Foto: Archivo
En Petare los funcionarios ultimaron a 2
hombres por su presunta participación en 2 asesinatos. Se llevaron
dinero, ropa y medicamentos de las viviendas allanadas
En esta nueva etapa de la
Operación de Liberación del Pueblo ascendió a 80 el número de muertos
durante la incursión de los cuerpos de seguridad en los estados Miranda,
Bolívar, Lara, Mérida, Distrito Capital, Táchira y Monagas, lo que
significa un incremento de 57% respecto al mismo período del año pasado
cuando se contabilizaron 51 fallecidos en esos procedimientos.
Esta
nueva fase comenzó el jueves 6 de octubre y ha sido considerada por las
ONG que trabajan la materia de derechos humanos como la más agresiva
desde su creación en julio de 2015. Una de las muertes más recientes en
el estado Miranda es la de Jhon Soto, de 23 años de edad.
Sus
parientes relataron que el joven trabajaba como cocinero en un local de
Altamira y el martes a las 5:30 am un grupo de funcionarios de la PNB,
que portaba capuchas y vestía de negro, ingresó a su vivienda en la
calle El Aguacatico en el Barrio Unión en Petare. Los agentes encerraron
a su esposa, que está a pocos días de dar a luz, y a su hijo de dos
años en una de las habitaciones de la residencia, mientras que al joven
lo llevaron a la sala y le dispararon. Posteriormente trasladaron el
cadáver al hospital Domingo Luciani. Al cocinero lo señalaban de estar
implicado en el asesinato de Alexis Torres, de 35 años de edad, y del
oficial de Polisucre, Edgar Jiménez, de 28 años de edad. Sus familiares
negaron su vinculación en estos crímenes.
No
conforme con mantener encerrada a la esposa de Soto en uno de los
dormitorios por varias horas, los funcionarios se llevaron de la
vivienda 3 cajas de pastillas anticonceptivas y 60.000 bolívares que la
mujer había reunido para el parto.
Ese
mismo día los funcionarios también ultimaron a Frank Youner Escalona,
de 23 años de edad, a quien de igual manera lo acusaron de participar en
los homicidios de Torres y Jiménez. Los policías que entraron a la casa
de su compadre, situada a unos metros más arriba de la vivienda de
Soto, tenían chalecos que los identificaban como funcionarios de la
División Antidrogas. Los hombres encerraron a tres ocupantes de la casa
en un cuarto, y a Escalona lo tirotearon y no permitieron que su padre
se acercara al inmueble para auxiliarlo.
Cuando
los funcionarios salieron, uno de ellos se le acercó al padre y le
dijo: “Usted es el papá de Frank, le informamos que ya le dimos de
baja”. Su padre relató que Escalona veía televisión cuando llegó la
policía y después de dispararle se apoderaron de prendas, dinero y ropa
de los habitantes de la casa.
“Ellos
nunca mostraron una orden de allanamiento y tampoco dijeron que mi hijo
estaba solicitado, y no lo citaron a declarar por esas muertes. Él no
tiene nada que ver con esos homicidios porque era conocido del Polisucre
que mataron. Ambos tenían un trato cordial”, refirió su padre, Gerardo
Escalona.
Inti Rodríguez, coordinador
de la ONG Provea, informó que en esta nueva avanzada de las OLP tienen
documentados cuatro casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales que
serán denunciadas la próxima semana ante el Ministerio Público, para que
abra una investigación.
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