Funcionarios de la PNB | Foto Óscar Hernández
La militarización de los sectores populares en
Caracas fue la apuesta del gobierno nacional para enfrentar a las
bandas criminales distribuidas en el país
La
Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP) fue lanzada
oficialmente en el segundo semestre de 2015, pero en realidad sus
cimientos se levantaron antes. La Policía Nacional Bolivariana ya había
participado en procedimientos pilotos, conjuntamente con otros
organismos, para combatir a entes paramilitares y los delincuentes más
buscados del territorio nacional.
“La
OLP en realidad inició en enero de 2015, no en julio, y nadie lo
sabía”, expresó un funcionario activo de la PNB, que prefirió mantenerse
en el anonimato. “Yo fui una de las primeras personas que participó. No
le habían colocado nombre; no había salido al público”, dijo.
De
acuerdo con el efectivo, agentes de la PNB son los pioneros en estos
procedimientos y sus resultados dieron paso a algo más grande. “Se creó
la brigada motorizada, entre los entes policiales y empezamos con
patrullaje en los barrios, cerros, callejones, escaleras. El gobierno ve
que resulta y crea entonces las OLP y unen los organismos”, explicó.
Pantaneros: de nuevo al ruedo
Estas
redadas policiales que iniciaron previo al lanzamiento de las OLP
motivaron a que integrantes de una de las más polémicas fuerzas
policiales saliera "al ruedo”. Los Pantaneros de la extinta Policía
Metropolitana (PM) acompañaron a los funcionarios de la Policía Nacional
Bolivariana en las tomas de las zonas populares.
Las
prácticas asociadas a este grupo estaban vinculadas con violaciones a
los derechos humanos. La frase “plomo al hampa” podía describir a esta
organización. Sin embargo, las ejecuciones extrajudiciales y siembra de
evidencia eran características habituales que definían a esta rama de la
PM en sus tiempos de servicio.
En
sus operativos o “madrugonazos” victimizaban a los habitantes de las
zonas populares. Desde enero de 2015 volvieron de nuevo a las calles,
pero esta vez bajo nuevas órdenes: en busca de un pez gordo.
“El Picure” impulsó acciones
A
inicios de 2015, los rumores de que presuntos miembros de la
organización criminal de “El Picure” se encontraban infiltrados en La
Vega y sectores de la carretera Panamericana se convirtieron en
realidad.
Los
criminales se mantenían fuertemente armados y evitaban que funcionarios
policiales entraran a estas zonas. Fue allí cuando inició la brigada,
el patrullaje y las redadas recurrentes en esas zona.
El
26 de enero de este año, al menos 500 funcionarios se desplegaron en el
barrio Metropolitano II de la Panamericana y en La Vega. Al parecer,
integrantes de la banda liderada por el fallecido José Antonio Tovar
Colina iniciaron operaciones en esos sectores debidos a las bajas en el
interior del país. Los antisociales extorsionaban a comerciantes de la
localidad, obligaban a adolescentes a vender droga y posteriormente los
alistaban en sus filas.
Trascendió
que durante el operativo decomisaron dos armas largas, una pistola, un
facsímil y un escopetín. Autoridades se mantuvieron herméticas sobre el
número de detenciones y la captura de los integrantes de la peligrosa
banda.
El
líder de la organización criminal, que operaba principalmente en
Guárico y Aragua, fue ultimado el 3 de mayo de 2016 durante un
enfrentamiento en el sector de El Sombrero.
OLP a las calles
El
13 de julio de 2015, efectivos policiales y militares iniciaron
acciones en lo que finalmente se denominó Operación de Liberación y
Protección del Pueblo. Los funcionarios fueron desplegados la madrugada
del día anterior en diversas zonas de Caracas.
El
primer procedimiento fue en el urbanismo Betania IV, Ciudad Tiuna y
Cota 905, espacios intervenidos por funcionarios de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana (FANB), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el
Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc)
y de las Fuerzas Especiales de los cuerpos policiales del Estado.
A
un año, el operativo conjunto avanzó a su segunda fase que, de acuerdo
con el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo
González López, tiene como propósito central erradicar células que
pretendan desestabilizar el país, manteniendo lugares de acción mediante
las “Unidades de Liberación y Protección del Pueblo (ULPP)”.
La
Cota 905 y El Cementerio se mantienen como “zonas calientes” en cuanto a
robos, secuestros y extorsiones; la criminalidad e impunidad continúan
en ascenso.
En
este sentido, la organización en defensa de los derechos humanos,
Provea, sostiene que el aumento de los “números rojos” sin culpables a
la vista se debe a la impunidad estructural en la justicia venezolana.
El fenómeno ocurre cuando todas las partes del sistema de administración
de justicia juegan para que ni los delitos ni la violación de derechos
humanos sea sancionada.
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