El Gobierno de Nicolás Maduro insiste en que plataformas como WhatsApp son utilizadas para conspiraciones y la filtración de información, mientras promueve el uso de aplicaciones chinas de mensajería instantánea como WeChat. Sin embargo, estas acusaciones contra la aplicación más popular del mundo responden a un patrón común en regímenes autoritarios como Rusia y China, que han bloqueado total o parcialmente WhatsApp en sus territorios. En estos contextos, donde la vigilancia ciudadana se convierte en política de Estado, el cifrado de extremo a extremo es visto como un obstáculo para controlar lo que comunican sus ciudadanos.
Por Connectas
A pesar de los señalamientos del Gobierno venezolano contra WhatsApp, lo cierto es que ningún Estado puede acceder directamente al contenido de las comunicaciones protegidas por este tipo de cifrado. Precisamente por eso, en países autoritarios, estas plataformas son atacadas o bloqueadas, mientras se desarrollan métodos alternativos de vigilancia que forman parte de una estrategia sofisticada, sistemática y, en muchos casos, ilegal.
Organizaciones como IPYS Venezuela, VeSinFiltro y Freedom House han documentado cómo Nicolás Maduro ha construido un aparato de control digital que incluye interceptaciones masivas de llamadas, aplicaciones oficiales que recolectan datos sin consentimiento, monitoreo constante de redes sociales y acceso forzado a dispositivos móviles.
Este ecosistema de vigilancia no solo compromete la privacidad individual, sino que también alimenta un clima de intimidación y autocensura que debilita gravemente la libertad digital en el país.
Un patrón de censura y vigilancia importado desde China y Rusia
A Nicolás Maduro no se le ocurrió de la noche a la mañana la idea de que la app de mensajería WhatsApp sea mala para los venezolanos. La influencia de Rusia y China ha jugado un papel clave en cómo el gobierno venezolano ha reestructurado su estrategia comunicacional para imponer narrativas altamente desinformantes, a la vez que bloquea medios independientes y plataformas de mensajería o redes sociales y utiliza métodos de vigilancia digital con sus ciudadanos.
“Los intereses comunes entre la Rusia de Vladimir Putin y la Venezuela de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, han impulsado una alianza que ha trascendido los acuerdos económicos, militares, políticos y sociales. La difusión de propaganda es un novedoso campo de integración binacional… En el campo digital se ha evidenciado el uso de cibertropas (bots) en Venezuela para imponer tendencias favorables a la retórica rusa. Por su parte, en medios rusos, es evidente que las referencias a Venezuela impulsan una imagen favorable al régimen de Nicolás Maduro”, señala un informe de Transparencia Venezuela.
El desprecio por WhatsApp es algo que también comparten los gobiernos autoritarios. Hace pocos días Rusia anunció restricciones a las llamadas en las aplicaciones de mensajería WhatsApp y Telegram, al argumentar que la medida es necesaria para combatir la criminalidad, tal y como han confirmado los medios estatales.
“Con el fin de combatir a los criminales, se están tomando medidas para restringir parcialmente las llamadas en estas aplicaciones de mensajería extranjeras”, informó el organismo de control de comunicaciones Roskomnadzor, citado por las agencias de noticias RIA y TASS.
Por su parte, China bloqueó WhatsApp desde hace muchos años. En 2017, la app de mensajería instantánea se sumó a Instagram y Facebook entre las redes bloqueadas, en medio de su política de control de internet conocido como el “Gran Cortafuegos”. De hecho, en China no se tiene acceso a prácticamente ninguna de las plataformas con relevancia mundial. TikTok, Snapchat, Reddit, Pinterest, Tumblr, YouTube, los servicios de Google, y de streaming como Netflix, Spotify o Amazon Prime están bloqueados.
China no solo es un ejemplo para Venezuela respecto al bloqueo de aplicaciones, sino que su influencia se entreteje con mecanismos de imposición de narrativas, censura y vigilancia ciudadana. En un informe de National Endowment for Democracy (NED), la investigadora Iria Puyosa apunta a Beijing como un agente que colabora con la consolidación del poder de gobiernos latinoamericanos autoritarios y de orientación autoritaria a través del suministro de tecnologías que facilitan la vigilancia y la represión.
El informe resalta como ejemplo de vigilancia y control de la población a la plataforma del Sistema Patria de Venezuela, desarrollada por la empresa de telecomunicaciones china ZTE y que guarda gran cantidad de datos de los venezolanos. Pero la influencia china va más allá. Empresas chinas han montado sistemas de videovigilancia en espacios públicos de Ecuador, Venezuela y Bolivia y proporcionado tecnologías para la vigilancia de los usuarios de internet.
Ya en 2019, un informe de The Carnegie Endowment for International Peace advertía que empresas tecnológicas chinas como Huawei trabajaban directamente con autoridades estatales para exportar “tecnología autoritaria” a gobiernos aliados, con el objetivo de expandir su influencia y promover modelos de gobernanza alternativos. Un informe más reciente del CDDRL de la Universidad de Stanford confirma que estas prácticas persisten, y detalla cómo esta tecnología ha sido adoptada por regímenes que buscan reforzar el control sobre la información y la ciudadanía.
“Un creciente consenso señala a China como un impulsor global de la “tecnología autoritaria“… un subconjunto de las exportaciones chinas se dirige directamente a países como Zimbabue y Venezuela, que son graves violadores de los derechos humanos y que, de otro modo, no podrían acceder a dicha tecnología”, apunta uno de estos reportes.
La afinidad del gobierno venezolano con la tecnología china y el gobierno de Pekín no es algo que se oculte. Recientemente Nicolás Maduro mostraba en medio de un evento de maestros el nuevo teléfono celular de marca Huawei que, según él, le había regalado el presidente de China Xi Jinping. La publicación de medio chavista en X no solo hacía referencia a este regalo, sino que atacaba a WhatsApp.
“Presidente de China, Xi Jinping, le regaló el último teléfono de Huawei a Nicolás Maduro para mantener contacto permanente. Ojo, cero WhatsApp. Ellos locos, nosotros tranquilos, juntos venceremos!”, se lee en el tweet que acompaña al video.
Rafael Uzcátegui, director del centro de pensamiento Laboratorio de Paz explicó que, en un ejercicio por mantenerse informados durante el proceso electoral, los venezolanos construyeron redes para compartir contenidos en espacios de confianza. Fue precisamente la existencia de estas redes lo que permitió que documentaran los resultados electorales desde los propios centros de votación. “La gente tuvo su propia verdad antes de que se divulgara la supuesta verdad oficial”, explica.
La diáspora también fue clave. Venezolanos en todo el mundo esperaban el cierre de mesas para revisar actas, compartirlas y compararlas. Este compromiso fue aún más significativo si se considera que, a pesar de que más de 7 millones de venezolanos forman parte de la diáspora, solo 69.211 personas fueron habilitadas para sufragar en el exterior.
La exclusión del voto migrante consolidó la necesidad de que quienes estaban fuera del país se implicaran en la verificación ciudadana y el relato colectivo del proceso.
La plataforma resultadosconvzla.com, puesta en marcha el 30 de julio como un repositorio centralizado por la oposición de las actas originales que los mismos ciudadanos estuvieron escaneando por varios días, terminó de cohesionar ese proceso. Cada nueva carga de actas generaba hilos colaborativos en los que ciudadanos las contrastaban con los resultados escuchados en vivo en sus propias comunidades, mientras analistas y estadísticos cotejaban los totales.
“Esto nació desde lo más profundo del sentimiento ciudadano de justicia”, recuerda Giusseppe Gangi, activista digital y creador del portal macedoniadelnorte.com. Sin esa colaboración, dice, no habría sido posible construir el archivo ciudadano más amplio de una elección en Venezuela.
¿Cómo espía el régimen de Maduro?
En Venezuela, el espionaje estatal no se realiza directamente a través de plataformas como WhatsApp, pero se lleva a cabo por otras vías igualmente invasivas. Entre ellas destacan:
1. Intervenciones telefónicas a gran escala
Un informe publicado en 2021 por Telefónica (empresa matriz de Movistar Venezuela) confirmó la magnitud de la vigilancia estatal por parte del Estado venezolano. Según el reporte, más de 1,5 millones de líneas telefónicas fueron interceptadas durante ese año, lo que equivale a casi el 20% del total de usuarios de Movistar en el país. Estas intervenciones incluyeron la interceptación de llamadas, la supervisión de mensajes SMS, la geolocalización de personas a través de sus teléfonos móviles y el monitoreo de su tráfico de internet.
Para dimensionar el impacto de estas cifras, basta con observar el análisis comparativo incluido en el informe: Venezuela concentró el 81% de todas las interceptaciones legales reportadas por Telefónica en los 12 países donde opera, superando por mucho al resto de las naciones combinadas.
El informe de Movistar Venezuela también señaló que las autoridades competentes para solicitar la interceptación de comunicaciones incluyeron el Ministerio Público, el CICPC, cuerpos de policía habilitados para ejercer atribuciones en materia de investigación penal y la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES).
El hecho de que únicamente Telefónica haya publicado un informe detallando la interceptación de líneas telefónicas no significa que otras operadoras, como Digitel o Movilnet, no estén sujetas a prácticas similares. La diferencia es que estas compañías nunca han divulgado datos al respecto. Incluso en el caso de Telefónica, este tipo de información solo fue reportada una vez, lo que sugiere una falta generalizada de transparencia en el sector.
2. Aplicaciones estatales con fines de control
Aplicaciones como VenApp, desarrolladas bajo el paraguas del gobierno de Maduro, recolectan datos personales y de geolocalización. Aunque fue presentada inicialmente como una “red social venezolana” creada por emprendedores, su verdadero propósito se ha ido revelando con el tiempo.
Originalmente diseñada para reportar fallas en servicios públicos, VenApp fue utilizada tras las elecciones del 28 de julio de 2024 para centralizar reportes sobre protestas sociales y presuntas “Guarimbas Fascistas”, refiriéndose a su uso para la delación de ciudadanos críticos del oficialismo
Bajo control estatal, esta plataforma se ha convertido en una herramienta de monitoreo ciudadano.
3. Monitoreo sistemático de redes sociales
Desde la creación del Centro Estratégico para la Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA) en 2013 y la capacitación de cuerpos de seguridad —como la Guardia Nacional— en el uso de redes para “advertencias tempranas”, el monitoreo digital se ha institucionalizado en Venezuela.
Una muestra clara es el caso de Nelson Piñero, militante de Encuentro Ciudadano, detenido el 21 de noviembre de 2023 por publicar comentarios críticos contra el gobierno en la red social X. Fue imputado por “incitación al odio”, luego de que sus publicaciones fueran detectadas mediante “ciberpatrullaje” del Servicio Bolivariano de Inteligencia.
Tras las elecciones presidenciales de 2024, un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció que funcionarios realizaron registros arbitrarios de teléfonos móviles en busca de vínculos con la oposición. Además, ciudadanos reportaban a sus vecinos a través de VenApp por expresar descontento en redes sociales o grupos de WhatsApp, lo que dio lugar a operativos conocidos como la Operación Tuntún, la cual se trazó como una estrategia policial que saturó el ecosistema digital venezolano con amenazas de arresto por publicar contenido que según el régimen fueran «golpistas» o «violentos», empleando doxxing, publicando información personal de los acusados y realizando operativos de captura de manifestantes en vivo para intimidar, perseguir y arrestar a miles de venezolanos.
4. Uso de antenas falsas (IMSI Catchers)
Una investigación de Armando.info reveló la existencia de al menos 80 antenas sospechosas en Venezuela, muchas de ellas ubicadas en zonas estratégicas de Caracas, aeropuertos y en la frontera con Colombia.
Estos dispositivos, conocidos como IMSI Catchers (o Stingrays/Triggerfish), simulan ser antenas de telefonía móvil para interceptar comunicaciones en un radio de hasta un kilómetro. Son portátiles, difíciles de detectar a simple vista, y pueden ocultarse en lugares tan discretos como el maletero de un vehículo o un clóset.
Una vez activados, pueden capturar llamadas, leer mensajes de texto y rastrear la ubicación exacta de un teléfono, dejando expuestos algunos datos personales sensibles.
5. Acceso forzado a teléfonos mediante herramientas forenses
Aunque no se trata de vigilancia remota, herramientas como Cellebrite representan otro método a través del cual las autoridades pueden acceder a la información de un teléfono. Cellebrite es un dispositivo de análisis forense que permite copiar el contenido completo de un teléfono móvil, incluso si está protegido por contraseña. Sin embargo, solo puede ser utilizado si las fuerzas de seguridad tienen el dispositivo en su poder, lo que usualmente ocurre tras una detención o incautación.
Esta herramienta explota vulnerabilidades en el sistema operativo o contraseñas débiles para desbloquear el dispositivo. Una vez dentro, Cellebrite extrae automáticamente fotos, registros de llamadas, historiales de ubicación, redes Wi-Fi almacenadas y, en muchos casos, el contenido de aplicaciones de mensajería o redes sociales.
Aun así, el peligro más frecuente para la ciudadanía no son estas herramientas forenses, sino las aplicaciones espía instaladas sin consentimiento, muchas veces bajo el disfraz de software de “control parental” o “seguridad personal”. Estas apps permiten a terceros monitorear llamadas, mensajes, ubicación e incluso activar la cámara o el micrófono del teléfono sin que el usuario lo note.
6. Revisión arbitraria de teléfonos móviles
A pesar de que la legislación venezolana protege la privacidad de comunicaciones: un funcionario no puede revisar un celular sin orden judicial. Y en adición a la resolución conjunta sobre puntos de control (2022), que permite grabar el procedimiento y no autoriza obligar a entregar teléfonos; además,, en teoría, restringe al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de instalar puntos de control y de revisión aleatorios.
Sin embargo; en la práctica, después del 28 de julio de 2024, la revisión arbitraria de teléfonos en alcabalas y puntos de control instalados por los organismos de seguridad en diferentes ciudades del país, se convirtió en un hecho frecuente y un detonante de detenciones arbitrarias, así como fuente de extorsión por parte de efectivos policiales y militares.
Organizaciones como Provea, Laboratorio de Paz y Freedom House alertan sobre la intensificación de las revisiones de los teléfonos como un mecanismo blando de represión. Los afectados han denunciado que los funcionarios obligan a entregar el teléfono para revisar fotos, redes y chats.
Por ejemplo, Provea reportó que en agosto de 2024, en un punto de control de la Policía Nacional Bolivariana, un joven fue bajado de una unidad de transporte público porque los oficiales le revisaron el teléfono y encontraron publicaciones críticas contra Maduro. Este estuvo detenido varias horas sin orden judicial.
Cabe mencionar que tanto el SEBIN como el CICPC, ambos son señalados por la ONU y la CIDH como responsables de violaciones graves a los derechos humanos y sus mandos están bajo investigaciones por crímenes de lesa humanidad.
Sembrar el miedo, una estrategia para censurar
Más allá de los aspectos técnicos o legales, las acusaciones del gobierno de Nicolás Maduro contra WhatsApp deben entenderse en un contexto de control político de la información. En Venezuela, la libre circulación de mensajes por canales no controlados por el Estado representa una amenaza directa para un gobierno que basa parte de su poder en el dominio de la narrativa pública.
En ese sentido, crear rumores y desinformación sobre supuestos espionajes, bases de datos filtradas o conspiraciones extranjeras cumple una función estratégica: infundir temor, desalentar el uso de una plataforma que el gobierno no puede vigilar de manera constante.
Pero la campaña de descrédito contra WhatsApp no solo busca silenciar una vía de comunicación libre. También prepara el terreno para justificar la creación de una aplicación nacional, similar en funciones, pero controlada por el gobierno, como ya ha ocurrido en países aliados como Rusia (con su red Gosuslugi) o China (con plataformas como WeChat, altamente vigiladas). La mención de un “sistema de mensajería propio y seguro” por parte de Maduro, sumada a experiencias como VenApp, que ya permite el rastreo de ubicación y el cruce de datos personales, apuntan en esa dirección.
Más allá del discurso oficial, las acciones del gobierno de Maduro no parecen estar orientadas únicamente a proteger a la población del supuesto “espionaje extranjero”, sino a centralizar las comunicaciones digitales a través de un sistema de herramientas estatales que le permita acceder a conversaciones, ubicaciones, redes sociales y posibles patrones de comportamiento social y político de los ciudadanos.
Es una estrategia que combina miedo, difamación, propaganda y sustitución tecnológica con fines de vigilancia, y representa un nuevo frente de disputa en la lucha por la libertad de expresión en Venezuela.
“Declaraciones peligrosas”
“En las últimas horas hemos visto peligrosas declaraciones de parte de las principales figuras de la administración de Maduro, además se rodean de las caras visibles de los aparatos de represión para intimidar. Están invocando la lucha contra el fascismo para justificar su política deliberada de destrucción del Estado de derecho; así como usan las sanciones del imperialismo para justificar su programa de ajuste neoliberal”, alertó la dirigente del PCV.
Andrade se refirió concretamente a las declaraciones de Jorge Rodriguez sobre “extirpar el fascismo” de los movimientos sociales, durante la sesión ordinaria del Parlamento este 12 de agosto. Lo hizo en presencia del ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, y de representantes de los cuerpos policiales del país, entre ellos Alexander Granko por la Dgcim.
El secretario general del PCV y diputado de la AN, Oscar Figuera, considera que las palabras de Rodríguez son un “desafío abierto a las fuerzas democráticas y populares de Venezuela y confirma una práctica abiertamente violatoria de la Constitución».
A juicio de Uzcátegui, el chavismo también intenta mostrarse cohesionado, a través de la represión, para presentarse invencible de cara a la propuesta de reforma constitucional que, según dijo Maduro, se retomará en 2026.
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