Ahora que el presidente venezolano Nicolás Maduro parece estar cerrando todos los caminos para una resolución pacífica de la crisis de su país, la comunidad internacional debería presionarlo de manera mucho más enérgica para que permita un referéndum constitucional este año. De lo contrario, es probable que veamos una crisis de refugiados venezolanos que afectará a toda Latinoamérica.
Caracas es ya la ciudad más violenta del mundo, y Venezuela tiene la
inflación más alta del planeta – 720 por ciento anual–. Y es a su vez
el país con una población cada vez más desesperada por la escasez
generalizada de alimentos y medicinas. Algunos analistas como el ex jefe
del departamento latinoamericano del Departamento de Estado de EEUU,
Roger Noriega, están advirtiendo que la creciente violencia en Venezuela
podría conducir a una crisis de refugiados como la de Siria.
Podría haber cientos de miles, tal vez millones de venezolanos pidiendo asilo en los países vecinos, afirman. Ya hay más de 1.5 millones de personas que han abandonado el país desde que el difunto presidente Hugo Chávez comenzó a destruir a Venezuela en 1999, según un estudio del 2014 de la Universidad Central de Venezuela.
Hasta ahora, la administración de Obama, la Unión Europea y las democracias latinoamericanas habían apostado a una mediación entre Maduro y la oposición impulsada por UNASUR y encabezada por el ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero. Pero esa mediación ha sido una pérdida de tiempo total, y solo ha ayudado a que Maduro gane tiempo.
Ahora, el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por Maduro, ha eliminado prácticamente toda posibilidad de una salida pacífica al inventar presuntas dificultades técnicas para impedir que se lleve a cabo el referéndum revocatorio exigido por la oposición antes del 10 de enero. Según la ley, si el referéndum revocatorio se celebra después de la mitad del mandato presidencial actual –el 10 de enero– y Maduro pierde, no habría elecciones generales, sino que el vicepresidente de Maduro cumpliría el resto de su mandato hasta el 2019.
Según una nueva encuesta de Keller y Asociados, solo el 15 por ciento de venezolanos afirman que votarían a favor de que Maduro siga en el poder.
¿Qué deberían hacer la administración de Obama y los países de Europa y América Latina?
En primer lugar, llamar la misión de mediación progubernamental de Rodríguez Zapatero por su nombre: una farsa.
En segundo lugar, Obama debería aumentar el número de sanciones personales focalizadas –tales como retirar las visas de EEUU y congelar fondos en EEUU –en contra de altos funcionarios venezolanos acusados de violaciones a los derechos humanos, corrupción y el tráfico de drogas.
En tercer lugar, las democracias de América Latina y Obama deberían pedir a la Organización de Estados Americanos (OEA) que pida oficialmente a Venezuela celebrar el referéndum revocatorio antes del 10 de enero, así como permitir observadores electorales de la OEA en la votación.
Quince países miembros de la OEA –entre ellos Brasil, México, Argentina, Colombia y Estados Unidos– firmaron un comunicado el 11 de agosto pidiendo a Venezuela que celebre el referéndum constitucional “sin demora”.
Aunque el comunicado fue más duro que los anteriores, deberían hacer un llamado explícito a Maduro para que permita el referéndum revocatorio antes del 10 de enero, autorice observadores electorales de la OEA, libere a los presos políticos, y acate las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional de Venezuela, tal como lo exigen los tratados regionales que comprometen a sus signatarios a respetar el estado de derecho.
Mi opinión: Hay nuevas y urgentes razones para que Obama y las democracias latinoamericanas aumenten sus presión diplomática a Maduro para que permita un referéndum revocatorio antes del 10 de enero, con observadores internacionales creíbles.
A Obama no le conviene que haya una explosión social en Venezuela que pase a la historia como gestada y ocurrida durante su mandato. Y a Latinoamérica no le conviene que se desate una crisis de refugiados venezolanos como la de Siria, que afectaría a toda la región.
El momento de aumentar las presiones diplomáticas sobre Maduro es ahora, y el contenido de esas presiones esta muy claro.
Podría haber cientos de miles, tal vez millones de venezolanos pidiendo asilo en los países vecinos, afirman. Ya hay más de 1.5 millones de personas que han abandonado el país desde que el difunto presidente Hugo Chávez comenzó a destruir a Venezuela en 1999, según un estudio del 2014 de la Universidad Central de Venezuela.
Hasta ahora, la administración de Obama, la Unión Europea y las democracias latinoamericanas habían apostado a una mediación entre Maduro y la oposición impulsada por UNASUR y encabezada por el ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero. Pero esa mediación ha sido una pérdida de tiempo total, y solo ha ayudado a que Maduro gane tiempo.
Ahora, el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por Maduro, ha eliminado prácticamente toda posibilidad de una salida pacífica al inventar presuntas dificultades técnicas para impedir que se lleve a cabo el referéndum revocatorio exigido por la oposición antes del 10 de enero. Según la ley, si el referéndum revocatorio se celebra después de la mitad del mandato presidencial actual –el 10 de enero– y Maduro pierde, no habría elecciones generales, sino que el vicepresidente de Maduro cumpliría el resto de su mandato hasta el 2019.
Según una nueva encuesta de Keller y Asociados, solo el 15 por ciento de venezolanos afirman que votarían a favor de que Maduro siga en el poder.
¿Qué deberían hacer la administración de Obama y los países de Europa y América Latina?
En primer lugar, llamar la misión de mediación progubernamental de Rodríguez Zapatero por su nombre: una farsa.
En segundo lugar, Obama debería aumentar el número de sanciones personales focalizadas –tales como retirar las visas de EEUU y congelar fondos en EEUU –en contra de altos funcionarios venezolanos acusados de violaciones a los derechos humanos, corrupción y el tráfico de drogas.
En tercer lugar, las democracias de América Latina y Obama deberían pedir a la Organización de Estados Americanos (OEA) que pida oficialmente a Venezuela celebrar el referéndum revocatorio antes del 10 de enero, así como permitir observadores electorales de la OEA en la votación.
Quince países miembros de la OEA –entre ellos Brasil, México, Argentina, Colombia y Estados Unidos– firmaron un comunicado el 11 de agosto pidiendo a Venezuela que celebre el referéndum constitucional “sin demora”.
Aunque el comunicado fue más duro que los anteriores, deberían hacer un llamado explícito a Maduro para que permita el referéndum revocatorio antes del 10 de enero, autorice observadores electorales de la OEA, libere a los presos políticos, y acate las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional de Venezuela, tal como lo exigen los tratados regionales que comprometen a sus signatarios a respetar el estado de derecho.
Mi opinión: Hay nuevas y urgentes razones para que Obama y las democracias latinoamericanas aumenten sus presión diplomática a Maduro para que permita un referéndum revocatorio antes del 10 de enero, con observadores internacionales creíbles.
A Obama no le conviene que haya una explosión social en Venezuela que pase a la historia como gestada y ocurrida durante su mandato. Y a Latinoamérica no le conviene que se desate una crisis de refugiados venezolanos como la de Siria, que afectaría a toda la región.
El momento de aumentar las presiones diplomáticas sobre Maduro es ahora, y el contenido de esas presiones esta muy claro.
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