El secretario de la Federación Unitaria de Trabajadoras y Trabajadores del Petróleo de Venezuela (FUTPV), Iván Freites, denunció que 18 trabajadores petroleros de la refinería El Palito, ubicada en el estado Carabobo, fueron detenidos por cuerpos de seguridad del Estado y trasladados sin orden judicial conocida a los centros penitenciarios Yare II y Yare III, en el estado Miranda.
A través de redes sociales, Freites señaló que esta nueva ola represiva se suma a la situación que enfrentan más de 100 trabajadores petroleros previamente arrestados en el Centro de Refinación Paraguaná.
Aseguró que las familias de los detenidos viven con miedo y, tras buscar desesperadamente su paradero, lograron confirmar que algunos se encuentran en los mencionados recintos penitenciarios, aunque se les ha negado el derecho a visitarlos.
“Son trabajadores venezolanos que están siendo apartados de sus familias sin cargos formales ni garantías sobre su vida. Sus familiares están aterrorizados e indefensos ante la violencia de los cuerpos de seguridad y el silencio cómplice de la fiscalía y la defensoría del pueblo”, alertó Freites.
Calificó la situación del centro penitenciario de Yare, ubicado a unos 75 kilómetros de Caracas, como un campo de concentración donde se mantiene a decenas de venezolanos privados de libertad por motivos políticos.
El dirigente sindical señaló que las instalaciones de Pdvsa permanecen bajo fuerte presencia de efectivos del DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar). Explicó que, si un trabajador falta a su jornada laboral, es víctima de la llamada Operación Tun Tun, donde funcionarios ingresan a sus hogares para detenerlos sin garantías procesales.
Silencio oficial ante detención de trabajadores petroleros
El secretario de la FUTPV cuestionó el silencio del fiscal general, Tarek William Saab, y de las autoridades de Pdvsa. Además, reclamó que mientras los trabajadores petroleros son privados de libertad sin proceso ni imputación, los altos funcionarios señalados por escándalos millonarios, como Tareck El Aissami y Rafael Tellechea, no enfrenten la misma severidad.
“¿Qué esconde el régimen detrás de esta masiva represión? ¿Le darán libertad a quienes se habrían apropiado de millones de dólares acusando a estos trabajadores por delitos que no cometieron?”, cuestionó Freites.
Freites concluyó que estos hechos constituyen desapariciones forzadas y violaciones graves a derechos humanos que podrían tipificarse como delitos de lesa humanidad, al tiempo que llamó a la comunidad internacional a no desviar la atención de lo que ocurre en Venezuela.
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