La lucha por la democracia y los derechos humanos en América Latina es una batalla constante, librada en un terreno hostil. En medio del ascenso de regímenes autoritarios que persiguen la disidencia y vulneran las libertades fundamentales, como el caso de Venezuela, organizaciones como el Casla Institute han emergido ventanas de denuncias. Su labor, a lo largo de más de una década, ha sido crucial para documentar los abusos y brindar apoyo a las víctimas en una región donde la impunidad a menudo prevalece.
Tamara Suju, abogada venezolana, se ha enfrentado a esos retos como la directora del Observatorio de Derechos Humanos del Instituto Casla. Se ha convertido en uno de los rostros visibles contra la violación de derechos en Venezuela y desde su labor ha compartido pruebas para la investigación que realiza la Corte Penal Internacional sobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Nicolás Maduro.
—El Instituto Casla llega a su undécimo aniversario. ¿Cuáles cree que son los impactos más positivos que ha tenido la organización?
—El Instituto Casla tiene su sede en República Checa. Tenemos un Observatorio de Derechos Humanos, que es el que yo dirijo, especializado en América Latina. Pero, además de eso, tenemos otras coordinaciones: atendemos los problemas de democracia en el mundo, los contextos históricos y regionales que se están viviendo, los procesos de transición, y observaciones electorales. En ese sentido, somos un representante para Europa de lo que ocurre en Latinoamérica. Trabajamos en conjunto con las autoridades europeas (Parlamento Europeo) y la Organización de Estados Americanos (OEA) haciendo alertas tempranas de violaciones masivas de derechos humanos y crímenes en la región. Los directores de Casla también se dedican a los problemas en la Europa del Este.
—¿Y cuáles serían los logros de los que se siente más orgullosa?
—En estos 11 años, Casla ha crecido y se ha diversificado en sus actividades. Hemos creado una gran red llamada Juventud Casla, con más de 170 jóvenes en toda Latinoamérica que son líderes en sus países, activistas sociales y políticos. A ellos los vamos formando en democracia y derechos humanos. Y, en el ámbito de la denuncia, trabajamos con las relatorías de las Naciones Unidas, con el Alto Comisionado (de la ONU para los Derechos Humanos), con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y con la Corte Penal Internacional (CPI).
—Operan en países usualmente gobernador por gobiernos autoritarios. ¿Cuáles son los principales retos que han conseguido al trabajar en esos contextos? ¿Cómo logran conseguir información y recibir denuncias sobre la violación de derechos humanos conociendo que esas poblaciones luchan contra el miedo?
—Las víctimas nos buscan. Antes de estar en el Instituto Casla, tengo una trayectoria en Venezuela como abogada, defensora de derechos humanos y de dedicación a trabajar con víctimas y denunciar lo que ocurría. Luego de verme obligada a salir de Venezuela, en lugar de cerrarse, esas redes de contacto se han ampliado. Trabajamos con personas en el terreno, en los países en los que tenemos presencia y donde denunciamos con los contactos que hemos hecho durante todos estos años. La denuncia no cesa.
—¿Cómo logran conseguir información y recibir denuncias sobre la violación de derechos humanos conociendo que esas poblaciones luchan contra el miedo?
—De alguna manera, hemos logrado combatir ese miedo con responsabilidad y confidencialidad de las víctimas. Es decir, nosotros le ofrecemos a la víctima la forma en cómo ellos quieren denunciar: si quieren hacerlo de forma incógnita mientras viven dentro de esos países, o si quieren hacerlo de forma más pública. Y esa generación de confianza que hemos desarrollado durante todos estos años hace que esas personas corran la voz y te busquen más personas. Es cuestión de trabajar con responsabilidad. En el trato con las víctimas hay que tener responsabilidad y mucho tacto y solidaridad. Eso es lo que realmente nos ha dado esa confianza con la gente.
—Como equipo, ¿qué otros desafíos han encontrado en estos contexto autoritarios?
—En primera instancia, el acercamiento con las víctimas y convencerlas de que cuenten sus historias y denuncias siempre es un gran reto. Ese acercamiento, por supuesto, trae muchos problemas de seguridad para los miembros del Instituto Casla. Cualquier miembro del Instituto Casla debe tener precaución a la hora de visitar cualquier país que tenga buenas relaciones con gobiernos autoritarios. Debemos considerar esas alertas, porque hacemos visitas presenciales como observadores electorales y relatores de violaciones de derechos humanos. Debemos garantizar con antelación de que no vayan a ir contra nosotros. Otro de los desafíos es la parte económica, porque hoy en día las organizaciones tenemos bastantes problemas para poder continuar trabajando y seguir ayudando a los que apoyamos en los terrenos. Se ha mermado mucho la ayuda económica para las organizaciones de derechos humanos y esto es como un llamado también a aquellas personas y gobiernos que apoyaban o que deberían apoyar el trabajo de las organizaciones que se dedican a esto, porque no solamente se hace un trabajo que es titánico, sino que además se hace en circunstancias muy difíciles y con poca capacidad de ingresos.
—¿Por qué cree que ha disminuido el apoyo en financiamiento de los organismos internacionales a las organizaciones que investigan y denuncian la situación de los derechos humanos?
—Un caso es, por ejemplo, de aquellas organizaciones que aportaban fondos desde Estados Unidos y que han sido afectadas por la restructuración gubernamental, que ha dado prioridades a otros sectores. El problema es que eso no sólo ha ocurrido con Estados Unidos, sino también en la Unión Europea (UE), donde se ha vuelto un proceso muy difícil aplicar para obtener donaciones. No terminas nunca de llenar los papeles y todas las trabas que consigues, incluso siendo una organización europea y demostrando el trabajo de trayectoria, es muy difícil acceder a las donaciones europeas. Entonces, nosotros hacemos el trabajo de hormiguita en el terreno, somos objeto de persecución por el trabajo que hacemos, pero tenemos muy poco apoyo mundial.
—En un contexto así, ¿cuáles diría que son las principales metas o líneas de acción que busca cumplir el Instituto Casla para los próximos años?
—Nuestras principales metas es fortalecer el equipo, darle una ampliación para poder ser más efectivos en las solicitudes que recibimos. A veces no nos damos abasto para tantas cosas en las que nos piden estar o hacer. Queremos seguir creciendo y contar con más apoyo para poder hacerlo. Tenemos muchas ganas de tener más presencia en la región latinoamericana, en el terreno, con nuestras juventudes, con las personas que trabajan con nosotros. Nuestra meta es seguir desarrollando las actividades que hacemos, poder estar presente en todas ellas, estando en donde nos soliciten, estando en procesos de transiciones, estando en situaciones donde se reconoce que se están desestabilizando las democracias, y tratar de buscar soluciones con todos, con las redes de organizaciones, con las instituciones para que no se debilite la democracia, sino para fortalecerlas.
—Después de las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela, donde las actas impresas por las máquinas electorales del Consejo Nacional Electoral (CNE) revelaron la victoria de Edmundo González Urrutia sobre Nicolás Maduro, parece que los mecanismos de represión en el país empeoraron a situaciones incluso más graves de las que ya conocemos. ¿Qué opinión tiene sobre eso?
—Yo le decía a una persona con la que estaba hablando estos días que lo bueno de todo lo malo que nos está pasando es que el venezolano, antes y después de las elecciones del 28 de julio, se pasó el chip: ya no quiere al régimen de ninguna manera. No lo quiere. Los venezolanos lo único que desean es que el régimen salga. ¿Qué sucede? Que ellos (el gobierno de Maduro) se mantienen por la fuerza. Es el único régimen en América Latina que tiene una investigación abierta por crímenes de lesa humanidad en el máximo tribunal penal internacional (en la CPI) y se aferra al poder asesinando, deteniendo, torturando y maltratando. Pero dentro de esas estructuras también hay gente que de alguna manera está rechazando lo que está ocurriendo. Cuando tú tienes un régimen que necesita meter presos a sus militares, a sus funcionarios de organismos de seguridad, que no confían más que en un círculo muy pequeño de personas que están dispuestas a actuar por ellos, es porque tú tienes un régimen que está acabándose. En algún momento esa cuerda revienta.
—¿Cree, entonces, que hay descontento entre las filas internas del gobierno de Maduro? Me refiero a personas que podrían no estar dispuestas a mantener la represión.
—El mensaje que yo les mando a todas esas personas de estos organismos de seguridad es que ellos (los cabecillas en el gobierno de Maduro) tienen el avión para irse, pero que en ese avión no caben todos. Ellos se van a ir y ustedes se van a quedar pagando los platos rotos de estos criminales. Así que yo les pregunto: ¿hasta dónde están dispuestos a tensar esa cuerda y, además, en contra de los venezolanos, de sus propias familias, de sus amigos, de sus vecinos? No en vano tienen a centenares de presos políticos, incluyendo militares y funcionarios de los organismos de seguridad que al día de hoy, si bien no sabemos cuántos son, sí sabemos que los tienen detenidos. Son cadetes, oficiales de general para abajo, funcionarios de seguridad, presos precisamente porque es que no confían ni en su sombra.
—¿Han podido identificar nuevos mecanismos de represión? Ahora mismo recuerdo las redes, incluso números de teléfono, que funcionarios de seguridad establecieron para que las personas denunciaran a sus vecinos que participaban en protestas, por ejemplo.
—Esa forma parte de la planificación. Por eso es que son crímenes de lesa humanidad, porque son masivos y sistemáticos. Y la parte de la planificación no lo pueden esconder. Esa es una de las cosas que estoy segura que en la Corte Penal Internacional ven muy de cerca, desde la operación Tun Tun, las plataformas que montaron para que los patriotas cooperantes denunciaran a sus vecinos, a sus familias y a sus amigos. La operación del sapeo en Venezuela es una de las cosas que nos debe llamar la atención como sociedad, porque esas personas que denunciaron a sus vecinos por celebrar el triunfo de Edmundo (González), por decir fuera Maduro, por expresar su descontento por el fraude electoral, esas personas tienen que saber que son cómplices de los crímenes que le han ejecutado a las personas que ellos mandaron a apresar. En muchos casos esas personas que ellos denunciaron fueron a cárceles terribles, donde sufrieron torturas, malos tratos, e incluso hoy día continúan encarcelados. Ellos se convierten en parte de la estructura represiva, haciéndose tan culpables como los que ejecutan dicha represión.
—Parecen también maneras que usan los represores para infundir miedo y controlar: colabora, quédate en silencio y no te haremos nada. ¿Cree que esto pudiera afectar psicológicamente a la sociedad venezolana y su forma de ser?
—Por eso el régimen lo aplica. Se conoce como el terrorismo de Estado. Mantiene a la población en zozobra y, en consecuencia, separada. Y esa separación, que también suele ser ideológica, es lo que hace que algunos chavistas sientan odio hacia los opositores y decidan exponerlos. Es la base de esa estructura de sapos. También toman las calles con funcionarios armados y encapuchados, que ni siquiera sabes si te van a detener o hacer algún daño. Eso es parte del terror. Lo bueno es que el venezolano es como el cuero seco: cuando lo pisa por un lado se levanta por el otro. Un ejemplo de ello fue el 28 de julio.
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