la OEA exigen su inmediata liberación
Están encerrados en una cárcel común, en un calabozo húmedo con poco acceso a la luz del sol
Iban solo a llevar ayuda para el proceso de recolección de firmas del referendo revocatorio en el estado venezolano de Portuguesa, y en el carro llevaban solo panfletos para informar sobre el proceso y el equivalente en bolívares de menos de $3,000 para cubrir los costos.
Y eso aparentemente es todo lo que se necesita para ser acusado de lavado de dinero e incitación pública a la violencia.
El joven venezolano-estadounidense Francisco Márquez-Lara, junto con su amigo de infancia Gabriel San Miguel, lleva ya semanas en la cárcel común “26 de Julio”, ubicada en la población llanera de San Juan de los Morros, en el centro del país.
El arresto de ambos -ocurrido el 19 de junio- da muestra de lo lejos que el régimen de Nicolás Maduro está dispuesto a ir para bloquear y desalentar los esfuerzos de la oposición de realizar este año el referendo revocatorio, y los peligros que la joven militancia corre al promover ese derecho democrático de los venezolanos.
Los cargos presentados contra los jóvenes llevan condenas de más de 15 años de cárcel. Transparencia Internacional, otras ONG que velan por los derechos humanos y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, han exigido la inmediata liberación de los jóvenes.
Andrés Márquez-Lara, hermano de Francisco, precisó que ambos jóvenes se encuentran recluidos en una de las más nuevas pero peores cárceles comunes de Venezuela, lo cual es mucho decir en un país conocido por contar con algunos de los mas violentos centros penitenciarios del hemisferio.
“Están allí en condiciones nefastas, en un calabozo oscuro, húmedo y con zancudos. Están con otras siete otras personas allí, hay restricciones de agua”, dijo Andrés Marquéz- Lara.en una entrevista con el Nuevo Herald.
“Los sacan una hora cada dos días para tener luz natural. Donde se encuentran, la única fuente de luz natural que reciben es un huequito que abrió una granada utilizada en un motín, hace poco”, agregó.
Por suerte, los otros recluidos en la celda son “prisioneros políticos”, lo que significa que no se trata de reos comunes, como los que suelen asumir el control de las prisiones en Venezuela haciendo uso de la violencia.
Representantes de las embajadas de Estados Unidos y de España –San Miguel también tiene la nacionalidad española – lograron visitar a los jóvenes recientemente, después de muchos trámites, pero ha sido muy escaso el contacto que han tenido con el mundo exterior.
A los abogados de los jóvenes solo se les ha permitido reunirse con ellos por un espacio de 15 minutos una vez por semana, aunque ellos no saben exactamente cuándo estarán disponibles. “Un día puede ser a las cinco de la mañana y otro a las seis de la tarde”, dijo Andrés Marquéz- Lara.
Los abogados y los familiares no saben a ciencia cierta cuáles son las pruebas contra los jóvenes, aún cuando de cierta manera ya Maduro los condenó públicamente, por televisión, de ser terroristas y de incitar a la violencia.
Lo hizo pese a que no hay pruebas, dijo Andrés Marquéz- Lara..
“Solo sabemos que estas dos cosas, la plata [el dinero] y supuestamente los panfletos, fueron suficientes para que los acusaran y los mantuvieran presos como su fuesen convictos”.
Según Maduro, y la también chavista gobernadora del estado Cojedes, Erika Farías, los jóvenes pretendían “quemar los clap” [Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción] en el estado Portuguesa.
El dinero que los jóvenes llevaban sumaba tres millones de bolívares, equivalentes a unos $2,950, al tipo de cambio del mercado negro.
El tema es que siendo el billete de 100 bolívares [equivalente a diez centavos de dólar] el de más alta denominación en el país, el trasporte de tres millones de bolívares luce como un bulto voluminoso, pero en todo caso no existe ninguna ley en Venezuela que prohíba el transporte de esa cantidad de dinero.
“Ese dinero es menos de la mitad de lo que cualquier persona puede traer legalmente con ellos a este país en un avión. Pero si está en manos de la oposición, entonces es lavado”, manifestó David Smolanski, alcalde de la municipalidad capitalina de El Hatillo, en declaraciones publicadas por el Wall Street Journal.
Andrés Marquéz- Lara dijo que esos fondos en realidad fueron donados a la oposición para pagar las movilizaciones de personas interesadas en firmar para solicitar el referendo revocatorio en vista de que el régimen, en otro intento por torpedear el proceso, había colocado los centros de inscripción en lugares muy remotos.
También estaban destinados a adquirir toldos para que las personas tuvieran algo de sombra, y para comprar agua y comida a los voluntarios.
El joven venezolano-estadounidense Francisco Márquez-Lara, junto con su amigo de infancia Gabriel San Miguel, lleva ya semanas en la cárcel común “26 de Julio”, ubicada en la población llanera de San Juan de los Morros, en el centro del país.
El arresto de ambos -ocurrido el 19 de junio- da muestra de lo lejos que el régimen de Nicolás Maduro está dispuesto a ir para bloquear y desalentar los esfuerzos de la oposición de realizar este año el referendo revocatorio, y los peligros que la joven militancia corre al promover ese derecho democrático de los venezolanos.
Los cargos presentados contra los jóvenes llevan condenas de más de 15 años de cárcel. Transparencia Internacional, otras ONG que velan por los derechos humanos y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, han exigido la inmediata liberación de los jóvenes.
Andrés Márquez-Lara, hermano de Francisco, precisó que ambos jóvenes se encuentran recluidos en una de las más nuevas pero peores cárceles comunes de Venezuela, lo cual es mucho decir en un país conocido por contar con algunos de los mas violentos centros penitenciarios del hemisferio.
“Están allí en condiciones nefastas, en un calabozo oscuro, húmedo y con zancudos. Están con otras siete otras personas allí, hay restricciones de agua”, dijo Andrés Marquéz- Lara.en una entrevista con el Nuevo Herald.
“Los sacan una hora cada dos días para tener luz natural. Donde se encuentran, la única fuente de luz natural que reciben es un huequito que abrió una granada utilizada en un motín, hace poco”, agregó.
Por suerte, los otros recluidos en la celda son “prisioneros políticos”, lo que significa que no se trata de reos comunes, como los que suelen asumir el control de las prisiones en Venezuela haciendo uso de la violencia.
Representantes de las embajadas de Estados Unidos y de España –San Miguel también tiene la nacionalidad española – lograron visitar a los jóvenes recientemente, después de muchos trámites, pero ha sido muy escaso el contacto que han tenido con el mundo exterior.
A los abogados de los jóvenes solo se les ha permitido reunirse con ellos por un espacio de 15 minutos una vez por semana, aunque ellos no saben exactamente cuándo estarán disponibles. “Un día puede ser a las cinco de la mañana y otro a las seis de la tarde”, dijo Andrés Marquéz- Lara.
Los abogados y los familiares no saben a ciencia cierta cuáles son las pruebas contra los jóvenes, aún cuando de cierta manera ya Maduro los condenó públicamente, por televisión, de ser terroristas y de incitar a la violencia.
Lo hizo pese a que no hay pruebas, dijo Andrés Marquéz- Lara..
“Solo sabemos que estas dos cosas, la plata [el dinero] y supuestamente los panfletos, fueron suficientes para que los acusaran y los mantuvieran presos como su fuesen convictos”.
Según Maduro, y la también chavista gobernadora del estado Cojedes, Erika Farías, los jóvenes pretendían “quemar los clap” [Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción] en el estado Portuguesa.
El dinero que los jóvenes llevaban sumaba tres millones de bolívares, equivalentes a unos $2,950, al tipo de cambio del mercado negro.
El tema es que siendo el billete de 100 bolívares [equivalente a diez centavos de dólar] el de más alta denominación en el país, el trasporte de tres millones de bolívares luce como un bulto voluminoso, pero en todo caso no existe ninguna ley en Venezuela que prohíba el transporte de esa cantidad de dinero.
“Ese dinero es menos de la mitad de lo que cualquier persona puede traer legalmente con ellos a este país en un avión. Pero si está en manos de la oposición, entonces es lavado”, manifestó David Smolanski, alcalde de la municipalidad capitalina de El Hatillo, en declaraciones publicadas por el Wall Street Journal.
Andrés Marquéz- Lara dijo que esos fondos en realidad fueron donados a la oposición para pagar las movilizaciones de personas interesadas en firmar para solicitar el referendo revocatorio en vista de que el régimen, en otro intento por torpedear el proceso, había colocado los centros de inscripción en lugares muy remotos.
También estaban destinados a adquirir toldos para que las personas tuvieran algo de sombra, y para comprar agua y comida a los voluntarios.
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