18 estados respaldan demanda para bloquear la eliminación del TPS para los venezolanos

 

La demanda sostiene que la decisión del DHS, bajo la dirección de Kristi Noem, carece de fundamento legal y que su oficina no tiene la autoridad para anular una extensión previa del programa. Además, se plantea que la eliminación del TPS podría estar motivada por razones discriminatorias, lo que vulneraría la Constitución de Estados Unidos

Por El Nacional

Marzo 7, 2025

Foto AFP

Un grupo de 18 fiscales generales estatales en Estados Unidos apoya la demanda presentada contra la revocatoria del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos. A través de un «Amicus Curiae» interpuesto ante la corte de California, defienden la continuidad del programa, que protege a miles de venezolanos de la deportación y les permite trabajar legalmente en ese país.

California, Nueva York, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Oregón, Rhode Island, Vermont, Washington y el Distrito de Columbia se sumaron a esta acción legal.

Los estados de California y New York, conjuntamente con los estados Connecticut, Delaware,
Hawai, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey,
Oregon, Rhode Island, Vermont, Washington, y el Distrito de Columbia (DC), presentan, a través de… pic.twitter.com/2Oysd8pvNw

— Leopoldo Martínez Nucete (@lecumberry) March 7, 2025

La demanda original fue presentada el 20 de febrero por la Alianza Nacional TPS (NTPSA) y varias organizaciones de derechos de los inmigrantes en California. En su argumentación, los demandantes afirman que la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, adoptó decisiones ilegales al anular, solo tres días después de su confirmación, la extensión de las protecciones del TPS para los venezolanos, una medida que ya había sido debidamente publicada en el Registro Federal.

A esta demanda se sumó el 3 de marzo otra acción legal presentada en el tribunal federal de Boston por Lawyers for Civil Rights, que busca bloquear la eliminación del TPS no solo para venezolanos, sino también para haitianos. Los demandantes argumentan que la revocatoria carece de justificación legal y responde a motivos discriminatorios. Según Mirian Albert, abogada principal de la organización, esta decisión refleja prejuicios raciales y no se basa en las condiciones reales que enfrentan estas comunidades.

Bajo la administración de Joe Biden, el TPS fue otorgado por primera vez a los venezolanos debido a la grave crisis humanitaria. La revocatoria del programa afectaría a unos 600.000 venezolanos que perderían su derecho a vivir y trabajar legalmente en EE UU.