Seis procesos de diálogo formales, desde 2002 hasta 2021, se han registrado como mecanismos alternativos de negociación en medio del conflicto político del país. Francisco Alfaro Pareja, politólogo y doctor en Estudios de Paz y Conflictos, enfatiza que los procesos de 2016, el de 2017, el de Oslo-Barbados y el de México, se han dado en un contexto de autoritarismo hegemónico. El abogado Juan Manuel Raffalli dice que, cuando una de las partes o ambas tiene una mejor opción que dentro de la mesa, puede usar el proceso como herramienta utilitari
Los procesos de diálogo en tiempos de la revolución han sido una constante. Desde 2002 hasta 2021 se han registrado, formalmente, seis mecanismos alternativos de diálogo y negociación en medio del conflicto entre el gobierno y la oposición.
La negociación en México, pausada por la administración de Nicolás Maduro en octubre de 2021, se espera sea reactivada en cualquier momento. Dentro de ese compás de espera, en este trabajo, TalCual revisa las características principales de las gestiones que se han activado para superar la crisis institucional del país.
Los procesos de diálogo que se han celebrado son: la Mesa de Negociación y Acuerdos (2002-2005), la Conferencia Nacional por la Paz (2014); la Mesa de Diálogo Nacional (2016-2017); la Mesa de Diálogo en República Dominicana (2017-2018), el mecanismo de Barbados y el de Oslo (2019), y la Mesa de Negociación en México (2021).
Estos mecanismos de diálogo han estado enmarcados por el conflicto político y, en la mayoría de los casos, se han iniciado luego de tiempos de escaladas de violencia que han girado sobre el mantenimiento o búsqueda del poder presidencial, y con serias amenazas a los espacios de convivencia.
Francisco Alfaro Pareja, politólogo y doctor en Estudios de Paz y Conflictos, señala que el conflicto venezolano es estructural.
Explica que el conflicto político se deriva del socavamiento del sistema democrático en el país. «Un proyecto que está establecido en la Constitución de 1999 de una democracia representativa, pero, además, participativa, y unos principios que han sido erosionados a lo largo del tiempo», expresa.
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En ese sentido, indica el investigador, se vive en medio de una democracia iliberal que se apoya en las elecciones, pero que, progresivamente, va socavando los contrapesos.
«Los mecanismos alternativos de diálogo se instalan porque se erosionan los mecanismos institucionales para dirimir conflictos. Es decir, si los partidos entre sí no pueden dirimir en la Asamblea Nacional (AN) sus diferencias, si no hay mecanismos judiciales independientes, si las elecciones no permiten canalizar diferencias porque cada vez son menos transparentes, con más ventajismo, hay que buscar mecanismos para hacerse entender», sostiene.
El politólogo refiere que los seis mecanismos de diálogo puestos en práctica en el país han sido de alto perfil, de alto nivel y con participación de la comunidad internacional en su facilitación.
«El primer mecanismo de diálogo en Venezuela se da en el marco de la instalación de una democracia iliberal entre 2002-2004. El que se da en 2014, que quizás es el mecanismo alternativo más informal, con mayores errores metodológicos, se da en el marco de autoritarismo competitivo, en un contexto autoritario, con algunas válvulas de escape. Pero, el de 2016, el de 2017, el de Oslo-Barbados, y el de México, se dan en un contexto de autoritarismo hegemónico», destaca Francisco Alfaro Pareja.
El doctor en Estudios de Paz y Conflictos puntualiza que uno de los aspectos por los cuales se concreta el acuerdo de 2003 es porque el conflicto no era tan asimétrico y las diferencias de fuerza no eran tan marcadas.
«Se venía de un golpe de Estado, un contragolpe y un paro petrolero y ni la oposición ni el gobierno sabían realmente cuál era su situación interna de fuerza, ambas necesitaban del mecanismo».
Alfaro señala que, dentro de las asimetrías con las que se desarrollan los procesos de diálogo, el gobierno ha concurrido con mejores recursos que la oposición.
«Estos recursos tienen que ver con los mecanismos de fuerza, lo cual no es menor. Maneja los poderes, pero, al mismo tiempo, maneja las policías, el Ejército, mermado y todo maneja la economía, los recursos petroleros, la estructura del Estado. El gobierno es un archipiélago bastante disciplinado; y la oposición estructuralmente es una coalición democrática con distintas visiones, no es un archipiélago vertical, coinciden distintos puntos de vistas y formas de asumir el conflicto», asevera.
El investigador puntualiza que el gobierno juega a ver cuándo se sienta en la mesa y cuándo no. Señala que pese al incentivo del alivio de las sanciones, no debe olvidarse que el gobierno de Nicolás Maduro ha desarrollado mecanismos paralelos de subsistencia económica.
«Le conviene al gobierno estar en la mesa para legitimarse internacionalmente, para volver a reinsertarse de algún modo en la comunidad internacional. Aunque este no es un objetivo menor, no es de vida o muerte», afirma.
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Diálogo tras el 11-A
El gobierno y la oposición concurrieron a la Mesa de Negociación y Acuerdos (2002-2005) tras los hechos del 11 de abril de 2002.
El investigador Francisco Alfaro Pareja, en su trabajo Mecanismos alternativos de diálogo y negociación en el conflicto político de Venezuela (2002-2018) , expresa que a este proceso, «tanto el gobierno como la oposición llegaban en situación de debilidad e incertidumbre sobre el estado de sus fuerzas políticas. Más que por convicción, ambos actores decidían sentarse en la Mesa por necesidad».
El proceso inició con las gestiones del expresidente Jimmy Carter. En la Mesa, además del Centro Carter, participaron el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), César Gaviria Trujillo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Francisco Diez y Jennifer Mc Coy, integrantes de la representación del Centro Carter, en su análisis posterior sobre la Mesa de Negociación y Acuerdos, destacaron que este mecanismo representó una alianza inusual entre dos organizaciones intergubernamentales (OEA-PNUD) y una organización no gubernamental (Centro Carter).
En ese entonces, el diálogo «se erigió como un intento consciente para contener un conflicto sociopolítico antes de que alcanzara una escala total de violencia».
A Diez y Mc Coy se les solicitó su participación para la elaboración de este texto, pero se excusaron por motivos profesionales.
En el análisis citado, señalaron que el conflicto «se desarrolló en múltiples niveles y sectores dentro de un país sin divisiones claras que se fundamentaran en la etnia, la raza, la religión o la clase (si bien muchos de estos elementos también formaban parte del conflicto)».
El abogado constitucionalista Juan Manuel Raffalli, quien ha participado en la parte técnica de varios de los procesos de diálogo y estuvo en el equipo técnico de la Coordinadora Democrática, señala que no sabe si era porque el presidente Hugo Chávez estaba «aturdido», y había algo de ingenuidad en estos procesos, pero el gobierno dejó que la facilitación internacional ejerciera su rol.
«Ese proceso de 2002-2003 se inicia con un gobierno débil. Chávez se levanta aprovechando el proceso de negociación durante varios meses y cuando logra ubicar la salida de las elecciones. Todo eso concluye para que se dieran normas en las cuales trabajamos mucho, tanto las previas como las normas que se iban generando a medida que el proceso caminaba», explica Raffalli.
El abogado recuerda que la salida de ese primer proceso de diálogo fue electoral, democrática y constitucional con el referendo revocatorio presidencial de 2004, que Chávez.
«La gente decía: es que ustedes son tontos, eso está en la Constitución. Mire lo que ha costado para hacer un revocatorio después de eso», acota Juan Raffalli.
«Chávez se quiso medir después de que ganó mucho tiempo y las misiones lo llevaron a un nivel de popularidad, que le permitir pasar ese brete y salir adelante», añade.
Relata Raffalli que en los momentos previos del diálogo, hubo que trabajar duro incluso para la definición de la mesa porque el gobierno no estaba ganado a la idea de que se incluyera la palabra «negociación».
«Hubo mucho lobby y trabajo hasta para la definición del nombre, y Timoteo Zambrano trabajó mucho en esa fase porque tenía mucha conexión internacional, sobre todo en Latinoamérica, independientemente del camino que haya tomado ahora», sostiene.
Además, destaca que, en esa negociación, la credibilidad del expresidente de Colombia y secretario general de la OEA, César Gaviria, fue muy importante para blindar el proceso.
«Había respeto por Gaviria. Había otro factor importante y es que el jefe de la delegación por parte del gobierno era José Vicente Rangel, quien podía tener millones de defectos, pero era un tipo serio y no se iba a prestar para una guachafa y quedar mal con Gaviria, con el PNUD y mucho menos con la gente del Centro Carter. Era otro proceder y un gobierno que estaba más apremiado y necesitaba de su proceso y dejar evidencia de su convicción de negociar».
Para Juan Manuel Raffalli, lo importante se esa experiencia fue que en el mecanismo de diálogo se establecieron los objetivos en la metodología, se trabajó en un aparato que regulaba el proceso y lo hacía de manera muy clara y específica.
«El problema del fondo es que, nuevamente —pero ahora es peor— el gobierno no necesita llegar a acuerdos, no le interesan los acuerdos, le interesa el proceso para oxigenarse, para lavarse la cara a nivel internacional, dar la idea de que es abierto», enfatiza Raffalli.
El abogado no tiene dudas sobre que, en medio del conflicto político venezolano, la mejor alternativa es la negociación.
«Cuando una de las partes o ambas tienen una mejor opción fuera de la mesa que dentro de la mesa, pueden usar el proceso de negociación como herramienta utilitaria, pero no necesitan el acuerdo», advierte.
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