Familiares de presos políticos denuncian que una de las trabas para conseguir atención médica a tiempo o especializada es la negativa de tribunales a autorizar los traslados o de los directores de las cárceles a ejecutarlos. Operaciones y exámenes médicos pendientes son las solicitudes más recurrentes
Esta semana la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Misión de Determinación de Hechos denunciaron que los presos políticos son víctimas de condiciones injustas de encierro, aislamiento o torturas. Esto agrava condiciones de salud ya existentes o, en algunos casos, ocasiona enfermedades con las que deben lidiar sin que las autoridades permitan una atención médica adecuada.
La organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón señaló a principios de marzo que al menos 80 de los más de 900 presos políticos en todo el país tienen “cuadros de salud sumamente graves”, además de “afectaciones físicas y emocionales” que no son atendidas por las autoridades.
En una lista facilitada a TalCual, la organización detalló los casos de 93 personas, presos políticos antes y después de las elecciones presidenciales, que padecen distintas afecciones de salud.
Del grupo, al menos 30 padecen problemas cardíacos, nueve de enfermedades renales, ocho tienen diabetes y otros tantos presentan problemas como hernias, fisuras, episodios de depresión, problemas oculares, tumores no diagnosticados o enfermedades pulmonares.
Dentro del grupo de personas con afecciones cardíacas está Mayra Castro, dirigente de Primero Justicia en el municipio Urdaneta (Cúa, estado Miranda). Desde su encarcelamiento el 2 de agosto ha sufrido varios problemas de salud en sus ojos, además de problemas de tensión que no han podido ser controlados, pues el tribunal de su causa no ha autorizado su traslado a un especialista que le indique medicación adecuada.
Yamaica Castro, prima de Mayra, comenta que en la última semana han tenido que trasladarla en dos oportunidades al hospital para controlar episodios de tensión alta. “Es fuerte porque es muy desgastante” para toda la familia, señala.
“El abogado solo dice que ya él hizo su parte, que este proceso es diferente a lo acostumbrado y que tengamos paciencia. En el Ministerio (Público) llevas y llevas escritos y te dicen ‘en quince días le damos respuesta o usted se acerca’ y no hay respuesta. Ya van siete meses y medio y su salud va en descenso y la de nosotros también. Es mucho desgaste físico”, asegura Yamaica, quien insiste en que a su prima se le conceda el permiso para que la evalúen especialistas y sea excarcelada por motivos de salud.
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Del mismo modo, la ONG destaca que todos los detenidos por razones políticas están “en condiciones de absoluta precariedad y deterioro”, al ser víctimas de castigos, aislamiento, con una alimentación limitada y sin acceso a atención médica inmediata.
El caso de Emirlendris Benítez, una de las 17 personas condenadas por el “caso de los drones”, es otro grave ejemplo. La comerciante fue golpeada por funcionarios, vapuleada contra objetos contundentes como paredes y asfixiada con bolsas plásticas durante los primeros días de su detención. Esto le hizo abortar al bebé que estaba gestando.
Además, contribuyó a un encapsulamiento en mama de una de sus prótesis y la migración de biopolímeros desde sus glúteos hasta sus piernas y columna vertebral, lo que le ha causado serias dificultades para poder caminar o mantenerse en pie y le obliga, desde hace varios años, al uso de una silla de ruedas.
«Aunque recibió la visita del personal médico del SENAMECF, sigue sin recibir los permisos para hacerse los exámenes médicos necesarios para evaluar su salud y bienestar. Su salud continúa deteriorándose por la falta de acción», denunció Justicia, Encuentro y Perdón a principios de marzo.
Entre esos exámenes necesita una resonancia magnética y rayos X en la zona cervical, debido a los fuertes dolores de cabeza, piernas y la movilidad reducida que presenta. Desde hace un año y 39 días, sus familiares esperan que se autorice el traslado.
El esposo de Benítez, Yolmer Escalona, padece de diabetes. Actualmente se encuentra recluido en el Fuerte Guaicaipuro donde, según su padre José Escalona, está en condiciones de reclusión “inhumanas”.
Su padre desconoce si Yolmer recibe el tratamiento adecuado en ese lugar, y pidió una fe de vida para poder constatar su estado. Mientras estuvo recluido en la cárcel de El Dorado (estado Bolívar) fue contagiado de paludismo.
EXIGE FE DE VIDA | El Sr. José Escalona exige, una vez más, una fe de vida de su hijo, Yolmer Escalona, tras su reciente traslado al Fuerte Guaicaipuro, en Valles del Tuy, estado Miranda.
El sufrimiento del Sr. José no ha cesado desde la detención de su hijo, quien ha sido… pic.twitter.com/iV5ttgKLay
— Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) January 17, 2025
Amnistía Internacional también ha hecho llamamientos particulares para que se permita la atención médica a María Auxiliadora Delgado, que al igual que Benítez está detenida en el INOF Los Teques, y su esposo Juan Carlos Marrufo, detenido en la cárcel de El Rodeo I.
En el caso de María Auxiliadora padece de senos fibroquísticos y un virus respiratorio sincitial (VSR), que le generó una afección pulmonar, producto de sus condiciones de reclusión.
Familiares señalan que el principal obstáculo para conseguir atención médica es la negativa de las autoridades, ya sea porque los jueces no aprueban los traslados o solicitudes de evaluación por un especialista, o los directores de los centros penitenciarios se niegan a ejecutar los traslados de los presos políticos.
A los detenidos también se les ha prohibido cumplir su tratamiento completo, como es el caso del coronel José de Jesús Gámez Bustamante. El militar, preso desde el año 2015, sufre de emergencia hipertensiva con encefalopatía y edema cerebral, cardiomiopatía hipertrófica con esclerosis y estenosis aórtica, enfermedad cerebrovascular crónica con hemiplejia derecha secuela de un ACV. El año pasado se contagió de tuberculosis y su cuadro clínico se complicó.
Pese a que se permitió su traslado para extraer líquido de sus pulmones, las autoridades le impidieron cumplir su tratamiento completo, lo que ha afectado su salud, denunció Justicia, Encuentro y Perdón.
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