Migrantes deportados desde Estados Unidos a El Salvador. Video: El País
El 15 de marzo, Donald Trump y Nayib Bukele convirtieron 238 historias diferentes en una sola. Un día antes, Luis Carlos José Marcano Silva, de 26 años, llamó a su madre desde un centro de detención para migrantes en Texas (Estados Unidos). Adelys Del Valle Silva estaba de cumpleaños en la Isla de Margarita, en Venezuela, y se alegró de oír la voz de su hijo, pero notó algo raro. Unas horas más tarde, entró otra llamada. Su hijo estaba llorando. No quería arruinarle la celebración a su mamá, pero tenía que contarle que lo iban a deportar a Venezuela al día siguiente. No entendía, si él no había hecho nada malo en el casi año y medio que llevaba viviendo con permiso temporal en Estados Unidos tras cruzar la frontera y haber solicitado asilo, decía entre llantos. Si lo expulsaban del país, pensaba, allí se quedarían solas su esposa y sus dos hijas, de ocho y tres años, que habían llegado con él. Adelys trató de consolar a su hijo. Encontrarían una solución para estar juntos una vez estuviera de nuevo en su casa, prometió. Pero Luis Carlos nunca volvió. Fue expulsado de Estados Unidos a El Salvador e internado en una infame cárcel de máxima seguridad. Su madre y su esposa no han vuelto a saber nada de él.
Por Nicholas Dale Leal | EL PAÍS
Luis Carlos se encuentra junto a otros 237 venezolanos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, conocido como Cecot, después de que el Gobierno de Donald Trump los deportara bajo el supuesto de que son miembros de la pandilla El Tren de Aragua, una organización declarada como terrorista en el primer día del republicano de regreso en la Casa Blanca. Y lo hizo al país centroamericano gracias a la complicidad de uno de sus mayores aliados en América Latina, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien se ha vanagloriado del acuerdo de recibir supuestos criminales desde Estados Unidos. Esta práctica de expulsar personas a un tercer país es cada vez más utilizada y no es ilegal, en principio, pero ninguno de los deportados pasó ante un juez y, desde que están en la cárcel, ninguno de sus familiares ha recibido prueba alguna de su estado.
En el caso de al menos 137 de los 238 venezolanos deportados ese día, Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros, promulgada en 1798 y solamente activada anteriormente en la guerra contra Reino Unido de 1812 y en las dos guerras mundiales. Esta ley permite expulsar a ciudadanos extranjeros si se puede probar que hacen parte de una fuerza invasora. El argumento de la Administración estadounidense, en línea con su dialéctica antiinmigrante, es que estos hombres, a los que tilda de pandilleros —sin pruebas, en la mayoría de los casos—, equivalen a un ejército conquistador.
Los familiares de los deportados defienden que no es así. Muchos reconocieron a sus hijos, hermanos, sobrinos o esposos en las imágenes que publicó Bukele cuando llegaron al Cecot. En ellas, el presidente salvadoreño, que va a recibir por parte del Gobierno estadounidense 20.000 dólares anuales por cada preso, presume de cómo recibían engrilletados de muñecas, caderas y tobillos a estos hombres junto con 23 salvadoreños acusados, por su parte, de ser miembros de la pandilla MS-13.
Al igual que centenares como él, Noel Guape, tío del deportado Roger Eduardo Molina, sospecha que la suerte de su sobrino fue echada en el momento en el que vieron el tatuaje de una corona que tiene en el pecho. Estaba siendo interrogado por agentes migratorios de manera aparentemente rutinaria en el aeropuerto de Houston el pasado 8 de enero, donde había llegado desde Bogotá con sus papeles en regla tras seguir un programa para conseguir asilo de la mano de ACNUR (agencia de la ONU). “Los funcionarios le dijeron que habían investigado y que podían ver que él no tenía antecedentes penales. ¿Y es que qué antecedentes va a tener si era su primera vez pisando Estados Unidos?”. Aun así, desde ese día Roger solo ha dormido en centros de detención o cárceles, y no ha vuelto a ver a su novia, que viajaba con él y fue regresada inmediatamente a Colombia.
Que los tatuajes son para las autoridades estadounidenses uno de los indicios para identificar presuntos miembros del Tren de Aragua se confirmó a finales de marzo, cuando la American Civil Liberties Union (ACLU) publicó como prueba judicial en una demanda una guía del Departamento de Seguridad Nacional que establece un sistema de puntos para determinar si un sospechoso pertenece a una pandilla criminal. Alcanzar los ocho puntos es equiparable a ser pandillero, una suma muy fácil de lograr de acuerdo a los criterios detallados en el documento. Por ejemplo, tener tatuajes como una corona, un tren, un reloj, o la popular frase “Real hasta la muerte”, del reguetonero Anuel AA, da cuatro puntos. Usar ropa deportiva de equipos estadounidenses como los Chicago Bulls o de la marca Jordan otorga otros cuatro.
Esos tatuajes y esa vestimenta son muy comunes entre los jóvenes venezolanos. Para Adelys del Valle, la conclusión es sencilla: “Ya ser venezolano es un delito”.
La periodista venezolana Ronna Rísquez, autora del libro El Tren de Aragua: La banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina (Editorial Dahbar), sobre los entresijos de la pandilla, asegura que de acuerdo a su propia investigación, los tatuajes o la vestimenta no son una seña de identidad de los miembros de la banda y también pone en duda que los deportados realmente sean miembros del grupo. “Es probable que haya miembros del Tren de Aragua en Estados Unidos, pero no hay detalles ni pruebas oficiales que salgan de una investigación policial. Cuando tratas de indagar son como retazos que dijo un funcionario en algún momento”.
Además, añade Rísquez, desde que un operativo de las autoridades venezolanas en 2023 en la cárcel de Tocorón, en el Estado venezolano de Aragua, desmanteló su centro de operaciones, el grupo se ha debilitado y sus actividades y dinámicas no son claras, mientras que el paradero de sus cabecillas es desconocido. “Denominarlo una organización terrorista es absolutamente desproporcionado. No le llegan ni a la suela de los zapatos a Al Qaeda y tampoco si lo comparamos incluso con los carteles mexicanos [también declarados como terroristas por el Gobierno Trump], que son señalados de introducir toneladas de drogas que han matado a miles de estadounidenses. Eso no significa que El Tren de Aragua sean unos santos, claro”.
La organización Human Rights Watch (HRW), que está llevando a cabo su propia investigación, ha confirmado por ahora la ausencia de antecedentes criminales de muchos de los deportados venezolanos a El Salvador. Han sido exhaustivos, y han buscado esos historiales en Venezuela, en Estados Unidos, a nivel federal y en cada uno de los 50 Estados de la nación, así como en otros países por donde han pasado en algún momento los deportados, como Colombia, Perú o Chile. Hay algunos sobre los que sí pesan órdenes de captura por delitos graves, y otros cuantos que han cometido infracciones leves. La conclusión de la organización, sin embargo, es que se trata de un caso masivo de detención arbitraria y desaparición forzada.
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