La estatal venezolana PDVSA está
delegando en algunos de sus socios en empresas mixtas la operación
diaria de campos petroleros mientras su capacidad se reduce debido a
sanciones, falta de personal y un menor flujo de caja, según un
exministro, un diputado de la Asamblea Nacional y fuentes de la
industria.
La producción de crudo de PDVSA y sus
empresas mixtas ha caído a aproximadamente un tercio desde su pico de
hace 20 años, y el descenso más pronunciado se ha producido desde que
militares sin experiencia en la industria se hicieron cargo de su
administración y Washington le impuso sanciones en un intento por forzar
la salida de Nicolás Maduro.
El año pasado, el régimen de Maduro y
los representantes de Juan Guaidó discutieron la posibilidad de permitir
que los socios minoritarios de PDVSA operaran campos petroleros, lo que
dejaría sin efecto el requisito legal de que la compañía, que mantiene
la mayoría accionaria de todas las empresas mixtas de crudo, asegure el
control de las operaciones.
Esto le daría oxígeno a Maduro al
alentar inversiones frescas en las operaciones de PDVSA, lo que podría
aumentar los ingresos petroleros. Pero el cambio legal sería
controversial, luego de que el fallecido Hugo Chávez hiciera de las
nacionalizaciones una de sus estrategias más emblemáticas.
Rafael Ramírez, asesor de algunas firmas
petroleras que han trabajado en Venezuela y quien fue reemplazado como
jefe de PDVSA y ministro de Petróleo tras enfrentarse con Maduro en
2014, dijo que la estatal ya está entregando el control operativo a sus
socios en las empresas mixtas, aun cuando los cambios legales no se han
formalizado.
Ramírez dijo que PDVSA ha sido reducida a
poco más que una administradora de contratos con empresas privadas.
“(PDVSA) no produce más (…) Anda firmando contratos para que otros
produzcan en una privatización de facto”, señaló Ramírez a Reuters en una entrevista desde un lugar que pidió no revelar.
El exfuncionario nombró a Rosneft y CNPC
entre las empresas extranjeras que están ayudando a PDVSA a mantenerse a
flote mediante la operación de campos conjuntos, la inyección de
capital o la compra de mayores participaciones en algunas empresas
mixtas.
CNPC y Rosneft no respondieron a
solicitudes de comentarios. PDVSA y el ministerio de Información, que
maneja las solicitudes de los medios para el régimen de Maduro, tampoco
contestaron las preguntas de Reuters.
Luis Stefanelli, legislador opositor que
forma parte de la Comisión de Energía y Minas de la Asamblea Nacional,
dijo que el gobierno y PDVSA están dejando espacio para que las socias
privadas de la estatal asuman más responsabilidades en empresas mixtas.
“Están buscando fórmulas que hemos
planteado en diversas oportunidades, (pero lo están haciendo) violando
las leyes”, dijo a Reuters.
Un ejecutivo de CNPC que recientemente
visitó las instalaciones de la firma en Venezuela confirmó que existe la
intención de ceder a los socios minoritarios la operación de algunos
campos, pero lo calificó como una “propuesta fútil”.
“Aun si en Caracas aprueban el cambio
legal para permitir a los inversionistas minoritarios convertirse en
operadores, las compañías apenas pueden hacer su trabajo”, sostuvo,
antes de agregar que algunas petroleras han reducido más su personal y
enfrentan problemas para combatir la corrupción en la industria.
Ramírez fue el ministro con más años en
el gabinete de Chávez al supervisar la industria petrolera durante más
de una década. Maduro lo acusa a él y a muchos otros exejecutivos de
corrupción. El exfuncionario dijo que él y otros gerentes de PDVSA han
sido víctimas de una cacería de brujas política.
Ramírez sostuvo que las asociaciones y
contratos que algunas petroleras han firmado con PDVSA sin autorización
de la Asamblea Nacional podrían ser anulados por cualquier futuro
gobierno. “Ellos pueden tomar ventaja de la debilidad del país. Pero
llegará un gobierno que pondrá la cosa en su sitio”, agregó.
CAÍDA LIBRE
Los esfuerzos de PDVSA para mantener la producción a flote no han logrado revertir el declive acumulado, señaló Ramírez.
Venezuela produjo 1,01 millones de
barriles por día (bpd) de crudo de enero a noviembre, según datos
reportados a la OPEP. Fuentes de la industria estimaron que fue al menos
20% menos. Las exportaciones petroleras, la principal fuente de
ingresos del país, cayeron un 32% en 2019 a un promedio anual de 956,000
bpd hasta noviembre, según Refinitiv Eikon.
Ramírez atribuye el colapso a la decisión de Maduro de colocar a militares al frente de PDVSA.
Tras encarcelar a dos ex presidentes de
PDVSA bajo cargos de corrupción, en 2017 Maduro nombró a Manuel Quevedo,
un mayor general de la Guardia Nacional sin experiencia en el sector
energético, como jefe de la empresa y ministro de Petróleo.
Ese año, Maduro y Quevedo prometieron
aumentar la producción en 1 millón de bpd, pero tanto la extracción como
la refinación de crudo han caído a sus niveles más bajos en casi 75
años.
Ramírez dijo que unos 30.000 empleados
han abandonado PDVSA en los últimos años en medio de un éxodo de
trabajadores experimentados también descrito por líderes sindicales. El
número -que no ha sido oficializado- sobrepasaría las 19.000 personas
que la administración de Ramírez despidió tras una huelga que sacudió a
PDVSA entre 2002 y 2003.
“Ha sido un desastre”, agregó Ramírez.
“Los principales procesos en la industria -recursos humanos, contratos,
suministro- están en manos de oficiales militares sin conocimiento del
petróleo”.
Con información de Reuters
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