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martes, 30 de enero de 2024

Francia y Canadá exigieron la aplicación plena del Acuerdo de Barbados en Venezuela

 


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Francia y Canadá se unen a naciones latinoamericanas y europeas que piden la aplicación del Acuerdo de Barbados, esto en cuanto a la habilitación de candidatos para participar en elecciones 

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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia emitió un comunicado este martes 30 de enero en el que expresa su preocupación por la situación política actual de Venezuela, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificara la «inelegibilidad» de varias figuras políticas para ejercer cargos públicos, entre ellas la coordinadora de Vente Venezuela, María Corina Machado, y al exgobernador de Miranda Henrique Capriles.

Es por ello que la Cancillería gala pide que el Acuerdo de Barbados sea respetado y aplicado de forma plena para que las elecciones presidenciales, previstas a realizarse en el segundo semestre de 2024, puedan ser «libres y transparentes».


De igual forma, el texto recuerda que el presidente francés, Emmanuel Macrón, recalcó previamente que el Acuerdo de Barbados «constituye un paso importante para poner fin a la crisis» en nuestro país y reitera su voluntad de poder colaborar, por medio de la Unión Europea, en una posible misión de observación electoral.

Por su parte, la Cancillería de Canadá envió un mensaje por la red social X en el que condena la decisión del TSJ de inhabilitar a María Corina Machado y exige que sea implementado el Acuerdo de Barbados en aras de tener unas elecciones libres y justas en Venezuela.

La posición de estas naciones se sumam a la de países como Argentina, Reino Unido, Paraguay, Uruguay, Guatemala y Ecuador, que han rechazado la inhabilitación de Machado y solicitan, tanto al oficialismo como a la oposición, que mantengan el compromiso con lo acordado el pasado octubre en Barbados, donde se fijaron una serie de condiciones para las elecciones presidenciales venezolanas, que se celebrarán durante el segundo semestre del año.

Además, se adhieren a los llamados realizados por España y la Unión Europea, que también consideran que este tipo de decisiones impide poder ver una amplitud de candidatos y que, además, socava la democracia y el Estado de derecho.

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