La Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional indagan en los trabajos de consultoría prestados por el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a Julio Martínez Martínez, asesor de la aerolínea con capital venezolano Plus Ultra, rescatada por el Gobierno de Pedro Sánchez en 2021 con 53 millones de euros.
Por Carmen Lucas-Torres / Javier Lillo / abc.es
Los investigadores quieren comprobar cuánto dinero pagó Julio Martínez a Zapatero a través de una sociedad suya, si se trata de servicios de consultoría global que no tienen nada que ver con la ayuda pública a Plus Ultra, como sostiene el expresidente del Gobierno, y si las ganancias por sus servicios fueron declaradas a Hacienda correctamente.
Martínez fue detenido el 11 de diciembre en el marco del caso Plus Ultra, que se investiga en secreto en el Juzgado 15 de Madrid -con escasas diligencias ordenadas por la juez Esperanza Collazos- a raíz de una querella de Anticorrupción por un presunto delito de blanqueo de fondos públicos y oro venezolano en otros países.
A partir de ahora, en la causa también se abordará cuánto abonó Martínez a Zapatero y con qué trabajos se corresponden sus facturas, giradas por labores de consultoría global a la sociedad Análisis Relevante. Los investigadores quieren comprobar si los trabajos prestados por Zapatero están justificados y se corresponden con labores de asesoría general.
El expolítico socialista reconoció haber facturado al empresario alicantino, amigo suyo y que estuvo contratado como asesor de Plus Ultra entre 2020 y 2026, a raíz de una publicación del diario ‘El Mundo’. El expresidente negó que sus servicios, prestados entre 2020 y 2023, tuvieran nada que ver con el rescate de la aerolínea. En declaraciones recientes realizadas al mismo diario, Zapatero seguró haber declarado a Hacienda los trabajos de consultoría global que prestó a Martínez. Pero ese es un extremo que también comprobarán los investigadores.
En diciembre, la Policía registró la sede de la compañía Plus Ultra y detuvo tanto a su presidente, Julio Martínez Sola como a su consejero delegado, Roberto Roselli, en una operación ordenada a raíz de la querella de la Fiscalía Anticorrupción, que considera que hubo un «uso indebido» de los fondos transferidos a la compañía por medio de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), puesto que habrían servido para pagar préstamos a otras sociedades venezolanas no ligados a la operación para salvar a la compañía. Una presunta operativa de blanqueo de capitales en la que habrían intervenido personas de distintas nacionalidades asentadas en Francia, Suiza y España.
El expresidente no es un cargo público y por lo tanto no se le puede achacar un papel prevaricador en gestiones en favor de la aerolínea con capital venezolano, pero Anticorrupción y la Policía Nacional revisarán la legalidad de los trabajos para descartar prácticas que pudieran encajar con comportamientos propios de corrupción entre particulares o tráfico de influencias.
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