Un viraje de estrategia universal pondrá fin a las operaciones de Telefónica, a través de Movistar, en Venezuela. El proceso comenzó con algunas dudas a comienzos de este año, cuando la multinacional española anunció que vendería su participación en Argentina, por ejemplo, pero en simultáneo informaba que invertiría 500 millones de dólares en su filial venezolana. La venta, por lo tanto, había sido descartada inicialmente por José Luis Rodríguez Zarco, el presidente de Movistar Venezuela. Sin embargo, pocos días después de esas declaraciones, fue Marc Murtra, CEO de Telefónica, quien hizo oficial el anuncio del futuro cese operativo.
En primera instancia, según anunció, la medida forma parte del nuevo plan estratégico de la empresa para el período 2026-2030. Eso como consecuencia de la disminución de ingresos y pérdidas económicas en la unidad de Hispanoamérica, que incluía a Uruguay, Argentina, Colombia, México, Chile, Perú, Ecuador y Venezuela.
En el caso específico de Venezuela, las complicaciones impuestas por el régimen de Nicolás Maduro para repatriar capitales y dividendos, la pérdida total del valor de la moneda local (el bolívar) y el cúmulo de dificultades económicas que enfrenta el país (desde alta inflación hasta la pérdida del poder adquisitivo del ciudadano) son, de acuerdo con el periódico El País, los factores que dificultarán a Telefónica encontrar un comprador para su filial venezolana. A todo ello, además, podrían incluirse las sanciones internacionales que pesan sobre Venezuela, que establece límites y, por consiguiente, riesgos para tener actividades comerciales en el país.
Sin embargo, desde su llegada a Venezuela hace 20 años y, en especial, desde que Nicolás Maduro tomó el poder en 2013, Movistar ha operado en medio de un ecosistema político que elevó las intervenciones estatales sobre las comunicaciones privadas de los venezolanos a niveles inéditos incluso en toda la región. Así lo revelaron los informes de transparencia publicados cada año por Telefónica, empresa matriz de Movistar.
Estas intervenciones, según denunciaron en su momento defensores de los derechos humanos, y que ahora pudo verificar El Nacional con fuentes de la compañía, ha permitido a funcionarios de los servicios de inteligencia y seguridad del régimen de Maduro acceder a las conversaciones privadas de los usuarios de Movistar a través de mensajes de texto y llamadas, y hasta conocer la ubicación en tiempo real de los teléfonos cuyas líneas han sido afectadas.
Sólo en el año 2021, Movistar recibió al menos 861.004 solicitudes gubernamentales. Eso produjo que 1.584.547 líneas telefónicas en el país resultaran afectadas, o lo que es el equivalente a 20% del total de usuarios venezolanos. Si se hace una comparación con todas las demás filiales de Telefónica en el mundo, los números correspondientes a Venezuela resultan, por lo mínimo, escandalosos.
No obstante, las solicitudes del régimen también implicaron el bloqueo digital de decenas de medios de comunicación, entre ellos El Nacional, afectando el derecho a la información y libre expresión.
Esto, como era de esperarse, generó una ola de rechazo e indignación que se extendió no sólo por las redes sociales en Venezuela, sino también hasta una de las sedes de la multinacional en Madrid, la capital de España, donde un grupo de venezolanos protestó en rechazo a lo que consideraron una “complicidad” con el régimen de Maduro.
Pero, en lugar de buscar mejorías tras el escándalo suscitado por las cifras de espionaje de 2021, Telefónica dejó de publicar los datos correspondientes a sus actividades en Venezuela, a pesar de que sí lo hicieron con los demás países en sus informes de 2022, 2023 y 2024.
Fuentes aseguraron que las intercepciones gubernamentales se realizaban por medio de solicitudes legales tramitadas por jueces. Si bien es probable que así haya sido en algunos casos, lo cierto es que luce dudoso que se hayan podido tramitar al menos 800.000 solicitudes de esa única manera en un año.
¿En dónde queda el respeto a los derechos humanos?
La vigilancia masiva de comunicaciones no es un fenómeno aislado en el contexto venezolano. Organizaciones internacionales de derechos humanos como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, y la Misión de Determinación de los hechos para Venezuela han documentado sistemáticamente restricciones a libertades fundamentales en el país.
Telefónica suele enorgullecerse por su compromiso con la transparencia empresarial, al menos según los parámetros que destacan en su página web. Sin embargo, dadas las acciones antes descritas en Venezuela, no parecieran ser consecuentes con lo que pregonan.
La ausencia de datos venezolanos en informes posteriores a 2021 plantea interrogantes sobre si las intervenciones continúan, si han aumentado o disminuido, y bajo qué marco legal operan actualmente. Sin información pública, la sociedad civil, los periodistas y los organismos internacionales carecen de herramientas para dimensionar el alcance actual de la vigilancia.
Es importante encontrar respuestas a las siguientes preguntas: ¿recibió Movistar Venezuela presiones para no divulgar información que evidenciara la vigilancia masiva?, ¿continúa la empresa empleando y permitiendo esas prácticas?
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