Pocas instituciones van quedando en Venezuela con más antigüedad que los gobiernos del chavismo: una de ellas es la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), de lejos el deporte más popular del país, el que acapara las conversaciones y «chalequeos» en cada esquina una vez que empieza el torneo, que en 2025 cumple 80 años de vida. Sin embargo, como se ha visto antes, los clubes de deporte profesional han sido cooptados como otra fachada de los negocios del oficialismo, una realidad de la que tampoco escapa la pelota. El poderoso guante del régimen también atrapa equipos.
La LVBP está constituida por ocho clubes, de los que al menos cuatro son controlados principalmente por empresarios y directivos cercanos a figuras del círculo de poder madurista, según fuentes independientes consultadas para este reportaje: Navegantes del Magallanes, Tigres de Aragua, Tiburones de La Guaira y Caribes de Anzoátegui.
Los clubes restantes (Leones del Caracas, Cardenales de Lara, Águilas de Zulia y Bravos de Margarita) pertenecen a consorcios privados o grupos familiares de varias generaciones de tradición, lo que no implica que dejen de transar con el oficialismo para garantizar su supervivencia, como casi toda actividad bajo un Estado de tintes totalitarios.
El presidente del Consejo Directivo de Navegantes del Magallanes —el club más popular de Venezuela, según estudios de la firma Datanálisis— es Giuseppe Palmisano Lonigro, un personaje ubicuo en el deporte nacional que también es el actual presidente de la LVBP. Además, preside la Superliga Profesional de Baloncesto y el equipo Trotamundos de Carabobo, así como el equipo de fútbol Carabobo FC.
Un equipo más dependiente del gobierno es Tigres de Aragua, entre cuyos directivos ha figurado Esteban Trapiello, veterano productor artístico y televisivo muy cercano a Tareck El Aissami, según un perfil del portal de investigación Armando Info. La caída en desgracia de El Aissami, exministro de Petróleo acusado de corrupción y presuntamente detenido desde 2024, no necesariamente ha arrastrado a este delfín.
Fue pública y notoria en 2023 la compra de Tiburones de La Guaira —otrora uno de los clubes pertenecientes a familias vinculadas por décadas al negocio beisbolero— por Wilmer Ruperti, empresario naviero y habitual «rescatista» de los gobiernos del chavismo. De hecho, desde entonces el propietario ha traspasado los códigos no escritos de la pelota para inmiscuirse en los asuntos estrictamente deportivos del equipo: como en diciembre de 2024, cuando intervino de manera pública para impedir el despido del manager Oswaldo Guillén, con un video subido a redes sociales en el que Ruperti no parecía estar físicamente del todo bien.
Con respecto a los Caribes de Anzoátegui, también es pública la cercanía de su propietario Magglio Ordónez (exjonronero de Grandes Ligas y exalcalde del PSUV en el municipio Sotillo del estado oriental) y el fiscal general del régimen de Maduro, Tarek William Saab, exgobernador del estado Anzoátegui por el partido de gobierno PSUV. Ambos tienen un vínculo de compadrazgo y de otra naturaleza: «Sus pininos como hombre de negocios tuvieron lugar en 2006, cuando a la sombra de su compadre, el gobernador por ocho años de Anzoátegui, Tarek William Saab, ganó contratos para obras públicas en la región. Una empresa de Ordóñez construyó el estadio de fútbol de Puerto La Cruz, que sirvió de sede para la Copa América de 2007, detalla un perfil del diario español El País.
La lista de clubes de la LVBP capturados para la causa oficialista estuvo a punto de ampliarse con un quinto miembro: Bravos de Margarita, que al menos hasta la actualidad es propiedad de Tobías Carrero Nácar, un empresario de seguros que, según varias fuentes, fue cercano al chavismo, pero luego cayó en desgracia ante el poder de facto. Por órdenes directas de El Aissami (entonces todopoderoso ministro de Industria), el equipo margariteño fue intervenido por el gobierno de Maduro en 2020. De esta medida luego no se supo más, al menos de manera pública.
Con antecedentes de sanción
Magallanes y Tigres de Aragua llegaron a estar sancionados directamente entre 2019 y 2022 por un organismo cuyas siglas ya son ampliamente familiares para los venezolanos medianamente informados: la OFAC (Oficina de Control de Activos en el Extranjero) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, lo que por supuesto tuvo implicaciones en lo deportivo: afectaban la capacidad de ambos clubes tanto para contratar peloteros importados como para repatriar a sus grandeligas venezolanos o cualquier otro beisbolista con contrato vigente en el Norte.
¿Por qué estos equipos y no otros (o todos)? Las razones fueron complejas y las expuso el portal especializado El Emergente en 2020. Se podría resumir en el hecho de que tanto los «bucaneros» (Magallanes) como los «felinos» (Los Tigres de Aragua) están constituidos como fundaciones, de las que forman parte inseparable los gobiernos locales de Carabobo y Aragua, también controlados por el oficialismo.
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