El más reciente informe de Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento, 27J: La Normalización Fallida, cubre el período entre junio y agosto de 2025, continuando la documentación del deterioro democrático en el país.
Lejos de estabilizar el panorama político, las elecciones municipales del 27 de julio solo sirvieron para profundizar la emergencia democrática compleja y confirmar un nuevo episodio del simulacro democrático venezolano.
La represión no es circunstancial, sino una estrategia sostenida de control político.
La ficción electoral
La convocatoria adelantada a elecciones, incluyendo las municipales, buscaba proyectar ante la comunidad internacional una imagen de "normalidad democrática", tras el fraude presidencial de 2024. Sin embargo, el proceso se configuró como un "simulacro" que consolidó un esquema de "elecciones sin elegir", con falta de garantías y ausencia de observación internacional.
La participación real, calculada sobre el Registro Electoral total, fue apenas de 29%, la menor cifra histórica para comicios municipales. A pesar de esta baja participación, el oficialismo obtuvo 85% de las alcaldías en disputa.
Narcotráfico: un pilar estructural del poder
El informe subraya que el narcotráfico se ha consolidado como una economía ilícita de gran magnitud, que financia y sostiene la estructura de poder político-militar.
Según Transparencia Venezuela y la UNODC, casi 24% de la cocaína mundial transitó por el país en 2023, generando ingresos superiores a 8.185 millones de dólares en 2024.
Altas autoridades civiles y militares están presuntamente vinculadas al Cartel de los Soles, lo que convierte esta actividad criminal en un factor de violaciones sistemáticas de derechos humanos.
Militarización y la respuesta a Estados Unidos
Frente al operativo antidrogas desplegado por Estados Unidos en el Caribe, que incluyó ataques letales contra embarcaciones venezolanas con saldo de 14 personas muertas, el gobierno activó el Plan Independencia 200. Este plan implica la militarización de la vida social, integrando a la Milicia Bolivariana, cuerpos policiales y combatientes civiles en 284 frentes de despliegue.
La estrategia busca reforzar el control interno y legitimar el liderazgo del gobierno invocando la narrativa de la "agresión imperialista".
La clandestinidad forzada del espacio cívico
El espacio cívico experimentó un cierre acelerado, documentando 167 violaciones a la libertad de expresión entre enero y agosto de 2025, incluidas 24 detenciones de periodistas y ciudadanos.
Se ha consolidado la "semiclandestinidad forzada", donde partidos, ONG y sindicatos operan bajo hostigamiento constante, sin sedes físicas ni vocerías públicas, buscando resguardar la integridad de sus miembros. Este patrón de terrorismo de Estado busca inhibir la protesta y fragmentar la disidencia.
Ejemplos de represión simbólica
Un ejemplo concreto del uso desproporcionado del derecho penal para castigar la disidencia es la condena a 10 años de prisión contra las jóvenes Génesis Pabón y Rocío Rodríguez. Ambas fueron sentenciadas por estampar una camiseta con un motivo gráfico de carácter político, acto que está amparado por los estándares internacionales de libertad de expresión.
Esta sanción severa no se relaciona con la naturaleza del acto, sino con una estrategia de control social para generar un "efecto ejemplarizante" y blindar los símbolos oficiales.
Detenciones arbitrarias y diplomacia de rehenes
Entre junio y agosto de 2025 se documentaron 71 detenciones arbitrarias por razones políticas, de las cuales 63% fueron contra militantes de partidos políticos.
Para septiembre de 2025 se confirmaban 1.056 presos políticos, entre ellos 41 extranjeros y 48 binacionales, quienes son usados como "fichas de negociación" o "diplomacia de rehenes". Este patrón de instrumentalización de personas, incluso familiares de opositores, busca obtener beneficios diplomáticos o extorsionar a actores externos, constituyendo una violación flagrante de derechos.
Desapariciones forzadas de corta duración
Otro dispositivo de control social es la desaparición forzada de corta duración: 45% de las detenciones arbitrarias documentadas en el período la implicaron. Esta práctica, aunque breve, reúne todos los elementos de una desaparición forzada según el derecho internacional y busca quebrar psicológicamente a las víctimas e intimidar a sus familiares.
El objetivo es paralizar la acción social y consolidar una cultura de sumisión frente a la arbitrariedad estatal.
La persistente crisis migratoria
La crisis de movilidad humana sigue siendo crítica, con 6,87 millones de venezolanos desplazados en 17 países de América Latina a mediados de 2025. Un fenómeno alarmante es la "migración inversa": más de 14.000 personas fueron forzadas a retornar hacia el sur desde Estados Unidos y México debido a las políticas migratorias restrictivas.
En la Unión Europea, 49.000 venezolanos solicitaron asilo en el primer semestre de 2025, pero solo 0,02% obtuvo el reconocimiento formal de refugiado, obligando a muchos a subsistir con permisos humanitarios limitados.
La represión como política de Estado
Los hallazgos del informe demuestran que en lugar de normalización, Venezuela mantiene una política de Estado de represión sistemática y coordinación entre instituciones civiles y militares.
La simulación electoral, la captura del Estado por economías ilícitas como el narcotráfico, el cierre del espacio cívico y el uso sistemático de detenciones y desapariciones forzadas, son patrones que persisten. Estos hechos documentados cumplen los criterios establecidos por el derecho internacional para ser considerados crímenes de lesa humanidad, urgiendo a la comunidad internacional a mantener la presión y el acompañamiento.
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