Clara Ramírez, integrante de la ONG Fundaredes alertó que Javier Tarazona, director de la organización y detenido desde hace más de 900 días sufre de hipertensión arterial, arritmia cardíaca, síndrome cardiometabólico, asma, taquicardia, insuficiencia venosa en grado dos, soriasis, fisuras rectales, neumonía atípica. Reiteró la exigencia por su liberación
Clara Ramírez, defensora de los derechos humanos e integrante de la organización no gubernamental Fundaredes por la liberación de Javier Tarazona, director de la ONG. Aseveró que que la salud del ciudadano, privado de libertad desde hace más de 920 días, está visiblemente deteriorada.
En entrevista con Aula Abierta, dijo que la salud del también profesor universitario Javier Tarazona empeora. Recordó que previo a su detención tenía enfermedades cardiovasculares, y respiratoria «pero hoy sufre 10 patologías».
Indicó que con 41 años de edad toma 19 medicamentos diarios. Detalló que actualmente sufre de hipertensión arterial, arritmia cardíaca, síndrome cardiometabólico, asma, taquicardia, insuficiencia venosa en grado dos, soriasis, fisuras rectales, neumonía atípica.
«Desde 2021 hemos alertado sobre las torturas y tratos crueles que ha sufrido Javier en prisión. En 2022 tuvimos derecho de palabra ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas para decir que Javier ha sido víctima de tortura, tratos crueles y degradantes y el Estado venezolano no ha iniciado investigaciones al respecto», agregó Ramírez.
El pasado 19 de diciembre, Fundaredes denunció el aplazamiento del juicio oral y público, que estaba previsto para entonces, pero quedó suspendido hasta el próximo 9 de enero. Tarazona se mantiente detenido en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide, en Caracas,
Tarazona, víctima de un «retardo procesal», según organizaciones y abogados, lo detuvieron el 2 de julio de 2021 cuando acudió a la sede de la Fiscalía en Coro, capital del estado Falcón, a denunciar que estaba siendo víctima de acoso y persecución por funcionarios de la Policía de esa región, agentes del Sebin y sujetos sin identificar, según denunció entonces la ONG. Posteriormente, le imputaron los delitos de incitación al odio, terrorismo y «traición a la patria».
El activista denunció activamente un conflicto entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y disidencias de las FARC que se desarrolló en una zona fronteriza con Colombia ese año, ante la falta de datos oficiales.
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