Tras la operación militar que culminó con la captura de Nicolás Maduro, la cúpula del oficialismo, encabezada ahora por Delcy Rodríguez, ha puesto en marcha una estrategia de reingeniería narrativa diseñada para invisibilizar la presión de Washington sobre las decisiones políticas y económicas recientes. El objetivo central de este giro discursivo es presentar las concesiones inevitables como decisiones soberanas o actos de lealtad, restando mérito a la influencia directa de la administración Trump en el nuevo escenario nacional.
El cambio más evidente se ha manifestado en la retórica de Diosdado Cabello respecto a la industria energética. Quien hasta hace poco amenazaba con detener cualquier suministro de crudo a Estados Unidos ante una agresión, la semana pasada declaró con pragmatismo que están dispuestos a vender petróleo si el norte así lo requiere.
Esta postura busca normalizar la relación comercial vital para la supervivencia administrativa del régimen chavista, ocultando que la apertura obedece a la necesidad de evitar nuevas incautaciones de activos y garantizar flujo de caja, más que a una posición de fuerza o voluntad propia.
En el plano diplomático, el restablecimiento de relaciones y la reapertura de embajadas también han sido reempaquetados para el consumo interno. Tanto Rodríguez como Cabello han justificado este acercamiento no como una capitulación ante las exigencias de EEUU, sino como una maniobra estratégica indispensable para garantizar la defensa legal de Nicolás Maduro y Cilia Flores.
Al vincular la normalización diplomática con la protección del líder detenido, el oficialismo logra vender una medida históricamente rechazada por sus bases radicales como un acto de fidelidad política.
Finalmente, la narrativa oficial ha intentado reescribir el origen de las recientes excarcelaciones masivas. Rodríguez aseguró hoy que las más de 400 «liberaciones» son la continuación de un proceso de pacificación iniciado por Maduro en diciembre de 2025, obviando deliberadamente que la aceleración de estas medidas responde a una de las demandas centrales de la Casa Blanca tras la intervención militar.
Al atribuir la autoría de estas decisiones al mandato anterior, la administración de transición busca preservar la autoridad moral del chavismo y negar que su agenda está siendo dictada desde el exterior.
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