El Centro de Estudios y Análisis sobre América Latina (Casla) denunció este viernes una operación de «engorde de rehenes políticos» por parte de las autoridades venezolanas, debido a su «flaqueza extrema«, y cuestionó que sean 400 los excarcelados los últimos días como asegura el Gobierno.
«Nos están dando gato por liebre«, aseguró la directora de Casla, Tamara Sujú, en la presentación del manifiesto de una treintena de asociaciones y ONG venezolanas y españolas en defensa de las víctimas de los «crímenes» del chavismo y a favor de que sean juzgados y castigados los responsables.
Según la venezolana Sujú, ninguna ONG sabe con exactitud cuántos presos hay por «falta» de transparencia de la «tiranía», y entre los liberados pueden encontrarse «presos comunes» o «militares del régimen».
Además, no salen totalmente libres, sino con medidas cautelares como no abandonar el país, prohibición de hablar u obligación de presentarse a las autoridades periódicamente, dijo.
«Lo que sucede con los presos tiene que ser un escándalo mundial», con 18.000 personas en procesos judiciales abiertos, aseguró.
Sin la operación militar de EE.UU. en Venezuela, aseguró, no se estaría en un camino a la transición política: «Se nos abre la puerta finalmente, se mueve el tablero». Y se preguntó dónde están la Unión Europea y América Latina, aparte de firmar declaraciones institucionales.
El papel de España, «manifiestamente insuficiente»
El español Esteban Ibarra, presidente de Movimiento contra la Intolerancia, incidió en el sufrimiento de las víctimas del odio en Venezuela (represión, tortura, exilio…) y de la xenofobia más cruel en los países de la diáspora.
«Son centenares de asesinados y la transición venezolana no puede ponerse de perfil», instó, sino que los responsables han de ser puestos a disposición de la Justicia.
Sobre el papel del Gobierno español en esta situación, Ibarra opinó que es «manifiestamente insuficiente», si bien reconoció que se requiere «paciencia y perseverancia para cambiar de régimen después de 26 años».
Consideró que España no está movilizando a la UE para presionar a favor del cambio ni denuncia en la Fiscalía los ataques xenófobos contra los venezolanos.
«España tiene que cambiar radicalmente de rumbo si queremos tener credibilidad en la lucha contra la intolerancia», sintetizó.
También dijo que el 3 de enero se abrió «un proceso de esperanza» para las víctimas con la intervención norteamericana, al margen de los debates sobre el Derecho internacional.
Tomás Páez, del Observatorio de la Diáspora Venezolana, denunció que la economía del país ha retrocedido un 80 %, y por tanto las condiciones sociolaborales se han deteriorado alarmantemente, lo que definió como «debacle».
Osman Delgado, padre de la presa hispanovenezolana María Auxiliadora Delgado, relató que ella y su marido fueron detenidos en 2019 y llevados a cárceles donde sufren «muchas limitaciones» de alimentación e higiene, sometidos a «castigo permanente y tortura emocional». No les llegan toda la comida ni todos los medicamentos que les mandan los familiares, explicó.
Varios intervinientes, al igual que el manifiesto citado, apoyan a los opositores Edmundo González y María Corina Machado, no por razones ideológicas, subrayaron, sino porque consideran que ganaron, respectivamente, los comicios presidenciales de 2024 y las elecciones primarias del bloque antichavista.
«Mi miedo no es a la derecha ni a la izquierda, sino a la dictadura y la tiranía», remató Ibarra. EFE
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.