Las instituciones, el régimen de Nicolás Maduro, la oposición y el pueblo de Venezuela están calentando el escenario político de cara a las primarias que el antichavismo celebrará el 22 de octubre, un hito hacia el que el país camina entre discursos altisonantes y amenazas que van recrudeciéndose, cuando todavía faltan 100 días para la cita.
La vorágine, que arrecia cada día, involucra al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Consejo Nacional Electoral (CNE), la antichavista Comisión Nacional de Primaria (CNP), el partido gobernante PSUV, el Parlamento, Nicolás Maduro, la Contraloría, la coalición opositora Plataforma Unitaria (PU), la comunidad internacional, los precandidatos presidenciales y los ciudadanos.
Con semejante elenco, las diatribas son numerosas y proceden de todos los lugares, lo que augura, una vez más, un destino incierto que parece definirse a medida que crece la tensión.
JUDICIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA
El TSJ acapara casi todas las miradas, tras admitir para estudio una solicitud de suspensión de las primarias presentada por el precandidato Luis Ratti, un político que militó durante años en el chavismo y que se ha hecho notar en las últimas semanas tras pedir cárcel para opositores que aspiran a la Presidencia.
Además, nadie está seguro en el tablero electoral con una Contraloría que mantiene en secreto el listado de inhabilitados para ejercer cargos públicos, por lo que cualquiera que tenga respaldo para competir en octubre o en las presidenciales de 2024 no sabrá si podrá medirse en comicios hasta que la institución comunique que está libre de sanciones.
Esa duda ya está resuelta para María Corina Machado y Henrique Capriles, sin opciones para ir a las presidenciales, ya que los dos aspirantes con mayor respaldo están inhabilitados por la Contraloría, un órgano dirigido por un chavista radical.
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