La caída de Alex Saab vuelve a abrir un expediente judicial que en Washington nunca llegó a cerrarse del todo, pese a los esfuerzos de la Casa Blanca de Joe Biden por darlo por zanjado. Su supuesta detención en Caracas, adelantada por medios colombianos y por Reuters citando a un funcionario estadounidense, y negada o respondida con evasivas por las autoridades venezolanas, ha reactivado un caso que durante años simbolizó la ofensiva judicial de Estados Unidos contra el entramado financiero del chavismo y que terminó en un indulto que generó una honda incomodidad en la Fiscalía federal.
Por David Alandete | ABC.es
Saab, señalado durante años como presunto testaferro de Nicolás Maduro, fue una pieza codiciada por la Justicia estadounidense desde su detención en Cabo Verde y posterior extradición. El régimen venezolano exigió reiteradamente su liberación y la situó como condición en las negociaciones políticas con Washington. Finalmente la obtuvo. Pero el desenlace no alteró el curso autoritario en Caracas: la inhabilitación de opositores como María Corina Machado y unas elecciones cuestionadas marcaron el rumbo posterior. La liberación de Saab no trajo normalización democrática; trajo el regreso de un hombre que durante años había estado en el centro de uno de los expedientes más sensibles para Estados Unidos.
Mucho antes del indulto y del debate sobre su inmunidad diplomática, Washington ya había construido un retrato detallado. El 25 de julio de 2019, el mismo día en que fue acusado penalmente en el Distrito Sur de Florida, el Departamento del Tesoro lo situó en el corazón de lo que describió como una red de corrupción ligada al programa estatal de alimentos CLAP, creado en 2016 para distribuir cajas de comida subsidiada a la población más vulnerable.
Según las alegaciones del Tesoro, Saab sobornó a los hijastros de Maduro —Walter, Yosser y Yoswal, conocidos como ‘Los Chamos’— para asegurarse el acceso a contratos públicos sobrevalorados. Washington sostuvo que explotó contratos adjudicados sin licitación y que se lucró con programas de subsidio alimentario mientras el país atravesaba una escasez crónica. De ahí nació el apodo que lo persiguió durante años en el debate político venezolano: el «empresario del hambre».
Las autoridades estadounidenses describieron un esquema que, en su versión, combinaba sobreprecios, sobornos y una red internacional de empresas pantalla. Saab y su socio Álvaro Pulido habrían diseñado una estructura corporativa para adquirir alimentos en el extranjero, ensamblarlos en terceros países y enviarlos a Venezuela «al tipo más rentable para ellos». El Tesoro sostuvo que el resultado fueron «beneficios sustanciales» mientras se importaba solo una fracción de los alimentos necesarios.
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