El informe 2025 del World Justice Project (WJP) confirma nuevamente una tendencia que se ha mantenido sin variaciones durante 10 años: Venezuela continúa ocupando el último lugar mundial en el Índice de Estado de Derecho. La nueva medición no solo ratifica este puesto, sino que revela un deterioro persistente en casi todas las dimensiones evaluadas, lo que demuestra que la crisis institucional del país no responde a coyunturas específicas, sino a un patrón estructural y sostenido.
Desde 2015, cuando Venezuela obtuvo una puntuación de 0,31 sobre 1, la trayectoria ha sido descendente hasta llegar a 0,26 en 2022, cifra que se ha mantenido inalterada hasta 2025. Este valor, el más bajo entre los 143 países evaluados, distancia significativamente al país del promedio global para 2025 (0,55) y del promedio latinoamericano y caribeño (0,51).
El índice funciona bajo un principio claro: cuanto más cercana la puntuación a 1, mayor es la adhesión al Estado de derecho; cuanto más cercana a 0, mayor es la debilidad institucional. Bajo este criterio, Venezuela se encuentra en el punto más crítico de la escala.
Justicia penal: el área más grave del deterioro
El indicador de justicia penal es, con diferencia, el más preocupante. Su puntuación bajó de 0,19 en 2015 a 0,11 en 2025, consolidando al país en el último puesto mundial. Esta dimensión evalúa la capacidad del Estado para detener y juzgar a quienes delinquen, la disponibilidad de recursos para fiscales y cuerpos de seguridad, el estado del sistema penitenciario, la independencia judicial, la existencia de corrupción y el respeto al debido proceso. Cada uno de estos componentes muestra fallas profundas. Al compararlo con los promedios regional (0,40) y global (0,47) del presente año, queda en evidencia que Venezuela se encuentra cuatro veces por debajo del resto del mundo en este aspecto fundamental.
Aunque la justicia civil presenta mejores resultados que la penal, su evolución también ha sido negativa. Pasó de 0,34 en 2015 a 0,26 en 2025, lo que implica una caída sistemática. Entre los aspectos evaluados se encuentran la duración de los procesos judiciales, la independencia de los jueces, la accesibilidad de los mecanismos formales y alternativos de resolución de conflictos, así como la imparcialidad del sistema. Cuando se compara esta puntuación con el promedio global de 0,54 y con el regional de 0,49, la brecha se duplica, lo que evidencia una degradación constante a lo largo de la década.
Lo mejor evaluado: orden y seguridad
El único indicador que muestra una ligera mejora es el de orden y seguridad, que pasó de 0,52 en 2015 a 0,53 en 2025. Aun así, este avance es marginal y no alcanza para cerrar la distancia con los promedios global (0,72) y regional (0,66). Este factor mide el control de la criminalidad, los conflictos civiles y la propensión de los ciudadanos a recurrir a la violencia para resolver conflictos personales.
Límites al poder gubernamental: inmovilidad crítica
Este indicador muestra uno de los comportamientos más estables, aunque en sentido negativo. En 2015 Venezuela registró 0,19 y en 2025 la cifra es apenas menor: 0,18. Esta dimensión analiza la capacidad de los poderes Legislativo y Judicial para ejercer contrapesos efectivos sobre el Ejecutivo, así como la existencia de sanciones a funcionarios, la realización de auditorías independientes y la libertad de los medios para fiscalizar al poder público. A pesar de la aparente estabilidad, la distancia frente al promedio global (0,54) y regional (0,52) demuestra un rezago sustantivo que no ha sido corregido en 10 años.
Lo anterior afecta, entre otros aspectos, al respeto de los derechos fundamentales, que también muestra un deterioro significativo. En 2015 la puntuación era de 0,39 y en 2025 descendió a 0,28. Este indicador evalúa el respeto a derechos tan esenciales como la vida, la igualdad, la libertad de culto, el debido proceso, la libertad de asociación y los derechos laborales. Aunque Venezuela no ocupa el último lugar en esta categoría, su posición (137 de 143) refleja una situación crítica. El promedio global (0,56) y regional (0,57) duplican casi por completo la valoración venezolana.
Gobierno abierto: el retroceso de la transparencia y el avance de la corrupción
El indicador de gobierno abierto también ubica a Venezuela en el último lugar mundial. Entre 2015 y 2025 el país pasó de 0,33 a 0,27, lo que evidencia un debilitamiento adicional en la transparencia y en los mecanismos para que la ciudadanía pueda acceder a información pública o exigir rendición de cuentas. Este factor evalúa la disponibilidad de leyes básicas, la difusión de información gubernamental y la participación ciudadana en la formulación de políticas públicas. Al compararlo con los promedios global (0,52) y regional (0,51), la caída venezolana resulta aún más pronunciada.
Los datos del WJP reflejan que la percepción de corrupción en el país está profundamente arraigada. La puntuación de 0,28 obtenida en 2015 se redujo ligeramente a 0,26 en 2025, lo que indica que no ha habido una mejora apreciable. Este indicador abarca la corrupción en los distintos poderes públicos y en los cuerpos de seguridad. La comparación con los promedios global y regional, ambos ubicados en 0,51 y 0,47 respectivamente, subraya la magnitud de la brecha y la persistente desconfianza hacia las instituciones encargadas de administrar los recursos públicos.
Cumplimiento regulatorio: retroceso y rezago
El indicador de cumplimiento regulatorio descendió de 0,26 en 2015 a 0,20 en 2025, a pesar de una ligera mejora respecto al período 2022–2024, cuando se ubicó en 0,19. Esta dimensión analiza la manera en que se aplican las regulaciones, la existencia o no de demoras administrativas, el respeto del debido proceso en procedimientos administrativos y judiciales, así como la legalidad y compensación en casos de expropiación. El promedio global (0,54) y regional (0,49) vuelven a situar a Venezuela en una posición notablemente rezagada.
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
La permanencia de Venezuela en el último lugar del mundo en el Índice de Estado de derecho de WJP durante casi una década demuestra que no se trata de una crisis circunstancial, sino de una degradación estructural del Estado de derecho.
La instrumentalización del sistema de justicia ha generado un entorno donde la ley se utiliza como herramienta de poder y no como garantía de derechos, lo que obstaculiza la lucha contra la corrupción, debilita la protección de los derechos humanos y elimina los contrapesos fundamentales para el funcionamiento democrático. Sin avances concretos y medibles en independencia judicial, resulta imposible revertir las tendencias de deterioro observadas por el WJP.
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