Carta abierta a Nicolás Maduro y Juan Guaidó, por Víctor Álvarez R.

 

Les escribe un ciudadano de a pie, sin ningún poder e influencia, que sencillamente está preocupado por la rapiña que amenaza a los activos de Pdvsa y Venezuela en el exterior. Recientemente un juez federal estadounidense presentó un plan para subastar las acciones de PDV Holding en Citgo y pagar con esos fondos la indemnización que reclama la minera canadiense Crystallex, por la expropiación de sus activos en la mina de oro Las Cristinas, en el estado Bolívar.

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Crystallex llevó el caso al Centro International de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi) que dictó una sentencia favorable a la minera por $ 1.400 millones. El gobierno venezolano consideró desmesurada la indemnización y no la pagó. Crystallex trasladó el caso a una Corte civil en Delaware y demandó el pago con cargo a las acciones de Citgo, una compañía filial de Pdvsa que cuenta con tres refinerías en EEUU, una capacidad de refinación de 745.000 b/d, 48 terminales, 9 oleoductos que cruzan 23 estados y una red de 5.000 gasolineras que han llegado a suministrar hasta 10% de la gasolina que se consume en EEUU. Su valor se estima en $ 8.000 millones y por eso está en la mira de los acreedores que quieren cobrar indemnizaciones y deudas que Venezuela tiene pendientes.

Aunque Citgo nunca tuvo negocios con Crystallex –y el litigio de la minera canadiense es contra la República de Venezuela–, el marco legal estadounidense contempla la figura del alter ego que permite al afectado por el impago de una deuda, embargar otros activos propiedad del deudor moroso. Con el argumento de que la República es la propietaria de Pdvsa, la Corte determinó la aplicación del principio de alter ego y sentenció el pago de la indemnización que exige Crystallex, con el remate de Citgo. Pdvsa apeló ante la Corte de Apelaciones de Filadelfia, pero ésta se pronunció a favor de Crystallex.

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A raíz del desconocimiento de la administración Trump a la reelección de Nicolás Maduro en las presidenciales de 2018, y del reconocimiento a Juan Guaidó como presidente interino, los representantes del interinato son los únicos que pueden actuar legalmente a nombre de Venezuela ante las cortes de EEUU. El diario británico Financial Times y voceros de la oposición han hecho saber que el instrumento del gobierno interino no funcionó para forzar la salida de Nicolás Maduro, y que la Administración Biden se propone retirarle el apoyo a partir de enero de 2023. En consecuencia, los funcionarios designados por el interinato ya no tendrían ninguna representación ni autoridad para actuar ante los tribunales estadounidenses en defensa de los intereses de Venezuela. Si la Casa Blanca tampoco reconoce a Nicolás Maduro como el Presidente de la República, ¿Quiénes, entonces, quedarían a cargo de la protección de los activos de la República ante las cortes de EEUU?